El asbesto pertenece a un grupo de minerales fibrosos que se utilizaba como aislante térmico en las construcciones y en materiales como el cemento. Por su toxicidad fue prohibido por un decreto supremo en 2001, pero hasta la fecha hay domicilios en Chile que no han retirado el material de su infraestructura.

El Decreto Supremo 656/2000 prohibió la “producción, importación y venta de materiales de construcción que contengan cualquier tipo de asbesto”, otorgándole el deber al Ministerio de Salud de “proteger la salud pública y adoptar las medidas que se precisen para evitar la exposición de las personas a agentes capaces de provocar enfermedad”, a pesar de ello, a la fecha no existen campañas gubernamentales que promuevan el cuidado y la remoción de este material.

Según explica a La Tercera el presidente del departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico, Andrei Tchernitchin, aún hay riesgo de contaminación por la presencia de este material en diversas estructuras tanto en Santiago como en otras partes del país.

La expansión de la contaminación de este material se produce cuando se rompe, generándose una gran cantidad de fibras que se expanden por el aire y son inhaladas. En otros países se pone el material a un tratamiento específico para que su contaminación no se siga expandiendo, en ocasiones se pinta para recubrirlo y evitar que salga polvo al removerlo.

Al respecto, desde el ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) afirmaron a La Tercera que hasta el momento no existe un catastro de viviendas que presentan asbesto cemento que fueron construidas entre 1937 y 2001, pero desde el 2014 están trabajando un programa para casas que presenten el mineral, destinando recursos año a año para la atención de éstas. Según las cifras entregadas por el Minvu, hasta el 2018 fueron cerca de 84 mil viviendas fueron reparadas por los distintos programas relacionados a solucionar este problema. 

Los principales problemas que puede generar a la salud de las personas son el desarrollo de enfermedades como asbestosis, cáncer broncopulmonar y cáncer a la pleura (mesotelioma). Sobre ello, Tchernitchin explica que "toma varios años para que se genere el cáncer. La asbestosis es rápida dependiendo de la exposición al material: si fue poco es más lento, pero es progresiva“, señaló.

El libro Fibras grises de muerte: El silencio del mayor genocidio industrial en Chile, de la antropóloga Tania Muñoz y la historiadora Constanza san Juan, denuncia lo ocurrido en el país respecto a este material. Según la info recogida por el libro, el 42% de las viviendas de Chile fueron construidas con paneles o techos que contienen asbesto. También se encuentra “en las cañerías para el transporte del agua potable en Valparaíso: hay un 44% de tuberías hechas a base de asbesto en la sanitaria de Esval; Aguas Andinas (en la Región Metropolitana) tiene el 58% de las cañerías que contienen asbesto; Essbío, sanitaria de las regiones del sur, posee un 30% de este mineral mortífero, y Aguas Antofagasta, utilizó un 44%”.

El asbesto es una problemática que ha afectado la vida de cientos de personas en Chile, por ello el 30 de noviembre de 2001, el integrante de la Asociación Chilena de Víctimas del Asbesto (Achva) y militante del partido comunista, Eduardo Miño, se quemó a lo bonzo fuera del palacio de La Moneda para visibilizar la muerte de 300 personas enfermas por cáncer a la pleura producido por la contaminación que generó la empresa Pizarreño tanto a sus trabajadores como a las personas que vivían en la población Pizarreño de Maipú, construida por la empresa para sus trabajadores a pocos metros de su lugar de trabajo.

En los papeles que lanzó ese día se podía leer “hago esta suprema protesta denunciando: A la industria Pizarreño y su holding internacional, por no haber protegido a sus trabajadores y sus familias del veneno del asbesto; A la Mutual de Seguridad por maltratar a los trabajadores, enfermos y engañarlos en contra de su salud; A los médicos de la Mutual por ponerse de parte de la empresa; A los organismos de Gobierno por no ejercer su responsabilidad fiscalizadora y no ayudar a las víctimas”. 

Actualmente siguen sin haber respuestas por parte de la empresa Pizarreño sobre los daños medioambientales y de salud que generó la producción de este material en Chile. Aunque la ley prohibió el material, la empresa no ha trabajado directamente en la remoción de esta fibra contaminante de los hogares en los que está presente.

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