El pasado 6 de marzo se constituyó la comisión investigadora que revisará las causas para el aumento de los casos de VIH en los últimos diez años. La instancia tiene por objeto establecer responsabilidades políticas de esta grave situación, y generar las propuestas legislativas que establezcan los cursos de acción que permitan revertir el grave escenario sanitario actual.

Con el transcurrir de las semanas de trabajo se han recopilado antecedentes que ayudan a establecer conclusiones primarias respecto del rol del Estado y la actitud conservadora de ciertos sectores en esta verdadera crisis sanitaria.

Pero primero debemos describir el escenario para tomar conciencia de la gravedad del asunto. De acuerdo a lo establecido por ONUSIDA para el año 2017 son 66 mil – 49 mil hombres y 17 mil mujeres de 15 o más años- los casos de personas que viven con el virus en el país. De estos se estima que sólo un 70% es conocedora de su condición y, según manifiesta el mismo organismo, el 58% recibe tratamiento.

En 2018 se sumaron 6.948 nuevos casos de personas que viven con VIH, lo que es más del doble de los casos diagnosticados en 2010. El incremento de estos años se traduce en un 85%, contrastando con el 1% que exhiben el resto de los países latinoamericanos. Ergo, Chile se encuentra entre los países con mayor prevalencia (proporción de personas que sufre una patología) de VIH/SIDA actualmente -0,6%- quedando a la par de Brasil, El Salvador o Uruguay.

Los datos son reveladores y dan cuenta de la irresponsabilidad e incapacidad del Estado a la hora de implementar planes y programas preventivos de VIH en el país, incluso cumplir con lo que establece la ley 19.779 (Ley VIH) y la 20.418 (que tiene entre sus objetivos la prevención de la salud sexual). Y por cierto de la acción obstinada de los sectores para bloquear cualquier insinuación de política pública en materia de prevención de enfermedades de transmisión sexual (ETS), con lo que se termina no implementando –y por ende incumpliendo- lo que se establece en los marcos legales mencionados.

Hasta ahora no se ha definido claramente una política pública en materia de prevención de VIH y del resto de ETS, planes que normalmente terminan supeditados a los parámetros establecidos por los sectores conservadores que, a través de parlamentarios, iglesias o medios de comunicación han logrado bloquear cualquier iniciativa que permita que la ciudadanía tener información y herramientas preventivas frente al contagio.

¿Cuál ha sido el trabajo realizado por el ministerio de Salud en esta materia y cuáles han sido sus resultados? ¿cuáles son los programas de educación sexual que se están desarrollando en los colegios del país? ¿cómo los consultorios enfrentan este escenario? ¿con qué infraestructura y capacidad logística se cuenta en la red asistencial pública para recibir a los nuevos y antiguos diagnosticados? ¿cuál es la política en materia de compra de medicamentos por parte del Estado para el tratamiento? Son preguntas que aún no tienen respuestas por parte de las autoridades en su participación en la Comisión Investigadora.

El tiempo juega en contra de quienes se encuentran viviendo con VIH y no lo saben. El tiempo juega en contra de Chile por no contar con las herramientas disponibles para enfrentar el alza permanente de casos. Las autoridades no pueden esperar más para implementar en su totalidad lo que ley les pone por obligación y que nos obliga como parlamentarios a llevar adelante medidas de fiscalización.

Llegó la hora de asumir esta tarea como prioritaria, dejar de una vez la irresponsabilidad de no concretar una política pública eficiente y responder a la misión de cuidar la salud de todas y todos, sin que la porfía y moralina de los grupos conservadores se convierta en un peligro frente al crecimiento vertiginoso del VIH en el país.