Raúl Sanhueza, director general de Asuntos Consulares, fue quien envió el jueves un documento a las embajadas y consulados chilenos en el exterior, en el que se señala que no se debe permitir que funcionarios o funcionarias del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, realice inspecciones o controles a las instalaciones.

El oficialismo habría decretado esta medida luego del crítico episodio migratorio que se vivió en el Complejo Chacalluta, en la región de Arica y Parinacota, lugar al que se trasladaron funcionarios del INDH este lunes y martes para fiscalizar la situación y entregar salvoconductos a algunos de los y las venezolanas, que llegaron en masa a la frontera.  Los monitores habrían ingresado al consulado chileno en Tacna, lo que habría activado las alarmas del gobierno.

“En relación con eventuales visitas de funcionarios o autoridades del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile a embajadas y consulados de nuestro país (...) deberá, en consecuencia, acoger a una eventual visita de funcionarios de esa entidad con la cortesía republicana que corresponde a una autoridad chilena. Sin embargo, no deberá permitir que se realice inspección o control a sus instalaciones”, se lee en las indicaciones enviadas por Sanhueza.

Además de esto, la Dirección General de Asuntos Consulares y de Inmigración emitió un comunicado más extenso en el que se señalan las potestades del INDH, y en el cual citan la Ley 20.405, que se encarga de establecer estas funciones.

"El inciso segundo del artículo 4° del mismo cuerpo normativo, en lo que interesa, establece que el Instituto podrá comisionar a uno o más consejeros, al Director o a su personal para ingresar -solamente- a recintos públicos donde una persona esté o pueda estar privada de libertad", reza la cita del documento.

"Sin perjuicio de lo anterior, cabe precisar la existencia de una limitación territorial del ámbito de competencias del aludido Instituto, en orden a que dicho organismo tiene por objeto la promoción y protección de los derechos humanos de las personas que habiten en el territorio de Chile", se defiende también el órgano.

En la misiva también se mencionan las atribuciones que la Ley N° 21.154 le otorga al INDH como Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes. Ante esto la dirección general responde que "cabe señalar que dicha normativa no ha entrado en vigor a la luz de lo prescrito en el artículo primero transitorio de la misma, que establece que el aludido cuerpo normativo entrará en vigencia el sexto mes desde su publicación en el Diario Oficial, la que se realizó el día 25 de abril de 2019".

"En este orden de consideraciones, cabe concluir que el INDH carece de potestades, tanto de una perspectiva territorial como competencial, para realizar, en este caso, actividades inspectivas en Embajadas y Consulados de Chile en el Exterior", finaliza el comunicado.

En una conversación con Cooperativa, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, señaló que "no se ve afectado nuestro trabajo en frontera por esta restricción que pone el Gobierno, pero sí es un hecho lamentable que el Gobierno entregue indicaciones para que algunas instituciones o agentes del Estado queden fuera de la supervisión en materia de derechos humanos (...) Yo lo encuentro preocupante y extraño".

Lee aquí las otras razones que esgrime la Digeconsu en su comunicado: Comunicado Digeconsu