En las últimas décadas, la irrupción de la cuestión de la “diversidad”, y particularmente de la diversidad sexual, en el discurso e intervención pública en América Latina y en Chile parece ser un hecho relevante. Sobre todo, cuando las vivencias de las sexualidades ha sido una dimensión de la vida tradicionalmente atendida específicamente por el ámbito médico. A nivel internacional la gestión de la diversidad empieza a operar sobre una multiplicidad de sujetos, cuya condición los sitúa como objetos/sujetos, poblaciones, grupos o colectivos “vulnerables” o “minorías”, susceptibles de intervenir, es decir gestionar mediante una serie de políticas identitarias orientadas a su inclusión. Sin duda ello obedece en parte, a la acción de organizaciones y colectivos de personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales/transgénero e intersexuales (en adelante LGBTI) que ha permitido la instalación de un debate que ya sea por motivos de violencia y discriminación, por la ausencia de reconocimiento en la política pública, o por desigualdades sociales y económicas, busca discutir sobre temas como la sexualidad, los derechos, la identidad, y la ciudadanía de quienes se consideran parte esta población.

En el caso de Chile, si bien se comienzan a ver otras iniciativas con población LGTBI, el trabajo más específico ha tenido relación con diferentes profesiones relacionadas al ámbito de salud y las disciplinas Psi. Sin embargo, este trabajo sigue teniendo desafíos. La razón de base tiene que ver con la sociedad heteronormada (es decir, la tendencia a que lo heterosexual binaria –hombre/mujer- sea la norma social sobre la cual se establecen las relaciones) en que tantos profesionales de la salud como pacientes están insertos/as.

Eso incide en un confinamiento social de esta población, en una construcción como “otredad” y en el levantamiento de barreras para que se inserten efectivamente como ciudadanía en la sociedad, lo que tiene incontables y complejas implicancias en su calidad de vida, que incluye estigmatización, violencia física, moral y psicológica y restricciones en el acceso a espacios de la vida social (instituciones educativas, centros de salud, apoyos médicos, mercado laboral, entre otros), entre otras, que pueden acarrear incluso consecuencias fatales, ante el aumento de ataques homo/lesbo/transfóbicos y el aumento de suicidios en estos colectivos. El último informe anual de DD.HH de la diversidad sexual y de género en Chile es sólo una muestra parcelada de este fenómeno: En 2017 los casos y denuncias por discriminación a las personas LGBTI aumentaron un 45,7%, dos personas fueron asesinadas, otras 56 atacadas en la vía pública y se reportaron 484 abusos en los campos laborales, educacionales y familiares.

Lo anterior, hace que la tarea de los/las profesionales de la salud con esta población se vuelva crucial y urgente, especialmente cuando Chile votó por primera vez en su historia, una Ley de Identidad de Género, y los Derechos Humanos de la población LGTBI están en la agenda pública y en el debate social y político.

Sin embargo, en nuestra experiencia y como parte de los resultados preliminares del proyecto Fondecyt “Acción pública y diversidad sexual en Chile: construcciones sociales en democracia (1990-2016)”, hemos visto que las deudas y desafíos pendientes de estos y otros profesionales de la salud con esta población sigue pendiente.

Primero, por la ausencia de protocolos y normativas que consideren las múltiples desigualdades que se pueden experimentar en la atención directa con población LGTBI. En vez de eso, sólo hay estrategias personales de cada profesional y de carácter casuístico. Cuando las personas LGTBI narran experiencias positivas suelen aludir a personas concretas que “voluntariamente” han hecho una opción por la temática. Esto se debe, fundamentalmente, a que las sexualidades no heterosexuales fueron por mucho tiempo un campo que no fue abordado en las prácticas de las disciplinas, o bien, porque algunas de éstas contribuyeron a la patologización de estos colectivos. Esto último es una constante denuncia por parte de los colectivos, principalmente trans, bisexuales y lesbianas.

Por otro lado, la atención generalista que prima en el ámbito de la provisión: generalmente en los box de atención directa se da por sentado que los/as usuarios/as son heterosexuales y desde esa lógica, se desarrolla una atención estandarizada. Estos son  mecanismos de invisibilización de este colectivo. Ejemplo de ello, son casos donde algunos especialistas que trabajan aspectos vinculados a la sexualidad de personas con algún tipo de discapacidad, por ejemplo, asumen una heterosexualidad de base, sin siquiera considerar la posibilidad de que las usuarias o usuarios tengan otras orientaciones sexuales o identidades de género, lo que restringe las posibilidades de atención. En la investigación, vemos que esto produce que los/las usuarios/as salgan del sistema o bien, afecte la adherencia a programas específicos de atención y prevención. Una demanda que resulta evidente es precisamente que la atención directa pueda partirse por considerar que los/as usuarios/as pueden vivir diversas experiencias sexuales, no necesariamente heterosexuales, con tal de generar confianza con pacientes LGTBI.

Asimismo, otro resultado que vemos en la investigación que resulta preocupante es la cantidad de prejuicios y estereotipos que aún profesionales de la salud tienen respecto de las personas LGTBI y de sus prácticas sexuales. Algunas personas bisexuales, por ejemplo, destacan que en los box de atención con ciertas especialidades, muchas veces, se les considera “promiscuas” sólo por el hecho de señalar su orientación sexual. Pero más grave aún, resulta cuando desde la misma atención se entrega información errónea: algunas mujeres lesbianas destacan que profesionales de la salud en ciertos espacios menos especialistas, les han señalado que ante su orientación sexual no deben preocuparse de ETS o ITS y, que posteriormente han cruzado situaciones complejas de salud por esta desinformación.

Y es que en la práctica, el mundo parece reducirse a lo masculino y femenino y a lo heterosexual (en ciencias sociales, mirada  falocéntrica y heteronormada). Cualquier otra posibilidad no se nombra, no se piensa, no se integra a priori y por ende no existe. O  existen sólo si la/el paciente lo evidencia, generando la obligación de establecer un plan, que como ya dijimos, no obedece a ningún protocolo. O por el contrario, se hipervisibiliza: en los últimos años esta sobrecarga de identificación ha estado relacionada con las personas trans, sobre todo, por quienes dentro de este colectivo que en sí es diverso; optan por intentar intervenciones quirúrgicas y hormonación. Este es uno de los colectivos más afectados por la patologización desde las ciencias médicas. Cabe señalar que sólo recientemente se dejó de considerar como un diagnóstico patológico (disforia de género) a las personas trans. Sin embargo, en Chile, aún requieren pasar por una serie de pruebas médicas y psicológicas para poder acceder a intervenciones o medicamentos que les posibiliten vivir su identidad.

Urge entonces la pregunta ¿cuál es el papel que tienen las disciplinas médicas y psi en este escenario? ¿Cómo podrían mejorar sus prácticas? ¿Cómo podrían desmarcarse de enfoques biologicistas? Algunos/as profesionales han rescatado el valor de la reflexión sobre sus propias intervenciones, con espacios de apoyo de capacitación y discusión. Pero eso no basta.

A eso debiera sumarse, el abordaje de los problemas LGTBI en los planes de estudio de las carreras, donde no sólo no se abordan explícitamente, sino que cuando se hace es desde una perspectiva tradicional (heretopatrialcal) que refuerza los estereotipos negativos o que los integra -a la pasada- dentro de un conjunto total llamado “diversidades”.

La diversidad no puede tomarse como un todo abstracto, como un cajón de sastre donde cabe todo tipo de diferencias, incluidas las sexualidades. Este uso generalista de la diversidad sólo contribuye a invisibilizar las desigualdades específicas vividas por el mundo LGTBI y puede favorecer la discriminación que padecen.

Por ello, se hace necesario generar espacios reflexivos dentro de las universidades para que sean incorporados dentro de los planes de estudios cambios que podrían contribuir a una visión más amplia que la biologicista respecto de las sexualidades, con el fin de ser coherente con las necesidades de la población LGTBI y que estos no pasen por iniciativas personales, si no que se comprendan como parte de los roles profesionales.