El pasado martes la Corte Suprema dio a conocer un fallo que obliga al Estado a tomar resguardos para proteger a las comunidades de Quintero y Puchuncaví de la contaminación. El máximo tribunal ordenó 15 medidas inmediatas: entre ellas, realizar estudios para determinar cuáles son los gases, elementos o compuestos presentes en la zona de sacrificio, así como instalar filtros y dispositivos que midan las emanaciones.

El pronunciamiento de la justicia cuestiona la responsabilidad de las industrias en la emergencia ocurrida en agosto del año pasado, mientras que se acusa a las autoridades de no haber tomado medidas de prevención.

"Se acabó la impunidad medioambiental para el Chernóbil chileno", fueron las palabras de Greenpeace tras conocer el fallo. “Nos alegra que se termine con la indefensión en la que han vivido miles de chilenos por tanto tiempo”, añadió Matías Asun, director nacional de Greenpeace.

El activista recalcó que "en la práctica (el fallo) es un reconocimiento claro de que el Estado no ha estado cumplido su obligación de garantizar los derechos fundamentales de los habitantes de la zona".

La Corte Suprema insta al Estado a trasladar a las personas directamente afectadas por emergencias contaminantes, ampliando la protección a toda la ciudadanía expuesta a los riesgos de un nuevo episodio en la zona. Se trata de evacuaciones masivas sin precedentes Chile. En ese sentido, recalcó Asun, son claros en señalar que "cada vez que se produzca un evento crítico de contaminación, la población vulnerable será trasladada desde la zona afectada hacia lugares seguros y mientras perdure el señalado episodio".