1.- Es importante el trabajo de campo que nuevamente aporta el INDH y que da cuenta de las condiciones de las personas privadas de la libertad, pero, a decir verdad, no aporta nada que ya no sepamos y que ya fuera sistemáticamente advertido por las organizaciones territoriales que han estado en la primea línea de denuncia en contra de la tortura que se produce al interior de los espacios carcelarios. Son 161 páginas que incluyen datos estadísticos y un conjunto de 55 recomendaciones que muy probablemente nadie considerará muy en serio. Es muy posible que los mil ejemplares impresos, al igual que lo sucedido con las dos anteriores publicaciones, no tengan ningún impacto en el diseño de nuevas políticas públicas que mejoren las condiciones de habitabilidad de la población recluida y que contribuyan al fortalecimiento de los mecanismos de protección ante las graves vulneraciones de derechos que sufren las personas privadas de la libertad.

2.- Si se va al grueso y se toma distancia de los distractores estadísticos contenidos en este estudio, la conclusión es que nada ha cambiado substantivamente. Las cárceles siguen siendo un botadero de desechos humanos en el cual se reproduce más violencia e inseguridad social. Son 161 páginas que resultarán, ante todo, una buena oportunidad televisiva para alimentar los egos de analistas sociales sin vocación transformadora y miembros del clero que han hecho de los espacios carcelarios un lugar para la promoción política de sus pretensiones de poder y la expansión desfachatada de la industria de la solidaridad que, a través de sus OTECs y fundaciones, expanden sus anillos de influencias con la ejecución de proyectos implementados con recursos del Estado.

3.- Nos duele lo que pasa con las personas privadas de la libertad. Ellas y sus familias son utilizadas como materia prima de negocios que manejan grandes sumas de dinero y del cual se benefician --en esta creciente y próspera industria-- no solo las agencias trasnacionales dueñas del capital, sino también las ongs dirigidas por inescrupulosos agentes de negocios; los académicos y académicas que, en la implementación de sus proyectos de investigación, no ven los cuerpos torturados y se han transformado, con ello, en pasivos cómplices del horror; las instituciones universitarias que en la búsqueda de aumentar sus indicadores de producción, no dudan en cerrar convenios de cooperación con instituciones que atentan contra la dignidad humana y la democracia; y, entre otros, los patrones de las capellanías religiosas que amenizan los matinales con historias de la marginalidad y que en sus sesudas elucubraciones sobre el bien y el mal esconden a los autores de los crímenes de tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes.

4.- Es muy probable que el costo de $700.000 que se gasta mensualmente por cada interno sea aún mucho mayor. Lo que debemos preguntar, sin embargo, es dónde se van filtrando esas grandes sumas de dinero, porque lo cierto es que --si esos recursos fueran utilizados efectivamente en programas de reinserción social-- sería muy probable que ya no tendríamos delincuencia reincidente en este país. Las personas privadas de la libertad no están siendo las depositarias efectivas de ese gasto estatal. No hay mejoras en las inhumanas condiciones de vida y quienes están encarcelados viven un continuo proceso de animalización que los aleja cada vez más de la posibilidad de imaginar y trazar proyectos de vida en los que se sientan socialmente reconocidos.

5.- Gendarmería de Chile es una institución que alberga a muchas personas que han dado sentido a su labor y hacen esfuerzos serios por cumplir con el propósito fundamental de su trabajo. No obstante, este servicio del Estado está secuestrado por grupos de poder corruptos, que lo han transformado en una maquina de producción monetaria de la cual se benefician ellos mismos y en donde el derroche de los recursos públicos forma parte de una práctica institucionalizada. En los últimos 5 años, por ejemplo, Gendarmería de Chile ha gastado más de 1 millón de dólares en telefonía celular; en la región de Aysén --un buen ejemplo del despilfarro—hay más gendarmes que personas privadas de la libertad (311 contra 270, respectivamente); a nivel nacional el servicio posee alrededor de 150 casas fiscales y los montos de pagos de arriendo (de funcionarios cuyos sueldos pueden superar los 3 millones de pesos) van entre los $18.000 y poco más de $59.000 mensuales, y de los cuales, muchos de ellos, viven a costo cero en dichos inmuebles; al año se gastan cerca de 1,5 millón de dólares (poco más de mil millones de pesos) para financiar los sueldos de las capellanías de las iglesias católica y evangélica. Esto último es un caso particularmente complejo que da cuenta de las irregularidades del sistema, pues se trata de “funcionarios” que no han estado sujetos a las mismas exigencias que los empleados de carrera. Muchos de ellos no están, en la práctica, sujetos a controles de asistencia y horario, pero, a pesar de eso, por ejemplo, de acuerdo a la información entregada por el sistema de transparencia de Gendarmería, 7 capellanes católicos regionales ya son parte de la planta del servicio sin que se tengan certezas claras sobre el sistema de concursabilidad que los convirtió en “funcionarios públicos de planta”. Es decir, hay serias sospechas de que estos capellanes regionales han usado las vulnerabilidades del sistema y sus redes de influencias para integrarse a las plantas laborales y auto beneficiarse del servicio público.

6.- Las cifras en las cárceles son siempre de varios ceros y no se sabe con exactitud aquellas que circulan en la ilegalidad como son la venta de celulares (en Santiago su ingreso bordea los $250.000), el comercio de pastillas y drogas de variada naturaleza, el tráfico de beneficios intrapenitenciarios, el negocio en torno a la venta ilegal de cigarrillos, el descontrol financiero de algunos economatos, la venta de títulos universitarios con los cuales los funcionarios acceden a los bonos especiales, etc.

7.- Las organizaciones abajo firmantes llamamos a la sociedad organizada, a los y las activistas de derechos humanos, a las organizaciones de base pertenecientes al mundo cristiano que luchan contra los privilegios y la corrupción de la jerarquía de la iglesia, a los funcionarios y funcionarias de Gendarmería de Chile que sienten respeto por su labor, a los académicos y académicas comprometidas genuinamente con el futuro del país a tomar valor y atreverse a denunciar y arrebatar ese poder a quienes hoy—cubiertos, paradójicamente por los discursos del bien común, el amor, el miedo, la seguridad y la animalización del ser humano-- son parte de los agentes que mantienen las cárceles en el estado en que se encuentran y que, a partir de ello, haciendo uso de sus posiciones de poder, han generado un circulo en el que se repiten los nombres de los actores, de las ongs y las fundaciones que se reparten inescrupulosamente el botín de las solidaridad a costa del dolor de los que sufren, de la vulnerabilidad de quienes viven la exclusión social y de la indiferencia y cobardía de todos nosotros.

Firman:

Proyecto Mecha Chile

Proyecto Mecha Internacional

Observatorio Social Penitenciario

ONG Confapreco

ONG 81 Razones

Agrupación de Familiares de Personas Privadas de la Libertad de Aysén

ONG Marco en Libertad

Fundación Teatro para el Cambio

Agrupación Cultural Awkin

Organización Social Cultural de los Derechos Humanos de Arica-Parinacota

Fundación Mariposa del Caos – La Serena