Es sabido que la jornada laboral en nuestro país es muy extensa. Esto repercute sobre dimensiones de nuestra calidad de vida diaria: salud mental, dificultad para conciliar trabajo, tiempo personal y familiar, el estrés, etc. Por ello, el Proyecto de Ley de 40 horas semanales, presentado por la diputada Camila Vallejo y tramitado en comisión durante esta semana, adquiere sentido, relevancia y urgencia.

Chile es el quinto país en que más horas se trabaja en la OCDE. No obstante lo anterior, la retórica de Chile Vamos y el oficialismo apunta no a reducir directamente la jornada, sino que a volverla más flexible, a criterio del empleador.

Esta misma línea discursiva ha descalificado al proyecto de las 40 horas por “afectar al empleo” -en cifras discordantes expuestas por el Presidente y el Ministro del Trabajo- o por su “inconstitucionalidad”. Ambos argumentos -el económico y el jurídico- han sido desmentidos por falaces o imprecisos. En el primer caso, los economistas Ramón López y Javiera Petersen concluyen, luego de un análisis macroeconómico, que una disminución en las horas trabajadas semanales implicaría un efecto positivo sobre salarios y productividad.

Por otra parte, respecto al argumento jurídico, el abogado, doctor en Derecho y profesor de Derecho Constitucional, Jaime Gajardo, señala que es errónea la acusación de inconstitucionalidad contra el proyecto de ley, debido a que aquello que la Constitución señala en su artículo 65 n°4, es que “fijar las remuneraciones mínimas de los trabajadores del sector privado, aumentar obligatoriamente sus remuneraciones y demás beneficios económicos o alterar las bases que sirvan para determinarlos, es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República”. En el caso del mencionado proyecto, este no busca fijar o alterar remuneraciones, sino que sólo reducir la duración de la jornada.

Si consideramos las diversas patologías que genera el exceso de trabajo en nuestra sociedad (ansiedad, estrés, insomnio), comprenderemos que la eventual implementación de una iniciativa como esta, puede redundar en un beneficio general para todos. Defender la calidad de vida y la salud mental debiesen ser anhelos más resonantes que cualquier justificación que no considere razonable y efectivamente el bienestar de los trabajadores.