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La legislatura de Bolsonaro tiene apenas un mes y el nuevo secretario de asuntos estratégicos anunció hace unos días planes para construir un puente sobre el río Amazonas en el estado de Pará para empezar a desarrollar lo que llamó región “improductiva, desértica”, en referencia a la selva Amazónica.

Maynard Santa Rosa, general retirado del ejército y uno de los siete ministros militares del nuevo gobierno, dice que el gobierno planea grandes proyectos de construcción centrados en el río Trombetas, afluente del río Amazonas en el norte, para integrar la región en el “sistema productivo nacional”.

Los proyectos a construir incluyen una presa hidroeléctrica en el río Trombetas, un puente de 1.5 km sobre el Amazonas en el pequeño pueblo de Obidos y una extensión de la carretera BR-163 desde Santarém hacia el norte para llegar a la frontera con Surinam, una distancia de unos 480 kilómetros.

El general ha llamado al proyecto Plan Barão do Rio Branco en honor al diplomático del siglo XIX que negoció los tratados fronterizos con los vecinos de Brasil. El anuncio se realizó hace unos días en una entrevista exclusiva en el programa de la radio oficial del gobierno Voz do Brasil, de modo que pudo evitar preguntas complicadas sobre la viabilidad de los proyectos o sus consecuencias para el medioambiente.

Santa Rosa justificó el proyecto diciendo que “el Amazonas tiene una población de 10 millones de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza. No podemos seguir con los ojos cerrados ante esto. Debemos integrar este latifundio improductivo en el sistema productivo nacional y darles oportunidades de trabajo e ingresos”.

Dijo que la represa impulsará la capacidad energética de Brasil y producirá electricidad para procesar aluminio y acabar con los continuos apagones eléctricos en las ciudades de Manao¡us y Boa Vista. La extensión de la BR-163, si se construye, permitirá que se transporte grano desde el interior de Brasil hasta la frontera norte del país. Declaró que el proyecto también tendría otros beneficios que no especificó.

La sección sur de la BR-163 ya está construida, se extiende en cientos de kilómetros desde el estado de Mato Grosso hacia el norte hasta el puerto fluvial de Santarém en el estado de Pará. La carretera la utilizan los productores agrícolas que transportan soja a las terminales de grano en Mirituba y Santarém en el río Tapajós, donde se traslada a barcos para hacer el viaje por el río Amazonas para ser exportada a la Unión Europea y otras naciones.

El general Santa Rosa no explicó cómo beneficiaría a los exportadores de soja que se extienda la carreta cientos de kilómetros hacia el norte por una selva densa hasta la frontera con Surinam que está deshabitada.

Tampoco mencionó las poblaciones indígenas ni quilombolas (descendientes de esclavos fugitivos) que viven en la zona que describió como “desértica”, una palabra completamente imprecisa para describir la selva tropical más grande del mundo y a sus habitantes.

Para Lucía Andrade, coordinadora ejecutiva de la Comissão Pro-Índio, ONG brasileña que defiende los derechos de los indígenas, el proyecto pone en peligro “una región del Amazonas que es un mosaico de áreas indígenas, quilombos y unidades de conservación de gran importancia, no solo para la población que vive allí sino para todo el planeta. Llamarlo ‘latifundio improductivo’ es un gran error”. La región de Trombetas contiene 4 reservas indígenas, 8 quilombos y 5 unidades de conservación.

Zonas protegidas del estado de Pará, en el noroeste. La extensión de la BR-163 del río Amazonas hasta Surinam, a pesar de que no se ha anunciado una ruta precisa, disminuiría la integridad de varias de estas reservas, entre las que seguramente se incluiría la Estación ecológica Grão-Pará. Esta reserva gestionada por el estado de Pará, protege 42 458 kilómetros cuadrados de selva amazónica y es una de las unidades de conservación de bosque tropical con protección total más grandes del mundo. Este mapa no incluye reservas indígenas ni quilombos. Imagen de Aymath2 cortesía de Wikipedia.

Añadió que, en un momento en que el Ministerio del Medio Ambiente ha sido debilitado deliberadamente y se ha transferido la responsabilidad del licenciamiento ambiental al Ministerio de Agricultura, el proyecto Barão do Rio Branco es extremadamente preocupante.

El anuncio del general Santa Rosa representa el último en una larga línea de megaproyectos de infraestructura propuestos en los últimos 50 años tanto por gobiernos militares como civiles para “desarrollar” el Amazonas con carreteras, presas, vías navegables industriales, vías férreas y, en este caso, un gran puente. La descripción que dio el general Santa Rosa del proyecto recuerda a la posición de la dictadura militar de Brasil que acabó hace más de tres décadas y trató al Amazonas como una jungla vacía, ignorando las culturas y modos de vida de las poblaciones indígenas y tradicionales que han vivido allí durante siglos.

La constitución de 1988 de Brasil rechazó esta mentalidad obsoleta según la cual la selva amazónica —valorada hoy en día por su diversidad humana y natural, y vital para mantener la estabilidad climática global— se ve como un obstáculo físico que hay que superar para facilitar el avance de la agroindustria brasileña y el desarrollo y exportación de mercancías mineras.

El gobierno de Bolsonaro, al nombrar el proyecto en honor al Barão do Rio Branco, parece no solo querer honrar al diplomático, sino volver a los intentos explotadores del siglo XIX para construir vías de tren y exportar caucho del Amazonas. En las décadas recientes, el énfasis del gobierno ha cambiado a planes de gran infraestructura con los que exportar soja del interior de Brasil mediante nuevas carreteras como la BR-163 en la cuenca del Tapajós, la BR-319 en la cuenca del Madeira, el “tren del grano” propuesto y varias vías navegables industriales en el Amazonas.

Árboles talados de forma ilegal transportados en camiones sin matrícula por la selva amazónica. Las nuevas carreteras abren bosques prístinos en una secuencia típica que empieza con taladores ilegales, mineros ilícitos y acaparadores de tierras, seguidos por ganaderos y agricultores.El General Santa Rosa no mencionó el requisito legal de Brasil de llevar a cabo estudios de evaluación de impacto ambiental ni habló de licencias ambientales, pero si la presa propuesta incluye la inundación de territorios indígenas, hará falta autorización del Congreso Nacional. Además, las comunidades indígenas tendrán que ser consultadas según leyes nacionales e internacionales, como el Convenio Núm. 169 sobre pueblos Indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo, de la cual Brasil es signatario.

Varios ministros participarán en la planificación y se espera que el proyecto se anuncie de forma oficial en los próximos dos meses mediante una orden ejecutiva presidencial, lo que evitará cualquier escrutinio inicial del congreso. Sin embargo, la orden del presidente debe ser aprobada por la legislatura en 90 días o será anulada.

No obstante, el mayor obstáculo para el plan probablemente sea económico, ya que los proyectos propuestos requerirían miles de millones de dólares de inversión. En su entrevista, el general Santa Rosa no mencionó ninguna cifra para los costes ni de dónde saldría el dinero en un momento en que Brasil sufre medidas de austeridad estrictas que ponen un límite muy ajustado a los gastos del gobierno.