“Perfeccionar la ley Zamudio y elaborar una política nacional antidiscriminación para todos los órganos de la administración del Estado”. Era uno de los compromisos del programa de gobierno de Sebastián Piñera y que ahora el Ejecutivo quiere concretar a través de un nuevo proyecto de ley que actualice la normativa.

La propuesta se plantea en un contexto en el que diferentes organizaciones han solicitado modificar la normativa, por ejemplo, indemnizando a las víctimas -que hoy son a beneficio fiscal–, o complementándola con una ley de incitación al odio.

Los cambios, que se enviarán al Congreso antes del término del primer semestre de este año, serán liderados por la Secretaría General de Gobierno (Segegob), a cargo de la ministra Cecilia Pérez.

Entre las medidas que el gobierno estudia impulsar está penalizar las conductas generando tipos penales frente a las distintas formas de discriminación que podrían conllevar que en los casos extremadamente graves la discriminación esté asociada a una penalidad como el delito simple, en vez de quedar en causas que se ven en juzgados civiles, como ocurre hasta hoy.

En la previa a la modificación, la ministra Pérez convocará en marzo a una consulta ciudadana sobre discriminación, que planteará las mismas preguntas que la consulta que se hizo en 2013, durante le primer gobierno de Piñera, a fin de poder comparar sus resultados. Sobre esta consulta, se sabe que la realizará el Observatorio de Participación Ciudadana, con la colaboración de la División de Organizaciones Sociales (DOS), durará 30 días, se utilizará como plataforma una página web y también se realizará de manera presencial e, incluso, estará disponible en mapudungun.

El siguiente paso tras la consulta será constituir, previsiblemente en abril, una mesa de trabajo entre Segegob y Subsecretaría de DD.HH., encabezada por Lorena Recabarren. La mecánica de participación en esta instancia aún no está definida: o bien contaría con la participación de grupos de interés y de la sociedad civil o, como alternativa, las organizaciones interesadas tendrían que postular para poder participar. La segunda, es la opción que prefiere el Ejecutivo.

Los resultados finales se plasmarán en el proyecto final.

La Ley Zamudio se promulgó hace siete años, el 12 de julio de 2012, que establece medidas en contra de la discriminación arbitraria cuando existen motivos como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, la orientación sexual, la identidad de género y el estado civil, entre otros.

Su promulgación llegó después del asesinato del joven Daniel Zamudio en marzo de 2012, quien murió por las agresiones de un grupo vinculado a una agrupación neonazi en el Parque San Borja. Su muerte abrió el debate sobre la homofobia en Chile y la necesidad de impulsar una ley antidiscriminación para este tipo de crímenes