Meses después de legislarse a favor de la Ley de Aborto en tres causales, el Tribunal Constitucional determinó permitir a las instituciones privadas la objeción de conciencia ante aquella ley. Esto constituye sin duda un atropello al derecho de las mujeres que, tras años de movilizaciones, habíamos logrado la aprobación de la ley de aborto en el Congreso.

Nuestra Universidad ha sido un actor clave en este debate. Sin ir más lejos, cuatro de los ocho ministros que respaldaron la determinación en el TC, imparten clases en nuestra Universidad.

Si bien esta situación no nos sorprende, creemos que los académicos involucrados debieron haberse omitido ante el evidente conflicto de intereses que representaba tomar parte en esta decisión. Consideramos que aquellas instituciones que reciben fondos públicos, entre ellas los centros de salud que pertenecen a la UC, debieran, sin objeción alguna, otorgar esta prestación de servicios y hacer valer la vocación pública de la que se jactan nuestras autoridades.

La objeción de conciencia institucional privará a las mujeres al derecho a realizarse un aborto seguro en el lugar donde se atienden regularmente y negará a los médicos la posibilidad de determinar libremente si ser objetores o no.

Está claro que, tanto para este Gobierno como para nuestras autoridades universitarias, resulta más importante garantizar los derechos a las instituciones privadas, que a las mujeres. Pero los cambios son inevitables. El 2018 estuvo marcado por las movilizaciones feministas.

Gracias a eso, hoy se impulsan transformaciones culturales que no darán pie atrás. La invitación es a hacernos cargo de esta realidad.

Desde la FEUC insistiremos en que las instituciones no tienen conciencia, pero nosotros los y las estudiantes sí la tenemos. Por eso, la invitación es que este año sigamos discutiendo, trabajando y movilizándonos para construir una Universidad con compromiso de conciencia y verdadera vocación pública para Chile.