Hace más de un mes que internos de distintos recintos penitenciarios del país están movilizados por el aumento de los requisitos para acceder a las libertades condicionales. Esta es una reforma que introdujo la ley N° 21.124 al decreto N°321, aprobada en enero de este año, y que se aplicó de manera retroactiva. Es decir, si antes debían cumplir la mitad de la condena para solicitar este derecho, ahora serán los dos tercios de la pena, en casos de delitos graves. ¿Qué ha provocado esto?

En su primer proceso de aplicación -que ha tenido un amplio rechazo-, los tribunales de conducta elaboraron la lista de los postulantes de las distintas cárceles del país, pero, por instrucción de Gendarmería, estas listas fueron elaboradas de acuerdo a los nuevos requisitos. Con esto, le cambiaron “las reglas del juego” a las personas privadas de libertad al medirlos con una vara distinta a la que estaba establecida cuando fueron condenados. Así, tendrán que continuar en la cárcel hasta alcanzar el nuevo estándar, en medio de las precarias condiciones penitenciarias, algo que preocupa a los familiares y a organizaciones de derechos humanos.

Precisamente ha sido este último sector el que ha hecho ruido dado que varios internos se mantuvieron en huelga de hambre. Aun así, no es un tema de relevancia en la agenda del gobierno, pese a que es una de las bajadas concretas en materia de seguridad que se venían impulsando desde la administración de Michelle Bachelet.

La medida va de la mano con el tema que ocupó los primeros lugares en el discurso de la segunda Cuenta Pública de Sebastián Piñera, el 1 de junio pasado: la “Seguridad Ciudadana”. Terminar con la llamada “puerta giratoria” y con la “narcocultura”, esas fueron las líneas que se trazaron, pero, además, mantener a las personas privadas de libertad por más tiempo en las cárceles. Y eso es lo que se ha mantenido en segundo plano.

Hasta ahora el Ministro de Justicia, Hernán Larraín (UDI), no se ha pronunciado por esta movilización, quien fue uno de los impulsores de la iniciativa siendo senador, junto al ministro de Defensa, Alberto Espina (RN), y al senador Felipe Harboe (PPD), una política inscrita dentro de la Agenda Corta Anti Delincuencia.

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=0qcNaJHXrX8[/embed]

Desigualdad ante la ley

Contrario a la medida, el abogado de la Unidad de Defensas Especializadas de la Defensoría Penal Pública (DPP), Rodrigo Lillo, aclara que acceder a la libertad condicional es un derecho de las personas privadas de libertad que inician un proceso de reinserción, pero que no termina con la condena. Más aún, señala que las personas que cumplen sus condenas bajo estas condiciones tienen menos posibilidades de reincidir que quienes están encarcelados.

En términos generales, el abogado enfatiza que “se ha asumido como un discurso de gobierno porque se aprovecha la idea de que la delincuencia se combate con más encierro cuando el Estado debe otorgarle la posibilidad de mantener sus vínculos para reinserción, darles salidas y beneficios”. Reconoce, también, que las consecuencias que genera para este grupo de personas tampoco es algo que se filtre mucho a la opinión pública.

“La manera de aplicar esta ley es bastante injusta y genera un problema de desigualdad ante la ley porque cuando tienes una persona que entra a cumplir una condena, al momento se le dice ya “estas son las reglas del juego” y, transcurrido el tiempo, empiezan a avanzar en un proceso de reinserción al interior de la cárcel, accediendo a programas de Gendarmería, pero al momento se dicta una esta normativa se le cambia lo que venían haciendo. Esa persona que está haciendo todo lo posible para acceder a ese derecho de libertad naturalmente siente una frustración porque, en el fondo, nada de lo que haga va interesarles si lo que se buscan es mantenerlos encerrados”, aclara el abogado.

Desde el punto de vista de las víctimas, Lillo explica que “en otros sistemas de justicia restaurativos donde la víctima tiene un rol importante -en algunos países europeos están siendo piloteados o en sistemas indígenas- se produce un cara a cara con el autor del delito, su victimario, y eso produce reparación y también en el delincuente una manera de asumir su responsabilidad y le permite avanzar realmente en la reinserción”.

Y agrega: “Algo que podría parecer contraintuitivo es que, en general, la víctima no busca más y más encierro para las personas que le hicieron daño, sino que reparación. Entonces, tras ciertos contactos y con una metodología específica, han tenido buenos resultados, pero eso aquí en Chile no existe, entonces todo se traduce en que la persona dañada solo quiere más y más cárcel”.

A propósito del rechazo a las libertades condicionales, Lillo explica que se han presentado recursos ante tribunales que buscan revertir la medida.

[caption id="attachment_293243" align="alignnone" width="768"] Cárcel de La Serena, diario El Día[/caption]

Al límite de los DD. HH

Las críticas no solo apuntan al desconocimiento de la normativa que regía cuando las personas fueron condenadas, sino que también en mantenerlos en centros penitenciarios que carecen de las condiciones necesarias para garantizar su estadía, tal como lo han dado a conocer distintos informes de derechos humanos.

Pero a diferencia del lugar prioritario que tienen los anuncios del gobierno por erradicar la delincuencia, ocurre todo lo contrario respecto a las precarias condiciones de las cárceles.

Carla Verdugo, familiar de un interno e integrante de la organización 81 Razones, comenta que las personas que fueron rechazadas en sus postulaciones están en un proceso de reinserción porque el tiempo cumplido no es el único requisito para acceder a este beneficio. “También se considera la conducta, los informes biopsicosociales, que terminaran su educación, que trabajen en talleres laborales”, cuenta.

Explica, también, que esto se empezó a gestionar en relación a que violadores de derechos humanos estaban prontos a recibir beneficios carcelarios y, en la negociación, no se consideraron una serie de otros delitos.

Desde un enfoque de derechos humanos, dice Verdugo, se ha relevado que “existe el principio que establece que cuando cambia la ley en favor del reo se aplica y cuando cambia en contra no se aplica y eso es parte del derecho internacional, que se había aplicado del todo en el país hasta esta ley”.

Desde esta organización, también han puesto en tela de juicio la línea del gobierno en la materia considerando que se anunció el Proyecto +R, que buscaría mejorar los programas de reinserción, sin embargo, esta ley vendría a aumentar la población penal en condiciones de hacinamiento, suministro de fármacos y de violencia.