El premio nacional Aníbal Pinto hablaba del Chile de la posguerra como un caso de ‘desarrollo frustrado’ por su avanzado desarrollo político combinado con su limitado desarrollo económico, que generaba mucho conflicto interno. En el Frente Amplio actual hay una situación análoga de desarrollo político avanzado y desarrollo institucional limitado. Mientras que el FA sacó más de 1,3 millones de votos y 21 parlamentarios en el año de su fundación, todavía carece de una estructura orgánica para dirimir discrepancias internas, también generando conflicto interno.

Esta ‘maduración frustrada’ ha hecho que el FA sea incapaz de interpelar al gobierno de Piñera (y al duopolio en general) por sus repetidos tropezones, desde la nula respuesta al desastre ambiental en Puchuncaví-Quintero, hasta su ‘modernización tributaria’ pro-desigualdad. Para ayudar a superar dicho problema, este texto analiza la más bullida disputa interna actual (el tema de las relaciones internacionales) y además, propone mecanismos para facilitar la resolución de conflictos similares en el futuro.

El debate acerca de la orientación que debe tomar el FA sobre los temas de política exterior ha supuestamente polarizado la coalición en las últimas semanas. Como siempre, la prensa empresarial ha tratado de exagerar los problemas, hablando de un conflicto casi existencial entre sectores radicales y moderados. Pero son innegables las acusaciones de lado a lado dentro del FA. Por un lado, duras críticas a los más moderados por criticar las violaciones de derechos humanos en países gobernados por la izquierda como Nicaragua y Venezuela, acusándolos de ser funcional a la derecha y al imperialismo. Por otro, se ha atacado con igual dureza a los más radicales, acusándoles de ser negacionistas que relativizan las violaciones de derechos humanos.

El verdadero problema del FA no es tener ni imperialistas ni negacionistas en sus filas sino encontrarse con dos objetivos contradictorios que son igualmente importantes éticamente e igualmente plasmados en el programa del FA. Uno es condenar las violaciones de derechos humanos de los gobiernos locales de cualquier país del mundo y el otro es condenar las violaciones de derechos humanos que se desprenden de la intervención extranjera contra estos mismos gobiernos. Pretender que estos objetivos no están en tensión o que hay una solución simple para cumplir los dos sólo obstaculiza el debate fraterno necesario en el FA para zanjar el tema.

Frente a las profundas crisis en países enfrentados con EEUU como Nicaragua y Venezuela, el conglomerado tiene que solidarizar con dos grupos de víctimas en sí enfrentados. Primero hay las víctimas de las violaciones de derechos humanos de los gobiernos de Ortega y Maduro. Hace falta que los frenteamplistas más radicales empaticen con estas víctimas, más allá de las diferencias políticas. Segundo hay víctimas de las violaciones de derechos humanos de los movimientos de protesta armados, que se han alzado contra esos gobiernos con el apoyo de EEUU. Hace falta que los frenteamplistas más moderados empaticen con estas víctimas, también más allá de las diferencias políticas. Analizamos los argumentos de los dos grupos del FA brevemente, para tratar de des-obstaculizar esta solidaridad.

Los radicales-FA sospechan de las denuncias de las ONG de derechos humanos y la institucionalidad jurídica interamericana, por haber sido instrumentalizadas por EEUU. Aquello no es una teoría de conspiración como algunos académicos nuevamayoristas alegan. El sesgo de organizaciones como Human Rights Watch (HRW) es ampliamente analizado desde la academia: su cercanía a la Casa Blanca llevó a HRW a apoyar bombardeos de la Fuerza Aérea estadounidense y sabotear el proceso de paz en Colombia. Este problema de instrumentalización de los derechos humanos con fines intervencionistas no es solo de HRW. Como parte de un proyecto de investigación de la Universidad de Yale, James Peck (un connotado especialista en política exterior estadounidense) ha analizado detalladamente el uso selectivo de la condena de derechos humanos para castigar a gobiernos opositores a Washington. Pero se puede reconocer todas estas críticas al uso tergiversado de condenas a gobiernos de izquierda y al mismo tiempo solidarizar directamente con las víctimas anti-oficialistas quienes, marchando pacíficamente, se encontraron con represión y a veces fuerza letal.

Los moderados-FA sospechan de las denuncias de intervencionismo de los gobiernos de Ortega y Maduro, por ser excusas frente a los fracasos económicos y políticos propios. Reconocer esto no es hacerle el juego a la derecha, como algunos políticos nuevamayoristas alegan. Los profundos problemas de estos países han sido ampliamente analizado desde la izquierda: no ha sido intervencionismo sino errores de política economía los que han generado un profundo malestar y protestas sociales en Nicaragua y Venezuela. Pero una cosa es el malestar de las clases populares de estos países, y su legítimo derecho de organizar movilizaciones sociales pacíficas (muchas de ellas, sobre todo en el caso nicaragüense, con fines anti-neoliberales muy loables). Otra muy distinta es el actuar de otros grupos de manifestantes armados, con apoyo financiero y logístico de EEUU (autoconfesado) quienes atacan civiles pro-gobierno y hasta los matan. Solidarizar con los primeros no debe obstaculizar condenar a los segundos.

Como dice Jan Hessbruegge (abogado de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) los actores no-estatales también pueden violar los derechos humanos (Hessbruegge 2005:2). Fue en un caso sobre Nicaragua que la Corte Internacional de Justicia falló que la conducta de individuos que no fueron agentes del Estado violaron los derechos humanos porque fueron ‘atribuidos’ a EEUU (Hessbruegge 2005:14). En Venezuela las protestas sociales organizadas por una oposición también en diálogo con EEUU han tenido un altísimo componente de violencia dirigida contra gente pobre supuestamente pro-gobierno. Ellas culminaron en un incidente donde los manifestantes anti-chavistas quemaron vivo a un comerciante negro, con insultos racistas y políticas mezcladas, recordando las violaciones de derechos humanos de grupos organizadas no-estatales como el KKK en el sur estadounidense. Evidentemente estas víctimas no del Estado sino de las protestas violentas, también merecen solidaridad.

En el caso puntual de la política chilena hacia la crisis de Nicaragua y de Venezuela los radicales-FA han solidarizado con las víctimas de las protestas violentistas y los moderados-FA con las víctimas de estos Estados. Puesto que estos dos grupos de víctimas están muchas veces enfrentados entre sí, no es sorpresa que esta crispación se traspasara al interior del conglomerado. Pero el FA busca transformar la política garantizando los derechos sociales universales a través de una práctica política radicalmente participativa; entonces que debe resolver esta crispación de forma participativa también.

El programa del FA, que es la base de su unidad, fue construido con la participación directa de 12 mil simpatizantes debatiendo las visiones y medidas concretas y 16 mil votando en un plebiscito para dirimir discrepancias. Así se forjó democráticamente una postura política común con un consenso sobre las políticas públicas específicas para realizarla. Esto debe seguir siendo la base de las decisiones del conglomerado, tanto de la bancada parlamentaria como de los representantes de sus partidos y movimientos. En caso de que haya una disputa sobre la interpretación correcta del programa (como en este caso donde dos principios igualmente validados de no-intervención y no violación de derechos humanos entraron en conflicto) hay que debatirlo. Pero el debate debe ser fraterno (cosa que no ha ocurrido hasta ahora) y sobre todo transparente, participativo y vinculante.

Para asegurar estas tres características, el FA necesita una estructura institucional más sólida, donde las decisiones de los parlamentarios sobre la interpretación del programa se guíen por la orgánica política profundamente democrática. El FA-uruguayo es un buen ejemplo donde la participación de las bases ha garantizado la permanencia en el tiempo del conglomerado, pero también la alta calidad de la participación democrática interna. Se espera que el FA haga algo similar lo antes posible.