Este miércoles fue aprobado en general el proyecto de ley de “Integración Social y Urbana”. En dicha instancia, diputados de la centro izquierda solicitaron que los diputados que tuvieran intereses inmobiliarios se inhabilitaran de la votación, pero de los 22 diputados con posibles intereses, solo uno, Pablo Lorenzini (DC), se abstuvo. 

En específico, once de los diputados que tienen participación en sociedades inmobiliarias votaron a favor del proyecto, y no se inhabilitaron como fue solicitado. Ellos son: Catalina del Real, Diego Paulsen, Eduardo Durán, Luis Pardo, y René Manuel García (RN); Cristhian Moreira, Issa Kort, Javier Macaya y Patricio Melero (UDI); Pablo Kast, Sebastián Keitel (Evópoli) y Matías Walker (DC), el único de oposición.

El resto, fueron los diez diputados de oposición que también tienen intereses en el sector pero que votaron en contra de la iniciativa.

Según lo propuesto por el gobierno el proyecto pretende aumentar la integración social y la equidad territorial, “al fomentar la construcción de viviendas sociales en zonas con cierto desarrollo urbano”, evitando así que estos proyectos vayan a la periferia.

Sin embargo, desde las organizaciones civiles y desde la oposición han planteado diversas dudas y reticencias al proyecto, principalmente porque entregaría atribuciones al ministerio de Vivienda y a las inmobiliarias para pasar por encima de los planos reguladores de las direcciones de obras municipales y construir por encima de las alturas máximas. 

Así lo han afirmado desde el Centro Producción del Espacio (CPE) quienes en su sitio web dieron a conocer una “radiografía de los intereses inmobiliarios en la Cámara de Diputados”, con datos de las las declaraciones de patrimonio de los parlamentarios, extraídas del sitio InfoProbidad del Consejo para la Transparencia.

Las declaración de intereses de los parlamentarios

En dichos documentos, se establece que por ejemplo, de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, compuesta por 12 parlamentarios, un 25% de sus integrantes son parte de una sociedad de inversión inmobiliaria, mientras el 58% de la misma comisión tiene más de 3 viviendas de forma plena (es decir, en total propiedad del diputado/a). De hecho, el 33% de esta comisión tiene 5 o más propiedades.

Como ya es sabido, existen 22 diputados que declaran ser socios o propietarios de sociedades inmobiliarias, representando un 15.5% de la Cámara, mientras que el 40.1% tiene 3 o más propiedades y un 21.1% tiene más de 5. 

“En un contexto donde la discusión a las modificaciones a la ley podrían beneficiar directamente a quienes tienen intereses sobre el rubro inmobiliario o bien de quienes utilizan la vivienda como un activo financiero de renta fija a largo plazo, conocer estos datos permitirá transparentar posiciones y al menos saber si esta información guarda relación con los argumentos y votaciones de los representantes en el parlamento en un proyecto”, afirmaron los arquitectos de Centro Producción del Espacio respecto de estas cifras. 

“Esperamos, cumpla su objetivo de generar integración social. Nuestra duda es si es que en su forma actual lo logrará”, agregaron.