El ministro en visita para causas por violaciones a los derechos humanos de Concepción y Chillán, Carlos Aldana Fuentes, condenó al coronel del Ejército Abel Antonio del Carmen Arellano Avellano y al general de división Guillermo Toro Dávila a 3 años y un día de presidio,  en calidad de autor y encubridor, respectivamente, del delito de secuestro calificado de Reinaldo Luis Jeldres Riveros.  Los hechos ocurrieron el 19  de septiembre de 1973, en la comuna de Chillán.

De acuerdo al fallo (causa rol 13-2017), Arellano Avellano y Toro Dávila quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos y otras profesiones titulares mientras duren las condenas, además, deberá pagar las costas de la causa.

Por cumplir los requisitos legales, el ministro Aldana concedió al condenado "Arellano Arellano la medida de libertad vigilada, debiendo quedar sujeto al control de un delegado de Gendarmería de Chile por el lapso de tres años y un día y a cumplir con las demás exigencias indicadas en el artículo 17 de la citada ley y de su Reglamento".

En el caso de Toro Dávila, quedó sujeto a control administrativo y "asistencia de Gendarmería de Chile por el lapso de tres años y a cumplir con las demás exigencias establecidas en el artículo 5 de la citada ley y de su Reglamento".

En la investigación se estableció que en 1973, Reinaldo Luis Jeldres Riveros se presentó en la guardia del Regimiento de Infantería N° 9 de Chillán, para solicitar un salvoconducto de traslado de domicilio y así evitar pasar frente a este recinto militar y ser nuevamente detenido, por cuanto vivía al frente del mismo y el día anterior había sido liberado desde la Isla Quiriquina, donde permaneció privado de libertad por motivos políticos durante cuatro días y dejado en libertad por no existir cargos en su contra.

Según la investigación judicial, fue acompañado por su amigo Claudio Bonometti, quien lo esperó en la afueras del Regimiento hasta las 15 horas de ese día, momento en que un soldado le advirtió que era peligroso para él seguir en ese lugar, debiendo retirarse, dirigiéndose al domicilio de Jeldres Riveros para comunicar tal hecho a sus familiares.

Desde esta fecha y lugar se perdió todo rastro de Jeldres Riveros y no obstante la búsqueda tenaz y permanente de su cónyuge Teresa Ferrada Pino y de sus familiares y amigos en comisarías de Carabineros y del Regimiento de Chillán -donde se entrevistó con su comandante- y también en otros lugares de detención de personas por motivos políticos, no obtuvo antecedente de su paradero o destino hasta la fecha, desde el ingreso cierto al antes referido regimiento.

En el aspecto civil, se condenó al fisco a pagar una indemnización de $60 millones de pesos a hijo de la víctima.