Fue el pasado 9 de mayo cuando Contraloría emitió un dictamen en el que determinaba que el protocolo sobre objeción de conciencia que redactó el ministerio de Salud no se ajustaba a derecho, y por lo tanto, debía ser modificado.

El texto se elaboró solo dos semanas después de la instalación del gobierno de Sebastián Piñera y Emilio Santelices como el titular de la cartera, quien modificó el que había dejado Michelle Bachelet y, al eliminar solo un párrafo, permitió que las clínicas e instituciones privadas pudieran acogerse a dicha facultad –y negarse a practicar abortos– a pesar de mantener convenios y recibir fondos públicos del Estado.

Desde entonces ya han pasado cinco meses, es decir, 150 días, y pese a que la ley de aborto en tres causales ya cumplió un año desde su entrada en vigencia, la actual administración aún no cuenta con un documento oficial que lo reemplace y que establezca los procedimientos formales para que el personal de salud o las instituciones puedan negarse a practicar dicho procedimiento.

El pasado 29 de junio el Minsal anunció que en el nuevo reglamento –de mayor rango que un protocolo– se repondría el párrafo original de Bachelet, pero el texto definitivo aún no es publicado. Según publicó El Mercurio, el ministro explicó que el texto fue enviado para la toma de razón de Contraloría pero "el contralor pidió corregir algunos temas de forma" que aún se están desarrollado, y que luego "deberíamos entregarlo en los próximos días y de ahí esperar a que él se pronuncie".

"Es una forma de negación de derechos"

La lentitud de la tramitación fue criticada por distintas organizaciones que trabajaron en la promulgación del proyecto. "Nos llama la atención que aun no haya un documento a más de seis meses desde que el mismo gobierno produjera este problema. Me parece que es una falta de respeto con las mujeres, puesto que eso influye en los obstáculos que hoy día estamos teniendo para que ella puedan llevar a cabo un aborto en cualquiera de las tres causales", señaló a El Desconcierto Claudia Dides, directora de Miles Chile.

"Claramente no tener un reglamento significa que los equipos de salud pueden decidir por sí mismos si atender o no a una mujer, y en muchos casos, hay médicos que no están derivando a las mujeres en el mismo hospital sino que, al contrario, les están diciendo que no pueden hacerse un aborto, entonces me parece que es una muy mala práctica", agregó.

En tanto, Macarena Castañeda, de la Mesa Acción por el Aborto, apunta en la misma línea y asegura que esto limita el alcance de la ley. "La ausencia de reglamento implica falta de información y de un personal capacitado y dispuesto a hacer valer la decisión de las mujeres y por tanto es una forma de negación de derechos, es negligente por parte del Estado y del gobierno", afirmó.

"En este tiempo desde que se promulgó la ley hemos podido ver dos fenómenos: sigue habiendo falta de información, y por tanto, vulneración de derechos de las mujeres en la solicitud del acceso a las tres causales, el personal no está capacitado adecuadamente, en el sistema privado se les dice abiertamente que no y son las mujeres las que tienen que migrar de centro en centro buscando a alguien que respete su decisión", continuó.

Finalmente, Dides recordó que Piñera ya cuenta con un antecedentes similar en su gobierno anterior, cuando "sacaron un reglamento para uso de anticonceptivos de emergencia en adolescentes al final". "Estuvimos cuatro sin reglamento, y así como vamos, puede que pasemos los cuatro años sin reglamento de objeción de conciencia. Y eso, además de ser una falta de respeto con las mujeres, y es el incumplimiento de una ley, ellos están incumpliendo una ley en este momento", cerró.