Chile se ha convertido en el país donde los y las adultas mayores prefieren suicidarse antes que seguir viviendo en la miseria y el abandono. Según una investigación realizada por la psicóloga Ana Vieira en 2017, son el grupo etario que más atenta contra su vida. Es más, ostentamos el triste récord de ser el país que menos garantías ofrece para el envejecimiento digno en toda América; por cada 100 mil habitantes 13,6 deciden acabar voluntariamente con su vida.

Para el sistema capitalista las personas somos mercancías, empresas que compiten incansablemente entre sí. De este modo, el neoliberalismo nos ha deshumanizado, y quien no logre seguir el ritmo “que el progreso requiere”, ha de quedar rezagado. Bajo esta lógica el destino de los y las adultas mayores es el abandono, la soledad, ser denigrados e invisibilizados. En definitiva, perder su identidad al ser considerado como un estorbo por no ser un agente de la productividad del país.

Chile fue la puerta de entrada al sistema de capitalización individual, por lo tanto, la lógica del “sálvese quien pueda” está arraigada, siendo su expresión más triste, el trato que la sociedad entrega a jubilados y jubiladas. El modelo neoliberal que impera en Chile impide una vejez digna, por no ser foco prioritario para la inversión de políticas públicas.

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Por ello, un nuevo sistema de pensiones significa avanzar hacia la dignificación de les que dedicaron su vida a construir nuestra Patria. El modelo basado en la solidaridad implica terminar con la esclavitud simbólica, miseria, hambre y las nefastas condiciones en que hoy viven -y mueren- millones de chilenos y chilenas.

Tras la elaboración de una propuesta técnica, sustentable y participativa para modificar el actual modelo de pensiones, este año se ha asumido el desafío de desarrollar en todo Chile 20.000 cabildos para resolver el tema de la aplicabilidad e institucionalidad y para dar reconocimiento a la ciudadanía y a los movimientos sociales que han impulsado estas demandas pidiendo correr los límites de lo posible.

La demanda por pensiones dignas ha penetrado profundamente porque nos duelen las condiciones materiales en que viven nuestras madres, abuelas y sus compañeros impuestas en dictadura y profundizados con la transición; en segundo lugar porque nos mintieron en tanto el actual modelo responde a una de las más macabras acumulaciones de capital, generando altos beneficios para unos pocos y miseria para muchos; en tercer lugar porque este no es el peor de los escenarios, la crisis del actual sistema de pensiones y lo referente a los cuidados de adultos mayores supone además una cuestión de género que no podemos obviar: nos afecta profunda y sustantivamente más a nosotras, las mujeres.

Es una realidad histórica que quienes se dedican mayoritariamente al trabajo doméstico, reproductivo y de los cuidados somos nosotras, sin remuneración ni reconocimiento formal alguno y por tanto, nos encontramos al margen del sistema laboral y sin seguridad social, esto es, sin horario de trabajo establecido, sin vacaciones, sin servicios sociales, ni remuneración y con ello, impedidas de capitalizar individualmente lo “suficiente” para nuestra vejez, o bien hacerlo, y tener gigantescas “lagunas” previsionales ya que el ingreso a este sistema es obligatorio por lo que elegir ahorrar o no, jamás será una opción sino una imposición.

Aquí se combina la lucha por un salario para el trabajo doméstico; lucha contra el sistema mismo, ya que encarna la petición de remunerar un trabajo que históricamente ha reposado sobre nuestros hombros como destino y condición biológica inevitable, olvidando el aporte que las mujeres hacemos a la generación de riquezas del país y las posturas que últimamente hemos discutido respecto al deseo de la maternidad, diciendo que será deseada o no será.

Incluso dentro del sistema, la desigualdad se perpetúa. Según un estudio de la Federación Chilena de Mujeres de Negocios y Profesionales, nosotras ganamos un tercio menos que los hombres (33,16%), la famosa brecha laboral es real y ello repercute directamente en las pensiones siendo la proporción de 100 mil a 60 mil pesos, hombres y mujeres respectivamente.

Ante este escenario de injusticias y opresión es que desde el movimiento feminista también hemos dicho basta: basta de la dependencia económica; basta de la pesada doble jornada de trabajo; basta de ganar menos por ser mujeres; basta de recibir peores pensiones; basta de que el trabajo doméstico no sea remunerado.

Debido a lo anterior es que vemos en la politización de este tema la oportunidad de crear una solidaridad generacional y de clase, pero en clave feminista y popular para la superación de estas problemáticas, esto es, que el cuidado de los y las mayores y sus derechos adquiera la dimensión política necesaria para posicionarse dentro de la agenda política de les que levantamos las banderas de la justicia social. El llamado es a sumarse a la protesta de hoy, llenar las calles y exigir al gobierno e instituciones que se hagan cargo de la pobreza que este sistema sostiene y perpetua.