En relación a la noticia titulada, “Órdenes para hospitalizar pacientes sin su consentimiento casi se triplicaron en los últimos cuatro años en la capital”, publicada el 8 de julio del 2019 por el diario El Mercurio, nos hemos organizado para manifestar nuestra preocupación sobre su contenido y declaraciones.

En primer lugar, la noticia da cuenta de la hegemonía de las lógicas biomédicas en salud mental, que explica que el aumento de 365 internaciones involuntarias en 2015, a 1.079 en 2018, se debe “al aumento de enfermedades mentales”. Esta lamentable atribución pone el foco en la enfermedad, individualiza una realidad colectiva y niega las condiciones sociales, culturales, económicas y políticas que producen y sostienen el sufrimiento psíquico. Por lo demás, falla en hacerse cargo de la falta de alternativas de apoyo, contención y acompañamiento fuera del marco de lo psiquiátrico y sanitario.

Subyace además la creencia de que las personas que han sido etiquetadas con diagnósticos psiquiátricos no pudieran identificar sus propias experiencias, advertir cuando están en dificultad, tener sus propias herramientas, ni solicitar los apoyos que estimen que requieren, negando sus saberes por experiencia. Por lo demás, es prioritario aclarar que estos apoyos trascienden ampliamente la respuesta farmacológica y de internación que la noticia enaltece, la cual -con el agravante de la inexistencia de un consentimiento para esta- constituye restricción al ejercicio del derecho a la libertad y capacidad jurídica.

Adicionalmente, nos preocupan las declaraciones de la SEREMI de Salud Región Metropolitana quien asocia depresión a descontrol, a pérdida de autovalencia, a peligrosidad. Y que -más aún- utiliza estas creencias como justificación de la pérdida del derecho a la libertad, a tener apoyos y a la toma de decisiones. Esta declaración se suma a experiencias concretas y habituales que vivimos en los servicios de atención en salud, que tienden a anular al sujetx en lo que a autodeterminación respecta, por lo que instamos a las autoridades a actuar de manera responsable, ética y armónica con los compromisos nacionales e internacionales contraídos en materia sanitaria y de DD.HH. por el Estado chileno. 

Al respecto, preocupa la discordancia entre el discurso y la política pública imperante, que establece el modelo comunitario para el abordaje de la salud mental en el país. Sobre este, en el 2016 la OMS indica que “existe un número no despreciable de profesionales que se oponen total o parcialmente al modelo”.  Creemos que -si bien el modelo comunitario no da cuenta de una mirada compleja y crítica sobre la salud mental y el sufrimiento psíquico- debiera, consecuentemente, ser el modo de abordaje prioritario, privilegiando acciones ambulatorias y territoriales que no se condicen con la realidad que muestra la noticia.

Como mujeres, profesionales de las ciencias sociales y activistas, nos preocupan particularmente las consecuencias que esta mirada medicalizada sobre la experiencia humana (y sus medidas restrictivas y atentatorias de los derechos humanos) tiene para las mujeres, como población especialmente afectada por la medicalización, patologización y etiquetamiento ante experiencias de vida y trauma en el contexto de una sociedad patriarcal.

El respeto por los derechos de las personas no es opcional. Respetar la autonomía y ofrecer apoyos para el ejercicio de estos derechos es un deber adquirido a través de la adscripción hace más de 10 años a convenciones internacionales de DD.HH. por parte del Estado chileno.

Existen otras formas de pensar la salud mental y abordar el sufrimiento psíquico, desde una perspectiva de interseccionalidad, que comprenda la complejidad de las situaciones y condiciones en que hemos sido producidxs como sujetxs y reconozca otros saberes además del experto por formación, que se ven muy difíciles de habilitar en el contexto manifestado por la noticia ante la cual reaccionamos.

Esperamos y trabajaremos -con una mirada desmedicalizada y colectiva- para que esta realidad se transforme.