El domingo 19 de enero, el registro de un hombre asesinando a puñaladas a una mujer embarazada en las calles de Ibarra conmocionó a todo Ecuador y causó impacto en la región. La víctima había sido asesinada en la vía pública, frente a dos policías. En redes sociales, el video del hecho se difundió rápidamente y también los antecedentes del agresor, de nacionalidad venezolana.
Pese a lo brutal del ataque contra la mujer, los usuarios en Internet se concentraron rápidamente en el origen de su agresor. Y no sólo ellos: al día siguiente, el presidente Lenín Moreno publicó un tuit anunciando "conformación inmediata de brigadas para controlar la situación legal de los inmigrantes venezolanos en las calles, en los lugares de trabajo y en la frontera" y apuntando el problema hacia la nacionalidad del femicida.
Incluso, el Mandatario sugirió la posibilidad de crear un permiso especial de ingreso para los y las ciudadanas provenientes de Venezuela: "Les hemos abierto las puertas, pero no sacrificaremos la seguridad de nadie", aseguró.
Días después, una turba irrumpió a la fuerza en un conjunto residencial, con el objetivo de desalojar a inmigrantes venezolanos. En otros puntos de Ibarra, grupos similares reaccionaron invadiendo y saqueando residencias habitadas por grupos de venezolanos.
Por su parte, la ministra Romo le quitó responsabilidad al presidente Lenín Moreno en los ataques xenófobos protagonizados por la población: "El asesinato de una mujer embarazada transmitido en vivo, con cerca de veinte millones de reproducciones, me parece la única explicación del lamentable brote de violencia de ese día", aseguró. Sin embargo, los especialistas han insistido en cuestionar que el Presidente vinculara la violencia contra las mujeres a una nacionalidad específica.
Los datos oficiales indican que cerca de un millón de personas venezolanas han ingresado a Ecuador desde 2017: la mayoría no logra buenas condiciones y apenas un 20% ha logrado conseguir empleo formal.
En una reciente marcha que tenía por objetivo exigir mayor "seguridad" para los ecuatorianos, un joven con cara cubierta pidió prohibir la inmigración y aseguró que hay una ley que obliga a los hospitales a atender primero a los venezolanos. Dicha ley no existe, ni tampoco una orden de Naciones Unidas para favorecer a los venezolanos.
Hay otros mitos que el pánico ha alimentado sin responsabilidad: el 92% de la población carcelaria es ecuatoriana y el panorama no ha cambiado con la llegada de los venezolanos. De hecho, del total de 884 homicidios registrados durante 2017, ninguno fue autoría de algún venezolano.
Tras el brote de xenofobia, muchos venezolanos se marcharon de la ciudad: solo el primer día después de las protestas, abandonaron la ciudad 40 de ellos, incluidas mujeres embarazadas y familias con niños y niñas. En la sede de Chamos Venezolanos en Ecuador han recibido mensajes de familiares buscándolos en su país, según reportó el New York Times.
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