Con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, todavía alicaído tras un periodo en el hospital, los militares instalados en el gabinete lograron imponerse como el grupo que toma las decisiones en Brasilia. No solamente Hamilton Mourão, quien tiene la ventaja de ser el vicepresidente -y que hasta ahora ha ejercido la presidencia durante más días que Bolsonaro- sino que también otros seis generales que parecen conformar una suerte de junta militar informal, responsable por impulsar la agenda del gobierno.

No son pocos los análisis políticos en la prensa brasileña incómodos con la actitud del mandatario, incluyendo los de medios conservadores y afines a su agenda económica, pero que se quejan por la forma en cómo utiliza mediáticamente el tema sobre su salud. En este escenario, Bolsonaro parece ejercer la presidencia solamente ante las cámaras, mientras permite que los generales ocupen el espacio de la toma de decisiones y del poder real.

De hecho, una de las bases que sostiene los rumores son los contínuos reclamos por parte de los tres hijos de Jair que están en la política (el senador Flavio, el diputado Eduardo y el concejal Carlos) en contra de “los que actúan cerca” del patriarca. De hecho, un recordado tweet de Carlos Bolsonaro, concejal de Río de Janeiro, durante la transición y que reveló las disputas dentro del bolsonarismo, decía justamente que “la muerte de mi padre no interesa solamente a los enemigos declarados, sino que también a los que están muy cerca. Sobretodo tras su investidura”. Muchos aseguran que se refería a Mourão, quien, de hecho, es uno de los que ha pedido al presidente que aleje a sus hijos del gobierno, en declaraciones públicas.

Además, el vicepresidente, cuando no está personalmente en el Palacio del Planalto, figura en los medios de prensa del grupo Globo, no sólo apoyando al gobierno y criticando a los hijos de Bolsonaro, sino que a veces también contradiciendo al presidente, o tratando de mostrarse como una figura más moderada, sobretodo en la política exterior. Fue así cuando Mourão desestimó la promesa del mandatario de cambiar la embajada brasileña en Israel a la ciudad de Jerusalén y cuando aseguró que Brasil, pese a que reconoce a Guaidó como “presidente encargado” y a Maduro como “dictador”, no apoyaría una intervención militar en Venezuela.

Desde que fue nombrado vicepresidente en la fórmula electoral, el general retirado Mourão fue el principal responsable por el apoyo militar al proyecto personal del ex-capitán Bolsonaro, antes resistido por el simple tema de la jerarquía militar. Parece que con el general Mourão como el líder oculto, los jefes militares se sienten más cómodos. Según los observadores políticos de los pasillos de Brasilia, es Mourão quien comanda la agenda de los ministros militares, algo que incluso parece contar con la aceptación del presidente, pero con cierta desconfianza por parte de los tres hijos.

Algo que suena lógico para académico brasileño Gilberto Maringoni, quien además es periodista, analista político y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de ABC (Región Metropolitana de São Paulo). Maringoni cree que los jefes militares son el sector con mejor capacidad de organización y representación dentro de lo que se llama “bolsonarismo”. En su análisis, Maringoni recuerda que el poder en Brasil durante casi todos los 34 años post dictadura lo disputaron tres grandes partidos (PSDB, PT y MDB), y que ahora con el pequeño PSL en el poder, se da una situación compleja, porque es un partido sin expresión social: “expresión social es diferente de tener votos. PSL tiene votos gracias a que a tiene Bolsonaro, pero es incapaz de organizar mínimamente una administración. La dictadura tuvo un escenario parecido, porque los sectores civiles no tenían expresión política para sostener su proyecto, por eso necesitó la ayuda de las Fuerzas Armadas. Actualmente pasa algo similar, pues los militares son el sector del bolsonarismo con mayor expresión social, porque representa una reivindicación de la clase media y de parte de los sectores pobres, por orden y seguridad, y aprovechan que los otros grupos son débiles o todavía no logran acomodarse”.

Maringoni agrega más datos para fortalecer la comparación entre el bolsonarismo y la última dictadura brasileña: “hay ocho ministros militares en un gabinete de 22, una proporción mayor que en todos los cinco gobiernos del régimen militar”.

Además, reconoce que el mandatario tiene razón en apelar a los generales. “La falta de cohesión en su base política y el desastre que dejan sus hijos cada vez que se manifiestan, demuestran que Bolsonaro no tiene otra salida sino entregar su confianza a quien pueda dar un mínimo de sentido a la administración. De otra forma, este gobierno no logra pararse de pie”.

Cabe recordar que de esos ocho ministros militares sólo seis son generales. Los otros dos son el capitán Wagner Rosário (Ministerio de la Transparencia y Contraloría General) y el teniente-coronel Marcos Pontes (Ministerio de Ciencias y Tecnología), que suelen mantener un más bajo perfil, pese a que Pontes, el único representante de la Fuerza Aérea en el gabinete, es muy conocido en el país por ser el primer astronauta brasileño, tras participar de una misión de la NASA en 2006 gracias acuerdos firmados entre los gobiernos brasileño y estadounidense, en los primeros periodos de los presidentes Lula da Silva y George W. Bush, respectivamente.

Los hombres de Mourão, y de Guedes

Uno de los generales del gabinete cercano a Mourão es el ministro de Defensa, Fernando Azevedo, quien hasta el año pasado era asesor de Dias Tóffoli, el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF, la máxima instancia del Poder Judicial de Brasil). Curiosamente, meses después de que empezó a trabajar con el magistrado, Tóffoli dió la declaración histórica en la que llamó “movimiento de 1964” al golpe de Estado que inició la última dictadura militar en Brasil. También es apuntado como uno de los principales apoyadores del superministro de Economía, el “chicago boy” Paulo Guedes, el autor de un durísimo plan de ajustes y reducción del Estado.

Otro cercano a Guedes es el representante de la Marina brasileña en el gabinete, el almirante retirado Bento Costa de Albuquerque, quien asumió el Ministerio de Minas y Energía. En visita reciente a Canadá, el militar participó de eventos donde invitó a empresas mineras de ese país (incluyendo la polémica Barrick Gold) a que “inviertan en Brasil y aprovechen la política de privatizaciones y concesiones para explotación de recursos naturales”. También se refirió a la tragedia que ocurrió en Brumadinho, cuando un embalse de material tóxico se rompió y generó una avalancha de lodo, destruyendo poblados y matando cientos de personas, pero sin mencionar a la empresa minera Vale, que era responsable por el embalse, y alegando que “eso fue lo que quiso el destino”.

Entre las contradicciones de su discurso, el almirante reconoce que el gobierno defiende una agenda radicalmente neoliberal, y apunta como los pilares de esa política: el ajuste a los gastos, la disminución del tamaño del Estado, la política de privatizaciones y una mayor apertura comercial hacia el mundo. Sin embargo, minutos después asegura que su presencia y la de los demás uniformados son la garantía de “un gobierno sin vínculos políticos, partidistas o ideológicos, alejado de cualquier interés que no el bien público”.

Para Maringoni, Mourão y sus generales más cercanos son los que controlan la agenda económica e internacional del gobierno, recordando una entrevista reciente al diario Valor Económico en la que el vicepresidente dice ser necesario impulsar un “desarme del Estado”. Según el académico, “Mourão es la expresión del proyecto neoliberal puro y duro, y aunque hoy trata de mostrarse más moderado, en 2016 promovió abiertamente la necesidad de un golpe militar contra Dilma Rousseff y en otra entrevista afirmó que el error de los militares venezolanos fue no haber matado a Chávez durante el golpe de 2002”.

Los generales de Haití

Además de Mourão y Azevedo, se destacan tres generales con pasaje por el comando de las tropas brasileñas que actuaron en las Misiones de Paz de las Naciones Unidas en Haití, entre 2004 y 2017. Entre ellos está el vocero Otávio Rêgo Barros, el único que no está en retiro entre los ocho ministros militares y que actuó en la isla entre 2009 y 2012.

También estuvo presente en Haití el general retirado Heleno Pereira, entre 2004 y 2006 (época en la que actuó bajo las órdenes del chileno Juan Gabriel Valdés, quien condujo la Misión de Estabilización hasta la realización de elecciones presidenciales) y ahora es el jefe de la Secretaría de Seguridad Institucional. Básicamente, es quien maneja la inteligencia del gobierno brasileño. Por su influencia sobre Bolsonaro, quien lo considera como uno de sus más importantes consejeros políticos, algunos lo comparan con el mítico general Golbery do Couto e Silva, quien fue una especie de arquitecto o líder intelectual del modelo impulsado durante el régimen militar brasileño (1964-1985).

Cabe recordar que Couto e Silva es recordado por su teoría del subimperialismo, que consiste en la idea de que Brasil tiene que trabajar para ser el aliado preferencial de los Estados Unidos en América Latina y posicionarse como el cuidador de la hegemonía estadunidense en la región, suponiendo que esa situación le garantiza privilegios en su relación con el país norteamericano.

Su discípulo Heleno es uno de los principales responsables por las estrategias del gobierno para la política internacional -incluyendo el apoyo del gobierno brasileño al asambleísta venezolano Juan Guaidó, autoproclamado presidente del país. Sin embargo, tanto él como Mourão han rechazado una mayor colaboración del gobierno con el grupo de presidentes que fue a Cúcuta el 23 de febrero. En esa fecha, el canciller brasileño, Ernesto Araújo, estuvo en la frontera de Brasil con Venezuela, en la ciudad de Pacaraima, donde hubo un menor despliegue comunicacional.

Otro de los generales con pasaje por Haití (entre 2006 y 2009) es Carlos Alberto dos Santos Cruz, quien también lideró tropas de Misiones de Paz en la República Democrática del Congo (entre 2013 y 2015), y hoy comanda la Secretaría General de Gobierno.

Finalmente, también está Floriano Peixoto Neto. Tiene el mismo nombre del mariscal Floriano Peixoto, quien fue el segundo presidente de la historia republicana de Brasil (entre 1891 y 1894), pero no se trata de un descendiente, aunque quizás pueda comprobar la alabanza de su familia a figuras históricas militares.

Peixoto Neto es el que ha ingresado más recientemente a la junta improvisada, al asumir la Secretaría General de la Presidencia, en lugar de Gustavo Bebianno, que era presidente del partido bolsonarista (el PSL, Partido Social Liberal) y que fue alejado del gabinete luego que se conociera la denuncias de financiación ilegal de las candidaturas legislativas en 2018. Además, también fue asesor militar brasileño en la Academia Militar de West Point, en los Estados Unidos.

Esos dos últimos generales regresados de Haití, Santos Cruz y Peixoto Neto, son los que comandan la agenda política en el Congreso. Por ejemplo, su principal misión ahora es impulsar la reforma previsional, por lo que se hace aún más sospechoso si los militares quedan afuera del proyecto que visa adoptar un modelo similar al chileno (como fue planteado inicialmente) y aumentar la edad mínima de jubilación a los 65 años para los hombres y 62 años para las mujeres (si es que no hay lagunas previsionales), según el texto de la propuesta. Recientemente, quizás para disminuir el rechazo social al proyecto, Heleno Pereira declaró que los militares podrían ser agregados al modelo después, pero que primero hay que aprobar la reforma sin que ellos sean afectados.

Santos Cruz también está ligado al proyecto de militarización de las escuelas públicas brasileñas, en lo que cuenta con el apoyo de ministro de Educación, Ricardo Vélez Rodríguez, y algunos gobernadores de derecha y que, pese a la oposición de los gobernadores más progresistas, ha logrado avanzar con la propuesta de entregar la administración de algunos colegios y liceos municipales y estaduales a comandantes militares.

Analizando uno por uno, el periodista y profesor Gilberto Maringoni identifica una similitud entre sus perfiles: “son todos de una derecha más extrema, ninguno encarna el ala de la derecha más nacionalista y desarrollista, identificada con el general Ernesto Geisel (el cuarto presidente del régimen militar, que gobernó entre 1974 y 1979). Todos parecen acomodarse a conceptos de la Guerra Fría, de que los Estados Unidos deben tratar de la seguridad en el hemisferio mientras que las Fuerzas Armadas cuidan de la seguridad interna”.

El arquitecto de la “junta”

Detrás de esos seis generales está el más estratega del grupo; el que llevó a los militares de vuelta al poder en Brasil: Eduardo Villas Bôas, quien fue comandante en Jefe del Ejército brasileño desde 2015 hasta enero pasado, cuando el cuadro terminal de Esclerosis Lateral Amiotrófica, que lo tiene en una silla de ruedas y conectado a un respirador artificial, lo hizo alejarse de cargo.

Nombrado por Dilma Rousseff al comando de las Fuerzas Armadas, Villas Bôas no apoyó abiertamente el golpe de Estado de 2016, pero se posicionó automáticamente al lado de Michel Temer cuando este asumió el poder. Luego, permitió un mayor despliegue comunicacional a sus hombres más cercanos, como los generales Hamilton Mourão y Heleno Pereira, justamente las dos figuras más destacadas de la “junta informal”. Al final, fue el responsable por las decisiones que llevaron poco a poco a que los militares pasasen a tener una actuación más visible dentro de la vida política del país.

El profesor Maringoni cuenta que “Vilas Bôas parecía ser el más democrático de los jefes militares, con larga experiencia en el extranjero y gran capacidad intelectual, un hombre abierto al diálogo. Pero con el avanzar de los años se fue revelando un gorila de habla dulce, como demostró en las vísperas del juicio clave de Lula”.

En abril de 2018, el general publicó un tweet amenazante dirigido a los miembros del Supremo Tribunal Federal (STF, la máxima instancia del Poder Judicial brasileño), un día antes de la sesión sobre la encarcelación o no del ex-presidente Lula da Silva. Cabe recordar que la sesión terminó con una decisión de llevarlo a prisión contrariando la norma constitucional que afirma que eso solo podría darse si hubiera una condena definitiva de su caso, lo que no existe porque falta justamente la sentencia del STF.

En el segundo semestre de 2018, Villas Bôas solicitó reuniones con todos los candidatos presidenciales brasileños, un hecho inédito en la post dictadura, visto que todos los comandantes anteriores se mantuvieron claramente alejados de las disputas electorales, y este gesto mostró que las Fuerzas Armadas añoraban un rol más protagónico en las campañas. Como podría esperarse, la serie de reuniones terminó con algunos guiños del general en favor del candidato con un pasado militar.

Las invitaciones generaron polémica cuando los que accedieron fueron algunos candidatos de izquierda, sobre todo Fernando Haddad del PT (Partido de los Trabajadores), debido al rol importante de la movida del general en la prisión del que es su padrino político. También estuvo en la reunión la comunista Manuela D´Ávila, despertando otra ola de críticas internas en la izquierda, ya que es conocido el macartismo que todavía existe dentro de las instituciones castrenses brasileñas, y lo mismo pasó con los candidatos considerados de centro-izquierda, como el neodesarrollista Ciro Gomes y la ambientalista Marina Silva. El único candidato progresista que no se reunió con Villas Bôas fue Guilherme Boulos (ni siquiera fue invitado), luego de que el presidente del partido PSOL (Partido Socialismo y Libertad), Juliano Medeiros, se adelantara para decir que su candidato no tenía razones para reunirse con un general durante la campaña.