Tras dos meses de tregua, la educación volvió a tomarse las calles de Brasil y a mostrar todo su descontento con las políticas de grandes recortes presupuestarios del gobierno de Jair Bolsonaro en el sector.

Al igual que pasó en abril y en mayo, los sindicatos de docentes y trabajadores de la educación, en conjunto con diferentes organizaciones del movimiento estudiantil, realizaron este martes (13/8) una jornada de protestas que registró actos en más de doscientas ciudades del país, con un total de más de un millón de participantes si se suman todas las manifestaciones.

En las redes sociales, las publicaciones sobre el evento acompañaban el hashtag #Tsunami13Agosto (en referencia a la consigna “hagamos un tsunami por la educación”), que fue una de las principales tendencias mundiales en Twitter.

Según los organizadores, los actos registraron una multitud cercana a las 50 mil personas en ciudades como Salvador, Recife, Porto Alegre y Fortaleza, y superior a las 100 mil en São Paulo, Río de Janeiro y en la capital Brasilia.

La jornada de este mes estuvo enfocada en las críticas al proyecto “Future-se”, que consiste en promover la financiación de las universidades públicas con patrocinio de empresas privadas.

Según el ministro de Educación brasileño, Abraham Weintraub su propuesta significa la “liberación de las universidades federales del control del Estado”, aunque después negó que se tratara de un proceso de privatización de las mismas, sino que de “cambiar la forma de financiación y permitir que sean menos influenciadas en sus quehaceres por los gobiernos de turno”.

Lanzado oficialmente en julio, el proyecto “Future-se” ha coleccionado críticas de la mayoría de los rectores de universidades públicas brasileñas. Una carta firmada por los tres rectores de las universidades del Estado de Río de Janeiro (Denise Pires de Carvalho, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Antônio Cláudio Lucas da Nóbrega, de la Universidad Federal Fluminense, y Ricardo Luiz Louro Berbara, de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro), afirmó que el nuevo programa “demuestra la evidente ausencia de una política educacional” por parte del gobierno, y además acusa al texto del proyecto de contener un “lenguaje del mercado financiero, que apunta a la creación de fondos de inversión, uso de inmuebles públicos y derechos de nombramiento de autoridades universitarias, entre otros detalles que ofrecen un riesgo a la autonomía de las instituciones”.

Otro factor novedoso de la jornada fue la presencia de militares de la Fuerza Nacional de Seguridad en los actos realizados en las grandes capitales, como São Paulo, Río de Janeiro, Salvador y Brasilia, entre otras.

Autorizados por el ministro de Justicia, Sérgio Moro, a partir de un decreto publicado días atrás, los militares actuaron en conjunto con los equipos policiales – que fueron las únicas fuerzas de seguridad presentes en las jornadas anteriores.

La UNE (Unión Nacional de los Estudiantes de Brasil) trató de cuestionar judicialmente la medida de Moro, pero fue negado por el Superior Tribunal de Justicia de Brasilia (instancia inferior a la Suprema Corte, que no se pronunció sobre el tema).