Durante el mes de abril, en la ciudad de Temuco, se ha actualizado la polémica que contrapone el trabajo informal en las calles de la ciudad en contra de la seguridad ciudadana. A partir de la instalación de 62 altoparlantes que acompañan las cámaras de seguridad en el centro de la ciudad, con el fin de aumentar la eficiencia de la vigilancia del comercio ilegal dentro del “Perímetro de Exclusión”. Altoparlantes que advierten, a trabajadores/as-vendedores/as ambulantes “ilegales” y a los transeúntes que le compran, la ilegalidad de lo que están haciendo. Amenazando con la confiscación de las mercancías y la aplicación de multas para ambos (trabajadores y consumidores).

La criminalización, la vigilancia y la tolerancia cero para con las prácticas que el precariado ejerce en la vía pública, ha sido una constante histórica, sujeta a constantes actualizaciones. Medidas políticas dirigidas a establecer (un) orden y seguridad pública. Sin duda, a pocos les gustaría vivir o convivir cotidianamente expuestos a la inseguridad y al delito. Pero las concepciones y definiciones de lo (in)seguro quedan sujetas, y en el peor de los casos condicionada, a la interpretación moral, valórica, cultural, estética, económica e ideológica de las personas que toman las decisiones. Es decir, de quienes ejercen el poder. Lo que posteriormente se objetivan en forma de decretos municipales o artículos en el código penal.

Este tipo de leyes y decretos, sobre el control y expulsión de sujetos con características, acciones e intentos de sobrevivencia desviados, ha tenido su expresión desde la joven república de Chile del siglo XIX. El Intendente de Santiago, Benjamín Vicuña Mackenna aplicó políticas de seguridad ciudadana, en el contexto problemático del crecimiento urbano de Santiago, bajo la pretensión de cambiar la conducta de sus habitantes, con el ejemplo de la persecución y el castigo de la mendicidad y la prostitución.

Una adaptación de la aplicación de estas políticas sucedió en la década de 1990, pero esta vez en Nueva York. Mediante la experimentación de la política de tolerancia cero o reparación de las ventanas rotas (fixing broken windows). Medidas que se enfocan contra los delitos de ebriedad, el consumo de drogas, la prostitución, la pintura de grafitis, la piratería y el comercio informal en las calles, entre otras. Para el año 2000, se realiza la importación hacia Chile de estas ideas aplicadas en Estados Unidos, por medio de centros de pensamiento ligada a la Derecha chilena (Instituto Libertad y Desarrollo), y aplicándose primeramente en la comuna de Santiago (por la alcaldía de Joaquín Lavín).

Una articulación concreta con este tipo de medidas, que identifican a un enemigo u obstáculo público en pos de la seguridad, son los bullados decretos de la Ilustre Municipalidad de Temuco. Por medio del Decreto Alcaldicio N°92 de 2011, se estableció el llamado “Perímetro de Exclusión” para el “comercio ilegal”, haciendo referencia a las ventas de mercancías o de servicios por parte de personas que no se encuentran autorizados por la municipalidad.  Este “Perímetro”, contempla alrededor de 5 calles a la redonda del centro de Temuco.

A pesar de la legalización de la “exclusión”, vendedores/as-trabajadores/as sin permisos municipales (ilegales) resistieron a este decreto, yendo a las calles del centro para vender sus mercancías, haciendo frente a los operativos de persecución por parte de la policía y los inspectores municipales. Esta dinámica se agudizó hasta el punto dejar postales de mujeres mapuche, con sus hortalizas en la mano, enfrentándose con las Fuerzas Especiales de Carabineros durante el año pasado.

La agudización de la represión (de la municipalidad) y la resistencia (de los/as trabajadores/as) se dio por medio de la promulgación del Decreto Municipal N°003 del 27 de agosto de 2018. Decreto que viene a actualizar la regulación y sanciones establecidas por Decreto del año 2011. Agregando nuevas sanciones a los/as vendedores/as-trabajadores/as y también a los consumidores que les compren. En el art. 38, se señala que “el ejercicio del comercio ilegal o no autorizado en la vía pública (…) será sancionado con la aplicación de una multa equivalente a 1 a 5 Unidades Tributarias mensuales, y serán retiradas todas las instalaciones, mercaderías, especies, etc.”. En este mismo artículo se menciona que quien sea “sorprendido comprando mercaderías dentro del perímetro de exclusión” será sancionado con multas de 1 a 3 UTM. Es decir, por vender-trabajar las multas pueden ser de hasta $241 mil pesos. Mientas que para un transeúnte que quiera comprar, la multa puede ser de hasta $144 mil pesos.

Lo anterior, según el decreto citado, con el objeto de apoyar y fomentar la Seguridad Ciudadana. Con este objetivo – la seguridad – es que cada año se instalan nuevas y más cámaras de vigilancia por distintos puntos del centro y en los barrios de Temuco. Sin embargo, para fortalecer el cumplimiento del “Perímetro de Exclusión”, la municipalidad de Temuco ha optado por la innovadora medida de instalar cámaras con megáfonos, que son la manifestación del monitoreo audiovisual en tiempo real de las calles de la ciudad de Temuco.

Si la justificación es la lucha contra la informalidad, o la ilegalidad del comercio, tendríamos que ser un poco más cuidadosos. En un contexto que desde los gobiernos y las instituciones de Estado y sus programas se promueve el emprendimiento, como medida para enfrentar la desocupación, con la caracterización de ser una liberadora ocupación que promueve la autonomía de las personas. Es decir, un discurso que fomentan aspiraciones de competencia basadas en el esfuerzo personal.

Ese discurso se estrella contra las cifras. Es de sorprendernos que, según los datos de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) 2019, de los 125 mil trabajadores/as a cuenta propia de la región de La Araucanía (autónomos, emprendedores, valientes, o personas que buscan como sobrevivir, dependiendo del tratamiento conceptual y político-ideológico con la que se trate), sólo un 22,03% son formales, mientras que la mayoría (77,97%) son trabajadores/as cuentapropista ¡INFORMALES!

Las anteriores acciones, la legalización de la exclusión y su vigilancia hacia personas que desarrollan estas actividades laborales, nos hace cuestionarnos. ¿Las medidas son para revertir la ilegalidad de estas actividades laborales autónomas o independientes? ¿o solo para expulsarlos/excluirlos?

La constante histórica de la re-actualización de medidas de disciplinamiento, de creación de expulsión (o “exclusión” según la Municipalidad Temuco) y de (un)orden social, basadas en políticas discriminatorias, en la actualidad encuentra que su eficiencia mejora por medio la vigilancia tecnologizada. Ojos detrás de una pantalla, que ahora se convierte en voz por medio de los megáfonos de la plaza de armas de Temuco.

Este tipo de medidas “excluyentes”, son acompañadas por campañas de “concientización” de la ciudadanía con relación a las consecuencias negativas que tiene comprar/consumir en el comercio ilegal. Campañas que han sido fortalecida por el análisis que realiza la Cámara de Comercio local, enunciando las pérdidas de ganancias del comercio formal (que da boleta) y denunciando la “competencia desleal” que representa la informalidad en la capital regional. Mientras que desde la Cámara Nacional del Comercio (CNC) y la Subsecretaria de Prevención del Delito, en un estudio realizado en 2017, consideran que una política pública para estos casos debería estar basada en el incentivo a la formalización de los comerciantes-vendedores “ilegales”. Ya que las medidas punitivas “tienen grandes posibilidades de generar los efectos contrarios a los buscados”. Recomendaciones que, al parecer, no ha tenido eco en el Municipio de Temuco.

Campaña audiovisual ¡YO AYUDO A MI CIUDAD! Año 2018 |Fuente: Municipalidad de Temuco.

Desde nuestra perspectiva de análisis, la precariedad laboral y su multidimensionalidad (bajos sueldos, informalidad, inseguridad, condiciones riesgosas de trabajo, sobre o infra jornadas laborales, etc.), nuevamente sale a luz como uno de los elementos constitutivos de nuestra realidad regional y local, que entra en conflicto con los límites normativos, y represivos-policiales, emanadas desde nuestro gobierno local. Es decir, consideramos pertinente – y necesario – la intervención del gobierno local por medio de programas integrales y multisectoriales, que aborden la centralidad del trabajo de las personas como la principal esfera de la reproducción de sus vidas. No basta con criminalizar, vigilar ni multar.