Como Red de Historiadoras Feministas repudiamos el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca perpetrado el día 14 de noviembre de 2018, a manos del “Comando Jungla”, agentes del Estado chileno.

Este comando de Carabineros fue creado este año por el gobierno de Sebastián Piñera con el propósito expreso de profundizar la militarización de la Araucanía y perseguir al pueblo mapuche, amparada en la Ley Antiterrorista, heredada de la dictadura de Pinochet y administrada políticamente en la postdictadura. Esta política de seguridad nacional, que se funda a partir de los lineamientos imperialistas “anti-marxistas” de EEUU, hoy se mantiene vigente, ahora bajo la rótula de la “guerra contra el terrorismo,” y a partir de la formación de las policías militarizadas especializadas en estrategias de represión. Así, en el siglo XXI, el estado chileno racista y genocida viene a engrosar la larga lista de comuneros mapuche asesinados durante la postdictadura, entre ellos, Alex Lemún, Matías Catrileo, y Jaime Mendoza Collío. Recordándonos, además, el gran número de hombres y mujeres mapuche ejecutadxs, desaparecidxs y torturadxs durante la dictadura militar.

No obstante, es preciso, como historiadoras, también enfatizar que, al hablar de violencia contra el pueblo mapuche en Chile, estamos hablando de historias y memorias largas, de violencias que brotaron con la brutal invasión colonial española y que se profundizaron y se agudizaron con la mal llamada “Pacificación de la Araucanía.” Hoy vemos cómo esta violencia estatal racista se reproduce y se encarna en un modelo de desarrollo centrado en el extractivismo, que ha visto, bajo el neoliberalismo, la depredación de los territorios y, con ello, la expulsión de sus habitantes. El sitio al territorio mapuche como estrategia de la clase política para defender intereses del capital, ha sido motivado por las trasnacionales, legitimado por los gobiernos de la Concertación (ahora Nueva Mayoría).

Así, compañeras mapuche como la Machi Millaray Huichalaf o la Lonko Juana Calfunao han sido duramente castigadas y encarceladas sólo por defender sus tierras y aguas frente las invasiones coloniales de los proyectos neoliberales extractivistas. Hoy, en rostro del Comando Jungla bajo el gobierno ultra derechista de Sebastián Piñera, se suma un asesinato más, parte del genocidio histórico contra la nación mapuche.

Como historiadoras que trabajamos con fuentes escritas y orales también queremos recordar la complicidad de la mayoría de los medios en estos incidentes. Al momento de ocurrir cualquier tipo de violencia estatal por la militarización de la Araucanía es común leer y escuchar en los medios alguna justificación, en muchos casos basada en la figura del mapuche como “terrorista” o “delincuente.” Recordemos que esto es precisamente lo que hacían los medios durante la dictadura también, inventando “enfrentamientos” y hablando de “subversivos”, cuando lo que hubo fueron violaciones masivas de derechos humanos. Con indignación hemos presenciado, uno tras otro, los casos de montajes que tienen por finalidad criminalizar al pueblo mapuche, movilizando todo el aparataje estatal para generar una imagen distorsionada del ejercicio de la violencia en la Araucanía.

Carabineros de Chile, jueces y fiscales, medios de comunicación, parlamentarios y empresarios se han articulado estratégicamente para violar sistemáticamente los derechos humanos del pueblo mapuche y despojarlos de sus territorios ancestrales. Es por ello que como historiadoras y feministas repudiamos la violencia sistémica que se ejerce desde el Estado chileno, racista y etnocida, en contra de las y los mapuche.

La participación y movilización frente a los atropellos a derechos humanos de mujeres y hombres mapuche son una respuesta a la violencia estatal, a la deshumanización de los representantes y una sociedad en que se coloca entre paréntesis la defensa de la vida de personas, dependiendo de su calidad de etnia, clase y género. La resistencia como estrategia política y social ha sido históricamente asumida por los sujetos colectivos en el territorio chileno.

Queremos hacer un llamado a nuestrxs compañerxs feministas a darse cuenta que no puede haber feminismo sin luchar contra el racismo. Esto hoy significa activarnos, salir a marchar, solidarizar y trabajar en conjunto no sólo en torno a fechas o temáticas consideradas “de mujeres”, sino también por todo el conjunto de temáticas tocadas por las intersecciones de injusticias por género, raza, clase, etnicidad, u orientación sexual. A la misma vez, también hacemos un llamado a acompañar a nuestras lamngen en sus luchas, estando atentas a sus necesidades y demandas en estos días tan difíciles para el pueblo mapuche.

Como Red de Historiadoras Feministas no nos callaremos frente la violencia, la discriminación y la injusticia que enfrenta el pueblo mapuche hoy. No miraremos hacia el otro lado o fingir que no tenemos nada que ver. Hacer Historia feminista es una práctica profundamente política y para construir mejores futuros. Eso significa denunciar en todos sus términos el Estado colonial y racista, como también las violaciones de derechos humanos que siguen perpetrando los agentes del Estado en contra de las comunidades mapuche hoy, particularmente en zonas de resistencia militarizadas. La muerte de Camilo Catrillanca se tiene que entender en ese contexto; no es una muerte aislada ni un dato excepcional, sino parte de un continuo histórico terrible de racismo y violencia.

La Red de Historiadoras Feministas ayudará a difundir información en todas sus plataformas digitales y buscará abrir canales para escuchar y responder a lo que se pide. Exigimos justicia, esclarecimiento de hechos responsables directos y responsables estatales, como lo ha manifestado el padre de Camilo Catrillanca en estas últimas horas.

Resistimos una impunidad que se arrastra por años, frente a la persecución y asesinato de jóvenes mapuche, que nos recuerda el pasado reciente sobre la vulneración de lesa humanidad de los derechos humanos de hombres y mujeres en la dictadura cívico-militar.

A su vez, la demanda es mayor, pues, es necesario colocar un fin a la militarización de la Araucanía, la anulación de la Ley Antiterrorista, el reconocimiento del derecho a las tierras y las aguas ancestrales y el respeto por la cultura e identidad de todos los pueblos originarios que habitan en nuestro país.