El 7 de enero, la Superintendencia de Medio Ambiente, la autoridad chilena encargada de fiscalizar los permisos ambientales, aprobó el Plan de Cumplimiento (PDC) presentado por la empresa Sociedad Química y Minera de Chile Soquimich S.A (SQM), que busca compensar las infracciones ambientales que derivaron en un proceso sancionatorio en su contra. La empresa, que desde 1993, explota las reservas de litio en el salar de Atacama, al norte de Chile, había modificado, sin autorización, las variables que permiten la activación del Plan de Contingencia destinado a prevenir impactos ambientales producto de las actividades extractivas.

A esta infracción, considerada gravísima por la autoridad ambiental, se suman otras cinco entre las que destacan la extracción de salmuera por sobre lo permitido y la afectación progresiva de algarrobos, uno de los pocos árboles que sobreviven a las inclemencias del desierto.

El Plan de Cumplimiento fue criticado por representantes de las comunidades indígenas, por científicos expertos en el estudio de ecosistemas del desierto, por Albermarle, otra empresa minera que opera en el salar y por la Corporación de Fomento a la Producción (CORFO), la agencia de gobierno con la que SQM tiene el contrato para la explotación del litio. Sin embargo, cada uno de los argumentos presentados en contra del Plan de Cumplimiento fueron desestimados por la autoridad ambiental. Dicho plan fue aprobado y el proceso sancionatorio en contra de SQM detenido.

Alonso Barros, abogado representante de la comunidad indígena de Camar, aseguró a Mongabay Latam que apelarán ante la justicia.

[caption id="attachment_268643" align="aligncenter" width="768"] Salar de Atacama. Foto: Consejo de pueblos Atacameños[/caption]

El salar de Atacama, ubicado en el desierto que lleva el mismo nombre y el más seco del mundo, constituye un frágil sistema ecológico conformado por su área núcleo y por una serie de lagunas de agua dulce y bofedales que lo rodean.

Son los sistemas lacustres Soncor, Aguas de Quelana y Peine, declaradas sitio Ramsar, por ser hábitat de variadas aves acuáticas y el centro reproductivo de flamencos más importante del mundo. El flamenco Andino, el Chileno y el James son las tres especies que habitan este lugar estando el primero vulnerable y los otros dos cercanos a la amenaza, según la categorización de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

El sistema de vegetación Borde Este, que bordea el extremo oriente del salar, constituye la zona más sensible al recepcionar las aguas subterráneas y superficiales que vienen desde la Cordillera de los Andes y que confluyen en la cuenca del salar.

Es así como 18 comunidades indígenas han podido habitar, desde hace 6 mil años, esta zona del desierto, beneficiándose de los bofedales y de los acuíferos para el pastoreo de camélidos y el desarrollo de la agricultura.

SQM extrae, desde el núcleo del salar, 1700 lts/s de salmuera, agua con sal, rica en litio. A partir de ella obtiene sulfato de potasio, ácido bórico y cloruro de potasio. La producción de este último producto requiere de agua dulce por lo que SQM tiene, también, derechos de aprovechamiento de agua sobre cinco pozos en los bordes del salar.

[caption id="attachment_268644" align="aligncenter" width="768"] Salar de Atacama. Foto: Michelle Carrere.[/caption]

Las aguas dulces de los sistemas lagunares y las salobres del salar interactúan por canales subterráneos conformando un mismo sistema hidrológico. Es por ello que “las extracciones de salmuera desde el salar pueden afectar las lagunas”, asegura Ingrid Garcés, investigadora de la Universidad de Antofagasta y doctora en ciencias geológicas.

Para evitar cualquier impacto ambiental, derivado de la operaciones de SQM, el permiso con el que opera la empresa está sujeto a una serie de medidas, entre las que destaca la implementación de un Plan de Contingencia. Este, se activa cuando el nivel de las lagunas que bordean el salar alcanza cierto umbral. Para ello, el permiso otorgado a la empresa establece pozos de monitoreo y reglillas de observación para los sistemas Aguas de Quelana, Soncor, Peine y el sistema vegetación Borde Este. Cuando el umbral de dichos pozos llega al mínimo histórico registrado, se activa una alerta temprana para aumentar la frecuencia de monitoreo, a fin de anticipar un potencial efecto. En una segunda fase, se reduce el caudal de bombeo de salmuera y/o de agua dulce, según corresponda.

Pero en noviembre del 2016, la Superintendencia de Medio Ambiente inició un proceso sancionatorio en contra de SQM por haber, entre otras cosas, modificado sin autorización los niveles de activación del Plan de Contingencia. Según detalla el documento, se modificaron los pozos a monitorear, las cotas de terreno de los pozos de monitoreo y se alteraron los umbrales de activación de los niveles del Plan de Contingencia.

Además, el documento detalla que la empresa retiró dos pozos de monitoreo. Es decir, desactivó los indicadores de alerta.

[caption id="attachment_268645" align="aligncenter" width="768"] Salar de Atacama. Foto: Michelle Carrere.[/caption]

Otras cinco infracciones ambientales fueron cometidas por la empresa. Entre ellas, se cuenta la extracción de salmuera por sobre lo autorizado, entre agosto del 2013 y agosto del 2015. La “afectación progresiva del estado de vitalidad de los algarrobos —uno de los pocos árboles que sobreviven a las extremas condiciones del desierto— sin suspender la operación del proyecto, ni alertar a las autoridades desde el año 2013 a la fecha”. Además, se le acusó de entregar información incompleta respecto a la extracción de agua dulce, niveles de pozos y formaciones vegetales, “lo que no permite contar con información de control trazable que permita una verificación de las variables” señala el documento de la Superintendencia.

Para dar respuesta al proceso sancionatorio, SQM presentó a la Superintendencia de Medioambiente un plan de cumplimiento que busca reivindicar cada una de las infracciones y comprometerse a cumplir con el permiso que le fue otorgado.

Representantes legales de la comunidades indígenas y científicos manifestaron desde un principio sus reparos al plan de cumplimiento. Ello, debido principalmente a que la empresa, si bien reconoce las infracciones, niega que estas hayan podido provocar un efecto negativo al medioambiente.

La bióloga ambiental Carolina Díaz, gerente general de la consultora Amakaik, que se encuentra desarrollando un modelo ecológico para el Salar de Atacama, señala que “un programa de cumplimiento, que niega la responsabilidad de generar impacto producto de las infracciones, no puede ser un buen programa. Esto, dado que desconoce si las medidas propuestas serán realmente efectivas, ya que los impactos no están bien identificados y mucho menos están cuantificados.”

Para demostrar que la manipulación de las variables del Plan de Contingencia no produjeron impactos en el medioambiente, la empresa realizó una evaluación retrospectiva de los niveles del acuífero, medidos mensualmente, desde el inicio del proyecto. Estos fueron comparados con los umbrales definidos en el permiso ambiental, sin las modificaciones que luego fueron objetos de cargos. El resultado fue que “en ninguno de los tres pozos de monitoreo se detectó un registro de nivel bajo el valor del umbral”. Esto habría sido corroborado por la Dirección General de Aguas (DGA) quien realizó también un análisis, aunque a partir de los datos entregados por SQM.

Para los opositores al Plan de Cumplimiento, la propuesta de la empresa no es válida por tener una “estructura circular”. Es decir, que para descartar los efectos negativos de las infracciones, se utilizaron antecedentes que están cuestionados debido a la alteración de los datos y reportes de información incompleta.

La autoridad ambiental, sin embargo, consideró que el anterior argumento no se encuentra fundado puesto que en los análisis, tanto de la empresa como de la DGA, “se han utilizado los umbrales e indicadores de estado vigentes para el proyecto de SQM y no aquellos modificados sin autorización ambiental”.

En opinión de CORFO y las comunidades indígenas, lo anterior no bastaría para asegurar la fidelidad del análisis. “Se debiera contar con datos independientes, no procesados por la empresa, ya que (la información) carece de imparcialidad y perpetúa la situación actual en la empresa”. La autoridad sin embargo, también desestimó dicho argumento asegurando que “esta aseveración no puede ser compartida, en la medida que, pese a la comisión de infracción, la empresa continúa estando a cargo de la gestión ambiental de su proyecto y sigue siendo la responsable de informar a la autoridad de las condiciones ambientales”.

La bióloga Carolina Díaz puntualiza que, en efecto, “si bien es muy probable que la empresa esté provocando daños, los estudios los tienen ellos y una cosa es la opinión y otra es la prueba”.

Cada uno de los argumentos presentados en el intento de demostrar la insuficiencia del Plan de Cumplimiento fueron desestimados por la Superintendencia de Medioambiente. En opinión de Alonso Barros, dicha autoridad ambiental no consideró importantes argumentos que demostrarían la insuficiencia del Plan. Entre ellos, la afectación a los flamencos y el desecamiento del Borde Este del Salar.

Con el objetivo de confirmar si es que efectivamente, durante el período en el que se cometieron las infracciones ambientales, no hubo afectación al medioambiente, tal como asegura SQM, la CORFO realizó un análisis paralelo.

El resultado, según indica el alegato de la comunidad de Camar, fue que en la vegetación del Borde Este del Salar de Atacama, se observaron disminuciones significativas de follaje verde. “La relevancias de estas pruebas aportadas por CORFO, permiten constatar (…) lo que, en definitiva, corresponde al efecto negativo no deseado”, señala el documento. Alonso Barros asegura que se trata del mayor impacto visible en el salar, pero que este argumento técnico no fue considerado por la Superintendencia de Medioambiente a cargo del proceso sancionatorio.

[caption id="attachment_268646" align="aligncenter" width="768"] Salar de Atacama. Foto: Consejo de pueblos Atacameños.[/caption]

Por otro lado, la CORFO analizó las poblaciones de flamencos e identificó aumentos del flamenco andino en el sector de Soncor, mientras que el flamenco chileno presentó “disminuciones llamativas en Aguas de Quelana”. Según señalan las alegaciones judiciales, levantadas por la comunidad indígena de Camar, la empresa no se hace cargo del impacto en la distribución de las especies producto de la creciente fragmentación del sistema de lagunas y “la gravísima desaparición de los canales y ríos que las unía previamente”. “La mejor prueba de ello, es que ahora la base alimenticia del conjunto de las lagunas está empezando a cambiar, de tal modo, que donde antes convivían especies diferentes, hoy las lagunas se han “especializado” con grave afectación a las interacciones biodiversas históricas y con consecuencias insospechadas”. Por último, agrega que la gravedad se acentúa no solo por tratarse de especies vulnerables sino de especies tope en la cadena trófica de los sistemas lacustres del salar de Atacama.

Ingrid Garcés, asegura que el salar “evidentemente está siendo mal intervenido, especialmente en la zona este, donde hay áreas que simplemente se secaron”. Además dice estar sorprendida puesto que “no pensamos que el Plan de Cumplimiento iba a ser aprobado”.

La experta explica que, durante el proceso productivo de la empresa, parte de la salmuera extraída es reinyectada al sistema. Sin embargo, “es una salmuera que no tiene las mismas condiciones” puesto que de ella fue extraído el litio que la empresa requiere. La reinyección de salmuera podría estar así alterando el ecosistema del salar puesto que los microorganismos que viven en él, lo hacen de acuerdo a ciertas condiciones, explica Garcés. “La empresa dice que la reinyección de salmuera no tiene ningún impacto, pero no existe ningún estudio científico que lo demuestre”, agrega.

Las comunidades indígenas aseguran que el salar continúa degradándose y que cada vez está más seco. Impotentes, lo que ellos perciben, no encuentra eco en los estudios a cargo de la empresa. Los científicos y representantes indígenas que buscan demostrar técnicamente los impactos de la industria minera en el salar, deberán continuar sus alegatos. Alonso Barros asegura que la comunidad de Camar apelará la decisión de la Superintendencia de Medioambiente y que Albemarle también lo hará.

*Texto publicado en Mongabay Latam.