Primero que todo, cabe preguntarse qué entendemos por terrorismo. Según la RAE, es la dominación por el terror; la sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror; y la actuación criminal de bandas organizadas que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretenden crear alarma social con fines políticos. Por otro lado, autores como el sociólogo francés Michel Wieviorka, han conceptualizado el terrorismo como una acción instrumental, un recurso movilizado por actores para acceder a ciertos fines, revelando cálculos, estrategias y un uso racional de medios. Lo anterior revela la pérdida de sentido y una disociación entre el protagonista de la violencia y la población específica donde se origina la demanda, por lo cual, el autor pierde el reconocimiento de lo que pretende encarnar.

Efectivamente, esa idea final es la que quiero subrayar aquí; esa disociación entre actores y hechos, y donde los actores son muchas veces objetos de una manipulación por el Estado o por diversas instituciones u organizaciones.

En el caso chileno el terrorismo no es algo nuevo, y se ha utilizado el concepto desde los años de la dictadura, periodo en el cual se crea la ley n°18.314 anti terrorista. En 1984 es promulgada la ley para sancionar todas aquellas conductas que atentaran con el orden establecido y que tuvieran elementos disruptivos. Gracias a esta ley se buscaba engendrar el terror y mediatizar acciones de activistas, a partir de un sustrato terrorista para así validar el régimen y, asimismo, deslegitimar cualquier discurso opositor.

En la actualidad, observamos que este concepto de “terrorismo” también se utiliza con poca prudencia y se catalogan acciones que van desde instalaciones de bombas en estaciones de metro, hasta la defensa de territorios por el pueblo mapuche. Así es como, cuando el conflicto en la Araucanía ha escalado y los cuestionamientos a la gestión del gobierno y los límites de los derechos humanos han sido traspasados –Operación Huracán, asesinato de Camilo Catrillanca, por nombrar los más recientes– siendo este último elemento señalado por diversas organizaciones tanto nacionales como internacionales, el Presidente Piñera busca modificar la ley antiterrorista. Esta nueva ley busca incorporar “técnicas investigativas como agentes encubiertos, agentes reveladores, entregas vigiladas e interceptaciones de comunicaciones” y también agregar la figura del terrorismo cibernético.

Por otro lado, hace solo unos días, salió a la luz la última de las acciones realizada por la organización conocida como “Individualistas tendiendo a lo salvaje”, autodefinida como ecoextremista y nacida en México en 2011. Esta organización dice que el progreso científico y tecnológico son culpables de la devastación de los ecosistemas. A partir de este supuesto, en Chile han realizado envíos de bombas a sujetos como Óscar Landerretche, presidente de Codelco; Luis de Grange, presidente de Metro; y una bomba puesta en un paradero de micros a pasos de la estación Bustamante.

Este tipo de acciones resultan cuestionables por su falta de coherencia interna. Esta organización aparentemente juvenil, dista mucho de aquellas que realizan acciones terroristas en Europa y  Medio Oriente y, a su vez, contienen elementos vinculados al anarquismo, algunos aspectos ligados al nihilismo, pero poco discurso en sí mismo. No hay propuestas claras ni argumentos para una u otra acción. Por lo cual, todo queda bajo un manto de duda. A partir de esto surgen diversas interrogantes, que refieren a sus prioridades en la lucha contra el extractivismo, donde aparece la pregunta sobre el por qué de atacar un paradero de micro, donde circula el transporte público e individuos de a pie, que supuestamente dañan el medio ambiente, pero donde los afectados son finalmente migrantes, que poco y nada tienen que ver con un daño real al ecosistema.

Si se considera que esta es una reivindicación que incorpora la variable de clase (que en ninguno de sus comunicados se encuentra), o sea, dañar la clase política y empresarial, donde poco importa intercambiar los sujetos, ¿por qué asesinar o dañar a de Grange, en particular, podría cambiar el devenir de los proyectos una empresa como Metro S.A? Por lo tanto, surge la interrogante sobre hasta qué punto estas acciones son funcionales para la agenda legislativa el gobierno, hasta dónde todos estos atentados permiten acelerar el proceso de la ley anti terrorista donde jóvenes mapuche están siendo asesinados y ahora podrían limitar su activismo, debido a las investigaciones y vigilancias de todo tipo que se generarán en el territorio.

La criminalización de los sujetos juveniles y activistas, ha sido una constante en los distintos gobiernos, tanto de la Concertación –hoy Nueva Mayoría– y más aún por la derecha. Ya lo vimos durante las movilizaciones estudiantiles desde el 2006 en adelante, donde se infiltraban policías para simular ser “encapuchados” y así generar destrozos y violencia en las protestas, impidiendo cualquier tipo de debate y avance en sus demandas. Lo mismo se puede ver en la actualidad con el polémico proyecto de “Aula Segura”, que poco tiene que ver con un interés real por terminar con la violencia en los liceos y colegios.

De este modo, vemos como el ministro del Interior, Andrés Chadwick, avaló el montaje de Canal 13 sobre el supuesto adoctrinamiento de miembros del Frente Patriótico Manuel Rodriguez a las alumnas del Liceo N°1. Hecho totalmente falso, pues las imágenes correspondían a una obra de teatro. Por lo tanto, los límites de lo cierto y lo verosímil parecen bastante difusos en tiempos de la postverdad y fake news. A partir de esto, tenemos que estar más vigilantes a la información que circula en las distintas plataformas online, como en los mismos medios de comunicación, y cuestionarnos un poco más el origen de todas estas informaciones.