Este 2019 el tema ambiental se ha tomado la agenda nacional. Con foco en el carbón, la energía, el transporte, la escasez hídrica y los hielos, el cambio climático (desorden climático, más bien) es uno de los protagonistas en estos meses, al ser Chile país anfitrión de la COP25 a realizarse en diciembre en Santiago.

En esta discusión Aysén debiera tener un lugar relevante como cobijo, junto a Magallanes, de los Campos de Hielo, la tercera reserva de agua dulce del planeta. Investigadores que la sienten centro de nuevo conocimiento e impulsores del crecimiento económico que la piensan despensa de materias primas renovarán su interés en este extenso territorio, este año con más ímpetu aún.

La preeminencia de lo socioambiental no es novedad para la zona austral. Han sido décadas de amplio debate regional.

Ahí están la propuesta de Aysén como reserva de vida, las luchas contra el basurero nuclear Gastre  a principios de los 90, la planta reductora de aluminio Alumysa  a principios de la década pasada, la salmonicultura, “Patagonia sin Represas” y hoy “sin más Mineras”.  También la constitución de la Red de Parques, con el recién estrenado extenso Parque Nacional Patagonia protagonista.

Pero no todo han sido batallas.  También ha existido planificación.

Cuenta con tres zonas de interés turístico basadas en la sustentabilidad, el cuidado de la naturaleza es eje transversal de la Estrategia de Desarrollo Regional y del Plan Regional de Ordenamiento Territorial, y la mitad de su territorio se encuentra bajo protección oficial con fines de preservación y conservación. Bonus track: en ella se ubica la recientemente actualizada Reserva de la Biósfera Laguna San Rafael y el Guayaneco.

Esta realidad se ha reflejado también en sus actores políticos. Ejemplo de ello es la Cámara Alta.

Dos de sus ex senadores han sido presidentes de la Comisión de Medio Ambiente: Patricio Walker Prieto (DC) y el fallecido ecosenador  Antonio Horvath Kiss (ind.). Y en la actual legislatura dos de sus cinco integrantes representan a la región: Ximena Órdenes Neira (ind.) y David Sandoval Plaza (UDI).

El caso de Sandoval es peculiar.

El ex alcalde de Chile Chico (1986-1989), Cochrane (1990-2000) y Coyhaique (2000-2008) ha estado vinculado al debate legislativo ambiental desde que ingresara al Congreso en 2010.

Como diputado (2010-2018) fue miembro permanente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja, participando en la discusión de leyes como las normas sobre recepción, acopio y embarque de minerales, la que regula la permanencia en Isla de Pascua, la que Declara el 8 de junio como Día Mundial de Océano, entre muchas otras.

Los glaciares de Aysén

Aunque nunca llegó a presidir dicha instancia, desde este espacio en la Cámara Baja David Sandoval prestó especial atención a una emblemática iniciativa: la Ley de Protección de los Glaciares.

En Aysén los hielos están desperdigados por todo el territorio: en los parques nacionales Queulat, Laguna San Rafael, Cerro Castillo y O’Higgins, y en sus múltiples reservas nacionales. También en terrenos fiscales, como el glaciar Calluqueo en el área del monte San Lorenzo. Incluso en la provincia Capitán Prat, donde Sandoval inició su carrera política electoral como alcalde de Cochrane (en Chile Chico fue designado), se constituyó la Zona de Interés Turístico Provincia los Glaciares. Mal que mal, son casi 9 mil unidades de este tipo presentes en la región.

Corría 2015 y en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja se discutía la posteriormente fallida Ley de Protección de Glaciares.  Para apoyarla se conformó la  “Bancada Glaciar”, a la cual a pesar de la preponderancia que en su región tiene este tipo de ecosistemas Sandoval no se sumó.

En el debate, su postura política frente al proyecto fue clara: “Yo no me imagino Chile sin actividad minera y la mayoría de los glaciares van a estar probablemente vinculados con efectos sobre la minería ya que todos están asociados a la alta montaña… entonces cómo somos capaces inteligentemente de legislar en el sentido de que esto no se transforme en una camisa de fuerza e impedir el desarrollo que tanto necesitamos como país, somos un país que todavía tiene muchas necesidades insatisfechas y que no puede darse el privilegio y lujo de empezar a ponerle candado a cada uno de sus atributos y potencialidades” dijo en julio de ese año.

Consecuente con esta visión votó en contra de una indicación que buscaba proteger mediante la figura de monumento natural todos los glaciares identificados en el país. Y muchas de sus indicaciones siguieron la misma línea.

Propuso, por ejemplo, eliminar de la descripción jurídica de los glaciares su calidad de “bienes nacionales de uso público” por estar esta ya planteada en el Código de Aguas, dijo. También solicitó restringir la calificación de glaciar a una nómina cerrada y acotada, y votó en contra de que una mayor protección permitiera revocar resoluciones de calificación ambiental de proyectos que comprobadamente estuvieran afectando glaciares.

Al hacerse pública su posición, Sandoval retiró la indicación que eliminaba la figura de “bienes nacionales de uso público” e incluso presentó una para prohibir la realización de actividades en glaciares ubicados en reservas nacionales y su entorno.

Todo esto quedó en nada el año pasado cuando el gobierno de Sebastián Piñera dejó caer el proyecto al retirarle el patrocinio del Ejecutivo.

Pero la posición de Sandoval a materias ambientales estratégicas no es nueva.

Fue una de las autoridades que optaron en la discusión sobre HidroAysén por la compensación económica  más que por la salvaguarda de la cualidades ambientales de la región. Y en esa época fue señalado por conflicto de interés al ser su esposa propietaria de un terreno en el área de inundación del proyecto, incluido en los predios indemnizables por parte de la empresa. Sin inhabilitarse, participó en la Comisión Investigadora que la Cámara de Diputados constituyó para establecer las irregularidades en la tramitación del proyecto, situación que quedó consignada en la página 143 del informe aprobado por la Corporación en enero de 2012.

Achicando los parques

El 11 de marzo de 2018 David Sandoval llegó al Senado. Y al igual que en la Cámara de Diputado, se integró a la Comisión de Medio Ambiente, aunque en esta ocasión con mayor influencia relativa: en la Cámara Baja eran 11 los miembros, en el Senado son solo 5.

En este espacio su cruzada se ha hecho sentir con mayor fuerza.

El legislador fue uno de los principales impulsores de la ofensiva que logró, en diciembre del año pasado, reducir el Parque Patagonia en 5 mil hectáreas de las originalmente 309 mil propuestas en el decreto firmado por Michelle Bachelet.  Aunque el argumento inicial fue dejar fuera de la nueva área silvestre terrenos fiscales históricamente utilizados como veranadas por familias colonas, lo cierto es que junto a ello 2.300 hectáreas no fueron incluidas en el Parque Patagonia para despejar la pista al proyecto “Los Domos” de Southern Gold, sociedad controlada por la minera australiana Equus Mining.

Y en los últimos meses el legislador ha sido virtual portavoz de la compañía al señalar que ha visto “absoluta voluntad de la empresa Southern Gold, a cargo del sistema de sondaje, que está realizando los estudios y que comprometieron presentar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), en el mes de mayo (de 2019, lo que aún no ha ocurrido)”, informó en su propia página web.  “Será el SEIA el que deberá definir las respectivas calificaciones ambientales para que esta empresa pueda volver. Hay una voluntad (de parte de la empresa), lo cual rescato y valoro” señaló en la ocasión.

En esta ofensiva  fue secundado por el actual subsecretario de Minería, Pablo Terrazas, quien viajó varias veces  a Chile Chico e incluso concurrió  al Senado, ocasiones en que defendió el proyecto que, si se concretara hoy, estaría a menos de 200 metros del nuevo parque nacional.

Terrazas, ex secretario general de la UDI, tiene una relación de larga data con Sandoval y su entorno.

El abogado de la Universidad de Los Andes, con magíster en Derecho Ambiental en la Universidad del Desarrollo, fue destinado en 2005 por la Fundación Jaime Guzmán a Coyhaique  en calidad de director jurídico de la municipalidad conducida por Sandoval. En 2008 quien fuera su administrador municipal, el UDI Omar Muñoz, ganó la alcaldía.

Tanto Pablo Terrazas como Omar Muñoz estuvieron envueltos en una serie de cuestionamientos a las autoridades del Estado de la época por poseer terrenos en el área de inundación de HidroAysén y ser eventuales receptores de indemnización si el proyecto se materializaba, lo cual fue develado en un reportaje de Ciper Chile.   Los terrenos de Terrazas, Muñoz y la esposa de Sandoval eran colindantes.

Como alcalde Muñoz debía firmar informes de evaluación del proyecto y el hermano de Pablo, Nicolás Terrazas, lo propio en su calidad de seremi de Vivienda.  El problema es que ninguno se inhabilitó en muchos de los actos administrativos relacionados con HidroAysén.

Una nueva oportunidad para el senador en su particular visión ambiental ha sido el proyecto de ley ingresado por el Ejecutivo para sancionar los delitos ambientales.

Un inicial proyecto comenzó su tramitación en 2007, con posteriores versiones ingresadas en 2013, 2014, 2017 y 2018. El 22 de enero de este año  el Presidente Sebastián Piñera envió un último mensaje, en el que se refundieron todas las mociones previas y que hoy es tramitado por la Comisión de Medio Ambiente del Senado.

En el período de indicaciones, David Sandoval presentó ya varias.

Una de ellas fue nada menos que cambiar el Título I “de los delitos de grave contaminación y daño ambiental” por uno que diga “de los delitos de grave daño al medio ambiente”, eliminando de esta forma el concepto de sanción a la contaminación, lo cual acota el ámbito de acción de la normativa.  Y siguen varias más: aplicar las sanciones solo cuando se constate el “dolo”, es decir con una intención real de cometer el delito, lo cual deja múltiples situaciones fuera del alcance de esta normativa.

En la misma línea, junto  su colega RN Rafael Prohens ha solicitado suprimir el siguiente artículo: “Si la grave contaminación se causare por negligencia o imprudencia, se impondrá el grado inmediatamente inferior de la pena corporal designada en el artículo anterior y una multa que no supere la mitad del máximo, en sus respectivos casos”.  Y también eliminar el artículo 4º, que estipula que “para efectos de lo dispuesto en los tres artículos anteriores, se considerará grave contaminación la emisión de una fuente regulada que sobrepase en un cincuenta por ciento la cantidad máxima permitida para el contaminante respectivo por una norma de emisión, medido en el efluente de la fuente emisora”.

Estas son algunas de sus propuestas a la normativa.

Lamentablemente para él, perdió ya un primer round. El martes 9 de julio la comisión aprobó el artículo 1º ampliando el título “de los delitos de grave contaminación y daño medio ambiental” y se estableció que “el contamine gravemente el medio ambiente será castigado con la pena de presidio menor en su grado medio y multa de 100 a 5.000 unidades tributarias mensuales. La misma pena se impondrá al que cause grave daño ambiental”.

Pero el Congreso está lleno de oportunidades. Y se ha abierto una más para retrasar, nuevamente, la protección a los glaciares.

El 19 de junio la sala del Senado aprobó una propuesta de David Sandoval para desarchivar y fusionar dos proyectos de ley: el que Guido Girardi (PPD), Ximena Órdenes (ind.) e Isabel Allende (PS) ingresaron  en julio de 2018 (luego que el gobierno desechara el mes previo el que se tramitó durante 4 años) con uno presentado por Antonio Horvath  en 2006, hace ya 13 años.

El problema es que este último contemplaba temas ya incluidos en el actual texto en tramitación, como las prohibiciones, e incluso otros que ya han sido implementados, como el Inventario Nacional de Glaciares.  Una fuente del movimiento ambiental señala al respecto que “la creatividad de la UDI para obstaculizar el avance de los proyectos es destacable”.  Recordó así que el lunes 17 de junio, luego de perder 10 indicaciones en la Comisión de Agricultura, el ministro (s) Obras Públicas, Lucas Palacios (también UDI), solicitó  mayor plazo para ingresar nuevas modificaciones al Código de Aguas.

Con la minería en el corazón

El lunes 1 de julio el representante de Aysén coincidió nuevamente con el subsecretario Terrazas durante la sesión a la que se convocó a este último  para explicar sus declaraciones  pro carbón y de respaldo a Mina Invierno, por la medida cautelar decretada en marzo de 2019 por el Tercer Tribunal Ambiental que prohíbe a la empresa realizar tronaduras para extraer el mineral, ante la posible afectación de patrimonio paleontológico.

El funcionario había afirmado que las tronaduras eran un buen mecanismo para proteger los fósiles. Sobre este patrimonio, en la comisión indicó que el Servicio de Evaluación Ambiental, el Consejo de Monumentos Nacionales y el Instituto Chileno Antártico habrían informado al gobierno que “está resguardado ese patrimonio y que si no fuese por la mina no se conocería”.  Y más aún aseguró que “hemos tomado conocimiento que todos los hallazgos paleontológicos que han ocurrido han sido gracias al trabajo de la mina, ya sea por excavación por pala o por tronaduras, porque alcanzó a tronar por última vez. Y las muestras paleontológicas salieron mucho mejor cuando se usó la tronadura que la pala, porque la pala muele más. Los bloques son más completos cuando se hacen por tronadura”.

Sandoval apoyó los dichos de Terrazas, a quien calificó de su amigo. Y de paso se cuadró con el proceso que extiende hasta 2040 el fin de la generación eléctrica a carbón (y no hasta 2030, como han solicitado organizaciones y expertos), así como con el ingreso de más termoeléctricas en estos días.  “Cuando se dice que hay contrasentido entre un gobierno que anuncia algo y sin embargo está la mina de la Isla Riesco insisto, el Plan de Descarbonización de Chile, y carbono neutral, termina el año 2040, no terminó ayer ni termina mañana, termina el año 2040.  Es decir, en varios años más todavía, en 20 años más”.

Esta idea fue reafirmada por el subsecretario. “Como señalaba el senador Sandoval, esto es una transición.  Y en esa transición se va a requerir carbón, Chile necesita carbón si queremos seguir teniendo electricidad en nuestras casas.  Si queremos que las industrias, los empresarios y las PYMES puedan seguir funcionando, se va a requerir electricidad” cerró su explicación el funcionario.

Es preciso consignar que no toda la gestión de David Sandoval ha sido contraria a la protección del medioambiente. Es autor junto a otros legisladores dos leyes relacionadas que lograron ser aprobadas: la instauración del Día Nacional del Medio Ambiente  y la que elimina las bolsas plásticas de la Patagonia chilena.   También ha votado a favor de la norma que regula el tendido de cables aéreos y la que tipifica como delito la extracción no autorizada de tierra de hojas, entre varias otras.

Este martes sostuvo una áspera controversia con el presidente de la comisión, Guido Girardi, con motivo del proyecto pro inversión del Ejecutivo que Sandoval pedía se despachara sin mayor debate, a pesar de tener fundamentales materias que modifican la institucionalidad ambiental: “Estamos disponibles para proteger los animalitos, yo quiero los animalitos, me gustan los animalitos, pero ese doble discurso no me parece” dijo, enrostrando al senador PPD su férrea defensa de la naturaleza y, a la vez, su apoyo a la legislación pro aborto.

Lo que ha quedado claro en el historial legislativo del parlamentario UDI en las Comisiones de Medio Ambiente es que su objetivo en ese espacio no ha sido, precisamente, proteger los ecosistemas. Su postura plasma la tensión que surge cuando la salvaguarda del medioambiente pone una cuña al modelo de desarrollo transitado por el país, oportunidad en que ha optado, en la mayoría de los casos, por el extractivismo. El mismo que ha embarcado al planeta en la mayor crisis global de la historia de la humanidad.

Es esta una materia relevante por la preeminencia que tendrá el tema ambiental en los próximos meses y donde, precisamente, se confrontarán las necesidades ambientales con los intereses económicos y productivos dominantes.

Ocasión en la cual el senador David Sandoval, como integrante de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Alta, tendrá un lugar preponderante. Uno que ha insistido en ocupar durante dos décadas ya en representación de su partido, la Unión Demócrata Independiente.