Pilar Arellano Gómez, quien fuera relatora del Tribunal Constitucional antes de ser desvinculada de la institución, presentó una demanda por vulneración de derechos fundamentales del trabajo contra el organismo, por una suma que bordea 327 millones de pesos. 

Así lo informa el Diario Financiero, que señala que los abogados de Arellano acusan a tres ministros del Tribunal - Gonzalo García, Cristián Letelier y María Luisa Brahm - por malos tratos, actos arbitrarios y sobrecarga laboral en contra de su representada. Cabe señalar que Brahm es la presidenta electa que ocupará el cargo a fines de agosto, puesto en el que reemplazará a Iván Aróstica.

Según los antecedentes proporcionados por los legistas, Arellano comenzó en enero de 2018 a tomar licencias médicas por diferentes patologías asociadas a la sobrecarga laboral, período que abarcó aproximadamente 10 meses en los que presentó estos certificados. Tendinitis, Síndrome de Burnout, problemas de concentración y memoria, entre otras, habrían sido las enfermedades que desarrolló la exrelatora por el estrés al que estaba sometida.

"El TC ha estado sobrecargando laboralmente a sus funcionarios, hasta el punto en que estos adquieren enfermedades relacionadas con el trabajo, las que les impiden mantener los niveles de productividad que tenían antes de adquirir estos padecimientos, oportunidad en la que el Tribunal Constitucional procede a desvincularlos, en lugar de atacar el problema de fondo", reza el documento de la demanda.

"Durante el período en el que Pilar Arellano prestó servicios para el Tribunal Constitucional de Chile, se vio obligada en múltiples ocasiones a servir de intermediaria entre las pugnas que mantenía la ministra Brahm con el resto de los ministros y funcionarios de esta institución", dice el informe, que establece que estos abusos laborales comenzaron a producirse en noviembre de 2018, luego de que la relatora retornara de sus licencias.

Producto de estas hostilidades, Arellano habría presentado una recaída en su estado de salud en enero de 2019. Ese mismo mes la demandante habría concurrido a presentar sus nuevas licencias, momento en el que el Pleno del Tribunal habría declarado vacante su cargo. Posteriormente, la institución se habría negado a recibir las licencias de Arellano, por lo que estas nunca fueron tramitadas.

Daño moral, sanción de tutela, indemnización por lucro cesante e indemnización por años de servicio, son los cargos por los cuales el TC arriesga pagar la millonaria suma que piden los abogados de Arellano.

El juez laboral remitió esta demanda a la Corte de Apelaciones, por tratarse de tres ministros del TC, decisión que fue apelada por los demandantes. Es por esto que ahora la justicia deberá decidir qué organismo debe reconocer la demanda.