Son veinte investigados por supuesto tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, prevaricación y nombramientos ilegales. Entre ellos, hay tres jueces suspendidos. Todo un escándalo judicial que ha sido denominado como el “desastre de Rancagua”, dado que por estas semanas ha remecido a la Corte de Apelaciones de esa ciudad. En definitiva, se trata de hechos que apuntarían a corrupción.

La historia suma varios hilos que han ido develando los vínculos y cercanías entre los jueces, los abogados integrantes del tribunal, litigantes particulares y otros funcionarios judiciales. Pero las piezas del puzzle apenas han comenzado a conocerse y prometen seguir apareciendo, haciendo aún más compleja la complicada trama de Rancagua.

Entre los personajes involucrados está Gabriel Henríquez Arzola, uno de los abogados que ha tenido línea directa con el juez de Rancagua, Emilio Elgueta, el magistrado más complicado de la Corte que por ahora está inhabilitado para ejercer sus funciones.

De acuerdo a los datos que expuso el Ministerio Público en la formalización de Elgueta, el 26 de abril pasado, durante 2018 se registraron 116 llamadas entre ambos. Además de eso, se habló de una estrecha amistad que incluso llevó a que Henríquez acudiera varias veces al tribunal para concretar audiencias privadas, sin dejar de lado las reuniones sociales de las que ambos habrían participado. La investigación está en manos del fiscal de Alta Complejidad de Rancagua, Sergio Moya.

Henríquez es, también, defensor del ex vocero del Arzobispado acusado por abusos sexuales, Óscar Muñoz, y ha asumido la defensa en varias causas por tráfico de drogas. Esto, porque integra el listado de abogados habilitados para representar a personas imputadas por narcotráfico en la región de O’Higgins, según un documento emitido por la Contraloría, en enero pasado, al que tuvo acceso El Desconcierto.

De hecho, de los recursos que interpuso y que luego alegó Henríquez de los que obtuvo una votación siempre favorable por parte de Elgueta -entre enero y diciembre del año pasado-, cuatro de un total de nueve fueron por tráfico de drogas.

Los antecedentes que dio a conocer la Fiscalía coincidían con el flujo de llamadas entre ambos antes y después de las resoluciones de estas causas.

Una carrera notoriamente ascendente

Hace tres semanas, la PDI allanó la oficina de Gabriel Henríquez, en un lujoso edificio que está ubicado entre Rancagua y Machalí, en la carretera del Cobre. En ese lugar también se encuentran las oficinas de la Cámara Chilena de la Construcción y Essbio Rancagua. De ahí se llevaron carpetas de investigación y documentos varios.

Lo mismo se repitió de manera simultánea con otros abogados que son indagados por supuesta corrupción: Víctor Beltrán, Pablo Latorre y Rodrigo Guerrero.

Con estos colegas, Henríquez también ha mantenido vínculos cercanos. Es el caso del abogado Víctor Beltrán y su esposa, la abogada Nuta Adam –también indagada– a quienes los representó ante la Corte de Apelaciones de Rancagua en una causa por supuesta presentación de testigos falsos, en octubre de 2016. La causa civil se caratuló “Corporación Educares contra Cabezas”.

Fue en una de las audiencias ante el Juzgado de Letras de Rengo en que la pareja de abogados habría presentado a sabiendas un testigo falso, que se identificó como Marianela Valdés Ruz. Por eso, el mismo tribunal resolvió que ambos incurrieron en el delito de “falso testimonio, perjurio o denuncia calumniosa”.

Sin embargo, el recurso que interpuso Henríquez buscando revertir esta resolución cayó en la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua y el resultado le fue favorable. Así, Beltrán y Adam fueron sobreseídos definitivamente en julio del año pasado.

En esa oportunidad, la sala estuvo compuesta por el ministro Emilio Elgueta, Marcelo Vázquez y Claudio Sepúlveda; los dos primeros hoy se encuentran suspendidos y son investigados por los supuestos pagos que habrían recibido a cambio de dictar resoluciones a favor de los abogados.

Una fuente conocedora del mundo judicial en Rancagua comentó a El Desconcierto que esta causa llamó especialmente la atención porque se trataba de “abogados que defendían a abogados de los cuales ahora todos están cuestionados”. Además, agregó que la carrera de Henríquez ha tomado evidente visibilidad por los casos de connotación que ha asumido, algo que le ha jugado, sin duda, a favor de sus pretensiones. Una carrera, recalcó, notoriamente ascendente.

“Aquí ha ganado recursos que desde afuera se ven difíciles, pero le ha ido bien. Ahora con lo que se ha conocido se abren las dudas de si eso lo ganó por su capacidad técnica o derechamente movió sus hilos”, planteó la misma fuente.

Conflicto en la élite educacional rancagüina

Más allá de la trama de la Corte de Apelaciones, Henríquez tiene una historia, en paralelo, ligada a uno de los colegios particulares más costosos de Rancagua que también le complica.

El año pasado, el abogado fue electo presidente del directorio de la Corporación Educacional del Colegio Coya S.A, conformado por seis personas. Este establecimiento, que nació de una división de la mina El Teniente a fines de los 50´, primero se emplazó en Rancagua y luego en Machalí. La cuota de incorporación que se cancela para ser socio es de un millón 150 mil pesos y la mensualidad bordea los 300 mil pesos. Sus hijos están matriculados ahí.

Henríquez ha asistido a  distintas actividades regionales como “cara visible” del colegio. Sin embargo, el proceso de elección que terminó por nominarlo ha generado ruido al interior del colegio.

Desde el interior del establecimiento, una fuente que entregó información a este medio a cambio de no revelar su identidad, dijo que abiertamente habría existido manipulación en el proceso para favorecer a la lista de Henríquez, a pesar de que no todos los integrantes cumplían con los requisitos para asumir el puesto.

Además, agregó que existieron tramitaciones con claras deficiencias y que no había claridad en el padrón de votantes. “Había un desorden en el padrón de socios, pagos no correlativos, diferencia en las fechas de ingreso”, detalló.

Ante eso, en noviembre del año pasado un grupo de apoderados y socios impugnaron el proceso ante el Tribunal Electoral Regional (TER), representados por la abogada Pamela Urquhart Barrenechea, para dejar sin efecto la elección. La causa está paralizada desde enero.

En medio de este proceso, se detectó una maniobra que acrecentó las dudas respecto de Henríquez.

Sin informarles a sus clientes, la abogada Urquhart se fue a trabajar con Henríquez para patrocinar la defensa de la ex fiscal de San Fernando, Teresa Gaete, formalizada por falsificación de instrumento público en una investigación por abuso sexual.

Ellos le hicieron saber sus reparos por los conflictos de interés que se generarían, además de considerar una falta ética no avisarles de antemano su cercanía laboral con Henríquez, el mismo al que cuestionaban. Pero, molesta por las explicaciones que se le pidieron, la abogada terminó por dejar el caso.

Los apoderados apuntaron a que Urquhart no habría considerado una serie de irregularidades que se le hicieron saber. “Si su estrategia hubiese sido cuestionar a los directores que no cumplían con los requisitos, de acuerdo a los estatutos, que además asumieron bajo un proceso cuestionado, quizás hace rato se habría invalidado, pero no lo hizo”, sostuvo la misma fuente.

El clima al interior del colegio Coya sigue tenso. El mes pasado, más de 130 apoderados le hicieron llegar una carta a Henríquez manifestándole su preocupación por estar presuntamente involucrado en la investigación por corrupción y, también, al directorio pidiéndole la suspensión de su cargo mientras se extienda la investigación.

Ante eso, las máximas autoridades de este colegio particular pagado difundieron un comunicado oficial en el que ratificaron a Henríquez en el cargo, respetando así, argumentaron, su presunción de inocencia.

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El Desconcierto tomó contactó a través de un correo electrónico con la secretaria de la rectora Elsa Juillet para contar con mayor información respecto de esta última situación, sin embargo, no obtuvimos respuesta. Asimismo, se intentó hablar con el abogado Gabriel Henríquez para tener su versión sobre la información que se publicaría en este artículo, pero no respondió a los llamados.

Sin embargo, luego de esta publicación el Colegio Coya tomó contacto con este diario y señaló que, efectivamente, se presentó un reclamo ante el TER (Tribunal Electoral Regional) de O’Higgins alegando supuestas irregularidades en el proceso, en contra del TRICEL (Tribunal Electoral interno), pero ni el Colegio, ni el Directorio en ejercicio, son partes de dicho reclamo solo un grupo de 12 personas en su calidad de socios de la Corporación de un universo de 647 personas.

Además, agregaron que "durante todo este periodo, y en el ejercicio de las funciones del Directorio del Colegio Coya, todos los estamentos de la comunidad han funcionado con absoluta normalidad y transparencia, con la excelencia en la prestación de servicios debidos, entendiéndose como tal al estamento del personal Docente, Rectoría, Sindicato, Centro General de Padres, administrativos y funcionarios auxiliares".