Violar derechos humanos de personas, no es, para algunos, tan terrible, si es que miramos bien el contexto en el que se los viola.

Lanzar personas al mar, a veces vivas y muchas más veces abiertas en sus vientres y atadas a rieles para que no floten; desaparecer personas; torturar hombres y mujeres indefensos y hacerlos llorar y gritar desesperadamente; asesinar padres, madres, hijos y hermanos y destrozar familias. Todo eso es terrible, reconocen personeros de la derecha, pero, nos interpela Van Rysselbergue, “no olvidemos el contexto”. Así que pretendo analizar “el contexto” y su valoración jurídica y moral.

Las últimas semanas han sido especialmente duras en temas de derechos humanos.

Como primera cuestión, la Corte Suprema liberó a cinco criminales condenados por delitos de lesa humanidad. Se trata de una sentencia que revela ignorancia grave respecto de la legislación internacional sobre la materia, que incumple con compromisos del Estado de Chile asumidos en tratados con rango constitucional y que, por sobre todo, demuestra una insensibilidad y falta de criterio sobre lo que es justo que asombra. Según los ministros, el Estatuto de Roma es fuente de limitaciones para la Corte Penal Internacional de Justicia para conceder beneficios, pero no limita en nada a la Corte Suprema chilena. Hay que tener un ego inmenso y un entendimiento escaso de la legislación internacional sobre DDHH para sostener una tesis como esa.

Posteriormente, se nombró como ministro de Cultura a Mauricio Rojas, quien sostuvo en un libro que el Museo de la Memoria era “un montaje”. Vaya. El negacionismo en su máxima expresión. Luego, Mario Desbordes nos pide no olvidar a “las otras víctimas”, revelando que no sabe que en el Museo hay un lugar en que se recuerda a los escoltas que fallecieron en el atentado a Pinochet, pese a que en cualquier caso debería saber que las violaciones a los DDHH, en sentido estricto, lo cometen solo los Estados en contra de sus ciudadanos, pues los actos supresores de bienes jurídicos en que incurren los ciudadanos son delincuencia común y en ocasiones delincuencia considerada terrorismo. Una columnista y tuitera como Teresa Marinovic se pregunta si hemos olvidado “el contexto” o si creemos que el golpe de Estado fue algo así como un “antojo de las Fuerzas Armadas”, sosteniendo al parecer que los militares fueron instrumentos ciegos y por ende irreprochables de las fuerzas históricas, tesis bien marxista, por lo demás. Y concluimos con Jacqueline Van Rysselberghe, que junto a su firme creencia de que la UDI es popular y feminista, reprocha al Museo de la Memoria contar solo “una parte de la historia” y olvidar o no expresar “el contexto” en que se violaron los derechos humanos.

Pues bien, los contextos no importan, jurídicamente hablando. Pueden servir para tratar de entender por qué algo ocurrió, pero no para valorar eso que ocurrió de un modo diferente.

Si usted quiere entender por qué en Chile se produjo un golpe de estado, puede acudir a explicaciones muy diferentes. Algunos pensamos que la doctrina de la seguridad nacional había cosechado sus frutos en la FFAA; que la derecha económica y Estados Unidos complotaron con enorme eficiencia contra Allende, con la importante ayuda de una DC cuyo compromiso con la democracia quedó para siempre en entredicho; que era impensable que un gobierno con ese nivel de progresismo pudiese concluir. Otros creen que el gobierno de Allende fue inconstitucional e irresponsable, conduciendo al país a una situación en la que la única alternativa era un golpe militar.

Haré una concesión que para mí es como conceder que la tierra es plana: supongamos, por facilitar el análisis, que la segunda explicación es la correcta: Allende, los socialistas, la UP, las ansias desmedidas de revolución, causaron el golpe. No los empresarios; tampoco Nixon ni Kissinger; menos los militares, tan renuentes desde siempre a hacerse con el poder en Chile… No. La culpa toda y completa fue de Allende y su gobierno. Partamos desde este absurdo e increíble escenario imaginario. Está concedido. Ese es el “contexto”.

Lo que sigue no es una “restauración” de la democracia ni un llamado a elecciones abiertas; lo que sigue son 17 años de dictadura, de supresión de la democracia y de las libertades y, en los calabozos y recintos militares, lo que sigue son torturas, gritos, golpes de electricidad, violación de mujeres hasta con perros entrenados, ejecuciones sumarias, lanzamiento de cuerpos al mar, asesinatos disfrazados de enfrentamientos.

Aun si el Golpe hubiese sido “inevitable”, las violaciones horrorosas a los DDHH no lo fueron. Aun si el contexto pudiese explicar y justificar un Golpe de Estado – me duele escribir esta frase estúpida, aun en aras de este ejercicio -, las violaciones de los DDHH solo pueden explicarse en función de una psicopatía generalizada en unos cuerpos militares organizados, pero no justificarse.

¿Qué pretende Van Rysselberghe cuando apela al “contexto”? En materia penal, y hablando en términos amplios, solo podría eliminarse el carácter de delito de una conducta si existe una causal de justificación (un permiso) para cometer un hecho normalmente reprochable, como cuando se autoriza el uso de la fuerza para defenderse de un ataque injusto; o si existe una causal de exculpación (una circunstancia que elimina la posibilidad de reprochar la conducta), como cuando no se condena a alguien que cree genuinamente actuar conforme a derecho.

El contexto histórico, incluso este contexto imaginario que se habría iniciado por un Golpe de Estado del que insólitamente se culpa al derrocado y no al golpista, nunca puede operar como una causal de justificación ni como causal de exculpación. Por eso, solo por eso, la DINA, la CNI y la dictadura nunca reconocieron que torturaban y mataban personas: porque sabían que ni entonces ni ahora tenía justificación alguna. El contexto no justifica ni exculpa. Ni siquiera atenúa la responsabilidad de los violadores de DDHH, porque esos delitos no pueden pretenderse justificados, exculpados o atenuados por contexto alguno.

Torturar y asesinar personas indefensas a través de organismos de seguridad o institutos armados será siempre un delito de lesa humanidad cuya comisión será un acto de simple y monstruosa cobardía e inhumanidad, y en los que ningún contexto logra significación jurídica relevante.

Debieran tomar nota de ello la Senadora  y nuestra Corte Suprema.