Este 22 de enero el Estado de Chile se sometió al tercer ciclo del Examen Periódico Universal, un mecanismo implementado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que tiene como objetivo el seguimiento de los esfuerzos de cada país miembro en reconocer y proteger los derechos humanos. Chile, a lo largo de décadas, se ha comprometido a introducir herramientas legales, sociales y políticas que permitan el ejercicio de estos mismos. Eso en teoría. Porque en la práctica, nuestro país aún está en deuda en esta materia.

Como Corporación Miles hemos contribuido al proceso de evaluación, junto a otras organizaciones de la sociedad civil, participando en informes alternativos a los del gobierno, con el objetivo de proponer una perspectiva de derechos humanos desde la experiencia de cada organización y así evidenciar las vulneraciones de derechos que ocurren en el país. Hemos velado por la promoción y protección de derechos sexuales y reproductivos, como el derecho a reconocer la identidad de género de las personas trans, el derecho al matrimonio igualitario, el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres, a recibir una educación sexual y afectiva, al acceso indiscriminado al aborto bajo las tres causales y a la inclusión de la causal salud física y mental entre las circunstancias en las que es posible realizarse un aborto legal, seguro y gratuito.

Muchos de estos temas ya habían sido objeto de recomendación en el pasado EPU realizado en 2014. Recomendaciones que, en su mayoría, fueron aceptadas por el Estado de Chile que se comprometió a impulsarlas. La despenalización del aborto en las tres causales respondió en parte a la profunda preocupación expresada por varios países en relación a la total ilegalidad del aborto. Sin embargo, el Estado de Chile eligió no incluir la causal de salud física y mental en la Ley 21.030 -cuando el riesgo a la salud no es letal pero sí afecta la vida a la mujer- a pesar de que la mayoría de los países estimaban necesaria contemplarla por respeto a los derechos humanos.

La inclusión de la causal salud física y mental ha vuelto a aparecer este tercer examen, junto a la necesidad de regular la objeción de conciencia de manera que no represente una barrera de acceso al servicio de aborto en tres causales, garantizado por la ley en establecimientos públicos que, en su forma actual, ha sido estimada por la comunidad internacional como problemática. Se le recomienda al Estado de Chile que cada servicio de salud pública tenga por lo menos un equipo de profesionales no objetores. Cosa que hasta ahora ha dependido de la voluntad de cada establecimiento de salud.

El Estado de Chile ha avanzado lo suficiente para alcanzar un mínimo ético en relación a las mujeres y a los derechos sexuales y reproductivos, pero no muestra mucho interés en encaminarse hacia una visión más amplia de derechos humanos. Tampoco ha tomado acciones necesarias para que las leyes y políticas públicas, que ya ha promulgado, sean efectivamente implementadas. Esto último se traduce, por ejemplo, en que en la actualidad hay una falta total de voluntad de parte del gobierno de Sebastián Piñera de capacitar a profesionales de salud sobre cómo realizar un aborto bajo las tres causales. Lo mismo se puede decir de la violencia contra la mujer. A pesar de que constantemente el Estado de Chile se ha comprometido a luchar contra la violencia de género, y ha tomado medidas en esa dirección, ignora las recomendaciones dadas por otros países desde el 2009, año en que se realizó el Primer EPU, cuando lo llamaron a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención  Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) que permitiría a un organismo internacional designado investigar supuestas vulneraciones de derechos humanos de la mujer perpetradas por el Estado.

El Tercer Examen Periódico Universal nos muestra que Chile, a pesar de que no sea uno de los países con menor resguardo o compromiso hacia los derechos humanos sexuales y reproductivos en el mundo, en la práctica ha tomado acciones que parecen enfocadas solo en lograr el mínimo indispensable para dar cumplimiento a los tratados y compromisos internacionales más que en abrazar una “cultura de derechos humanos” como principio fundamental.

Ahora está por verse si Chile acepta las recomendaciones de los demás Estados o hace oídos sordos. Si fuese así, nuestro país se podría exponer a sanciones de tipo económico o político o, en casos críticos, a acciones legales. También se corre el riesgo de transformarse en un país “problemático” con el que los otros no quieren hacer alianzas y, en general, de ser marginado en la toma de decisiones a nivel internacional.