De los 18 fallecidos que se han confirmado oficialmente, al menos cinco son extranjeros. Son dos personas de nacionalidad colombiana, un joven ecuatoriano, un peruano y un polaco. Las familias de estas víctimas se enfrentan ahora con la confusión que rodea la muerte de sus seres queridos y la desinformación de datos que circulan por las redes sociales. Estas familias tienen que gestionar esa trágica situación a miles de kilómetros de distancia y sortear las dificultades para conocer las circunstancias y responsables de la muerte sus parientes.

Una de las víctimas, Mariana Díaz Ricaurte, era colombiana, oriunda de Tuluá, en el Valle del Cauca. Tenía 34 años y vivía en Santiago, en Lo Prado, desde hacía tres años, donde llegó en busca de mejores oportunidades laborales. Trabajaba en panaderías, restaurantes y casas particulares. Tenía dos hijos, de 15 y 16 años de edad que había mandado de vuelta a Colombia hace cuatro meses porque sus planes a corto plazo pasaban por regresar a su país en noviembre próximo, por lo que había pasando los últimos meses ahorrando.

Su hermano Jhon Borja Ricaurte habló desde el Cauca con El Desconcierto y explicó que si bien, según varios medios de comunicación colombianos y nacionales, la víctima fue hallada sin vida en la vía pública, la información que les llegó a través de la expareja de la joven es que una "bala perdida" impactó en el rostro de su hermana y le causó la muerte. Ricaurte insiste que su hermana "nunca estuvo en una manifestación, en ningún momento". Según la familia, la mujer "se encontraba fuera de su departamento cuando una bala perdida le impactó en el rostro ocasionándole la muerte sin poder llegar a un centro asistencial".

El hermano denuncia que "ningún consulado ni embajada nos ha dicho nada, no nos han informado, ni se ha contactado con nosotros. Tampoco nos han llamado de Cancillería para avisarnos lo que pasó o qué sucedió". Además critica que nadie les haya hablado de otras varias heridas que sufrió la joven. Desde Colombia, la familia quiere poner en evidencia la falta de información oficial y como se han sentido ignorados por las autoridades, que en ningún momento han contactado con los afectados.

Ahora su prioridad es "agilizar los trámites" y conseguir el dinero para repatriar el cuerpo de Mariana, que hasta ahora permanece en la morgue del Servicio Médico Legal (SML) de Santiago. Su objetivo, que llegue cuanto antes a Tuluá, donde reside su familia.