El diagnóstico del monitoreo que realizó la Mesa de Acción por el Aborto y Fondo Alquimia, a un año y medio de la implementación de esta normativa, es categórico: la interrupción del embarazo en tres causales es una prestación no informada, sobre la cual se tiene poco conocimiento respecto a las causales, cómo acceder y dónde orientarse.

Más aún, la vocera de la primera organización y ex subsecretaria del Sernam, Gloria Maira, dijo que, hasta ahora, “poco se puede hablar de implementación”.

El sondeo se realizó en siete regiones –Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Región Metropolitana, Bío Bío, la Araucanía y Aysén–, y contó con la participación de organizaciones feministas del territorio que recopilaron datos tras realizar 62 entrevistas a directores(as) de establecimientos y profesionales del equipo de salud que intervienen en la implementación de la ley (ginecobstetras, matronas, psicólogas y trabajadores sociales). Los profesionales se desempeñan tanto en la Atención Primaria de Salud (APS) como en los centros de Alto Riesgo Obstétrico (ARO).

Los hallazgos del estudio muestran las dificultades y omisiones que se convierten en obstáculos para la toma de decisión de las mujeres sobre sus embarazos y el acceso expedito a la interrupción, si es que esa es su opción. Una de ellas es la falta de información y capacitación del personal, pero, además, la traba que genera la objeción de conciencia.

“Se advierten situaciones donde las posturas individuales antiaborto o razones religiosas de profesionales y técnicos/as interfieren en el acceso a la información adecuada a las mujeres y, con esto, buscan disuadirlas. En los hospitales, la negación a otorgar la prestación ha llevado a situaciones que afectan la dignidad e integridad física y psíquica de las mujeres como la interrupción de procedimientos en curso, y conllevan mayores cargas de trabajo de equipos IVE y duplas, sin que haya ningún costo asociado para los objetores de derechos”, se precisa en el documento.

Ante este panorama, la investigación reconoce la ausencia de una política pública desde el Ministerio de Salud (Minsal) –encabezado por Jaime Mañalich tras la salida de Emilio Santelices– que esté enfocada en superar los problemas de desconocimiento y desinformación, la objeción de conciencia y las prácticas instalas que obstaculizan la decisión de las mujeres.

Gloria Maira sostuvo, además, que “el Minsal no ha producido material que permita informar a las mujeres de manera protocolizada, entonces, todo es verbal y, en eso, cada cual le pone sus acentos, sus propios prejuicios y mitos”. A esto, también añadió que el acceso a la información ha sido un problema en sí mismo, incluso, para elaborar este estudio. “Con mayor razón todo se complejiza con una ley que sigue siendo estigmatizada”, acotó.

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Sistema de plazos

Ante el deficiente escenario observado en la investigación, se plantean recomendaciones a las autoridades sanitarias. Entre ellas, se apunta a una mayor fiscalización en los recintos sanitarios para garantizar que se cuente con personal suficiente para realizar la interrupción y que las mujeres sean oportunamente atendidas; garantizar el suministro de medicamentos y que se apliquen de acuerdo a protocolos.

También se recomienda la aplicación de la actual ley de aborto por causales a un sistema de plazos.

“Muchas de las situaciones y vulneraciones descritas no sucederían si el aborto, por voluntad de la mujer y dentro de un plazo determinado, fuera garantizado por ley de forma segura y gratuita”, concluye el documento.

Revisa aquí la investigación completa:

http://accionaborto.cl/wp-content/uploads/2019/06/Informe-Monitoreo-Social.pdf