Dos juicios en contra de la Policía de Investigaciones (PDI) son los que actualmente lleva la Contraloría General de la República por mal uso de fondos fiscales, liderados por la subcontralora Dorothy Pérez, y que buscan que la institución restituya $6.795 millones.

Dentro de las cifras cuestionadas, una de las indagatorias realizadas por el organismo fiscalizador apunta a los gastos realizados por la institución para dos giras de estudio realizadas en octubre de 2016, por las que se desembolsaron $989.325.146.

Según acusa Contraloría, en la "Gira académica cultural de los aspirantes de la Escuela de Investigaciones Policiales" se realizaron viajes que no se ajustan a los objetivos institucionales, en los que participaron de 266 estudiantes acompañados de 15 funcionarios, que los acompañaron a Europa, y quienes cumplieron el rol de encargados de la delegación, y además de pasajes, alimentación y alojamiento pagado, recibieron viáticos.

El viaje se inició el 3 de octubre de 2016, duró 15 días, incluyó guías turísticos y fue gestionado por la agencia de Turismo Andes, que se adjudicó el paquete vía licitación. Además, incluyó el paso por ciudades como Madrid, Berlín, Viena, Florencia, Pisa y Roma, donde visitaron lugares emblemáticos como plazas, museos, construcciones, iglesias y catedrales.

En este caso, Contraloría no pide que las personas beneficiadas restituyan los fondos, sino que lo hagan los responsables de haberlos autorizado y liberado, entre ellos Christian Lucero Villarroel y Pamela Rojas Godoy, en su calidad de director (de la escuela) y jefe de la sección de Administración de Fondos; Jorge de la Torre Aninat, como jefe de personal de la PDI, y Fernando Vega Evaristi, a cargo de la jefatura de Finanzas.

Por otra parte, con respecto a la cifra total que Contraloría busca que sea restituida, y que supera los $6 mil millones, las mayores objeciones de Contraloría en cuanto a la PDI se encuentran en un segundo juicio de cuentas por tres presuntas irregularidades en las asignaciones por viviendas ($5.304.048.794), en gratificaciones especiales de riesgo ($127.629.194) y en asignaciones por actividades peligrosas o nocivas para la salud ($146.941.058), pero cuentan con respuestas más sólidas de la PDI.