La reciente encuesta de opinión MORI acerca de la vida laboral, arrojó entre otros resultados, que un 64% ocuparía un hipotético día extra libre a la semana para descansar o dormir. Actualmente está en la agenda pública, la discusión por la propuesta de la diputada Camila Vallejos de reducir la jornada laboral a 40 horas. Entre otras razones, para permitir un mejor descanso y enfrentar la deteriorada situación de la salud mental a nivel país, que entre otros indicadores, sitúan las licencias médicas por estas causas, como una de las primeras. Entre el 2013 y 2018, estas aumentaron en más de un 50%: depresión, estrés, ansiedad y desgaste laboral entre los cuadros principales.

Por su parte, el gobierno impulsa una reducción de la jornada a 41 horas, pero con flexibilidad laboral, “para mejorar la calidad de vida y adecuar los tiempos de trabajo a su necesidades”. Sin embargo la flexibilidad laboral, en el contexto nacional, por sus características y su marco jurídico, no solo no tendría ningún impacto positivo en la “calidad de vida”, en relación a la salud mental, sino que por el contrario, puede agravar más la situación de los trabajadores en este aspecto.

Es importante el análisis de las propuesta en un sentido dinámico. Es decir, la dirección hacia la cual avanzan y los posibles efectos de su implementación. No es difícil querer algo, sino también reconocer sus consecuencias.

La propuesta de mayor flexibilidad laboral, más allá de las voluntades, es un progreso hacia la fragmentación del trabajo. Contar de porciones de tiempo con disponibilidad para ser combinados en un proceso productivo global, despersonalizado y desterritorializado. Es lo que podemos denominar la uberización del trabajo. Mucho de esto ya ocurre en estos días. Usted ve a un trabajador que  reparte su trabajo: en el día vendiendo seguros y en la noche, manejando Uber. Modelo que implica que la empresa ya no cubre la disponibilidad del trabajador, para asegurar condiciones mínimas de existencia, sino solo prestaciones puntuales y temporales. Dicho de otra manera, fragmentos de tiempo que se pueden vender, por parte de los trabajadores y comprar, por parte de las empresas; sin compromiso por la protección social del trabajador. Esto finalmente redunda en una ocupación permanente del tiempo, ya que las tecnologías permiten acoplar lo anterior. Más que trabajadores lo que existen son bolsas de tiempos para ser ensambladas, en un sinfín de combinaciones posibles.

Estamos en un contexto productivo donde si antes se abocaba en el uso (y abuso) de la energía física, ahora los esfuerzos se dirigen al uso (y abuso) de la energía nerviosa y emocional. Tareas que absorben mayores tiempos de atención, sin espacio ni dedicación para los encuentros afectivos, producto de la creciente virtualización de nuestras relaciones. Por eso no es plausible pensar que mayor flexibilidad, pueda contribuir a “mejorar la calidad de vida”, sino más bien producir el efecto contrario, al menos en un contexto como el nuestro. Y en términos de salud mental, puede resultar más devastador. Esto es lo que produce la angustia, el estrés, el agotamiento y la sobreadaptación. Un tiempo extenuado, nervioso, totalitario en términos productivos y de aceleración constante, versus un cuerpo sensible con tiempos y metabolismos propios. Porque si bien es cierto la tecnología ha emancipado de funciones repetitivas y automáticas, este tiempo liberado es leído muchas veces como tiempo ocioso.

Por lo tanto, la flexibilidad laboral en contextos jurídicos como el nuestro, solo irá en la dirección de que la distinción entre tiempo de trabajo y tiempo de descanso sea  progresivamente borrada, en pos de la sobrecarga de trabajo y la movilización ininterrumpida de las energías mentales y psíquicas. El restablecer y fortalecer esta frontera, como la reducción de UNA jornada que asegure condiciones mínimas de existencia, podrá ir en la dirección correcta de en el intento de conciliar el tiempo para ganarse la vida, con el tiempo para ganar vida.