El proyecto económico chileno ha producido históricamente territorios para las distintas clases sociales, proceso que se agudiza con la dictadura militar cuando se erradican campamentos y conjuntos de vivienda social bien localizados (muchos de ellos en la comuna de Las Condes) a la periferia de Santiago, y se instaura el sistema subsidiario de adquisición de vivienda “social” a la demanda. En éste se abaratan los costos de construcción y de suelo, haciendo que estas viviendas se concentren repetitiva y homogéneamente donde el valor del suelo es más barato, además de ser construcciones de baja calidad y de pocos metros cuadrados.

Tanto la historia de las ciudades, primero coloniales, luego “criollas”, así como la radicalización del mercado urbano desregulado, generaron que en las ciudades chilenas se produjeran comunas para ricos y comunas para pobres. Las comunas para ricos concentran los servicios de salud y educación privados, los centros comerciales y de consumo, los polos económicos y de trabajo, los parques y lugares de ocio, la infraestructura y sistemas de transporte (en general de calidad), entre otros. Esto conlleva que los municipios también ostenten las riquezas que otros no tienen, a través del pago de contribuciones y patentes comerciales, por lo que pueden asegurar de manera más efectiva buenas condiciones en sus servicios públicos de educación y salud (debido a que son municipales y no estatales con un enfoque de derechos universales), en seguridad, en aseo y cuidado de infraestructura y áreas verdes, en convivencia comunitaria, etc. El hecho que este sistema desigual y reproductor de desigualdad haya perseverado por tantos años, ha generado la naturalización de estos territorios de “apartheid” por parte de sus habitantes y de la sociedad en general.

Las Condes, más allá del imaginario construido de ser la comuna más rica de Chile, fue ayer una comuna diversa e integrada hasta los años 80s e incluso hasta hoy. A mediados de los 70s, por ejemplo, era la segunda comuna con más campamentos. Integró en el centro de su comuna uno de los proyectos más emblemáticos de la CORMU, la Villa San Luis de Las Condes, proyectado durante el gobierno de Frei Montalva e implementado durante el gobierno de Allende, como un barrio modelo, con el proyecto de centro consistorial (nunca construido, convertido hoy en un mall) y con viviendas sociales de calidad y tamaños dignos, dirigidos especialmente a los numerosos pobladores que habitaban en los campamentos de la comuna. Pobladores que luego serían expulsados ilegalmente, arrebatándole sus viviendas por parte del Ejército, que luego vendería los terrenos para uno de los negocios inmobiliarios más suculentos de la historia, conocido hoy como “Nueva Las Condes”. Se trata de un caso ejemplar de acumulación por desposesión y al mismo tiempo un intento de borrar la memoria de que otra ciudad si fue posible. A pesar de lo emblemática que fue la Villa San Luis en materia de vivienda social bien localizada y de calidad, fue el mismo alcalde Lavín en 1997 quien arriba de un bulldozer comenzó su simbólica demolición. Consideramos paradójico que sea el mismo Lavín que demolió las mejores viviendas sociales de Las Condes, el que quiera construir otras hoy.

Antes de la emblemática Villa San Luis, la en ese entonces semi-rural comuna de Las Condes, fue en gran parte urbanizada por un modelo de “vivienda social” inexistente hoy, pero que constituye un ejemplo que debiéramos rescatar del olvido. Las villas y barrios construidos a través de las diferentes cajas de empleados (públicos, particulares, etc.) constituyeron un modelo económico y urbano sin fines de lucro, donde las cajas (entidades inexistentes hoy) diseñaban, construían y daban las posibilidades de acceso con créditos sin intereses a los asalariados. Miles de familias, que estaban lejos de ser ricas, tuvieron la posibilidad de acceder a “viviendas sociales” dignas, localizadas en la en ese entonces periférica comuna de Las Condes. El mismo barrio de la Rotonda Atenas, el cercano Fleming, o la Villa El Dorado y tantos otros conjuntos, fueron construidos bajo este modelo. Posteriormente el sector de Colón Oriente se trasformó en el último de la comuna con viviendas sociales, esta vez bajo el modelo “SERVIU”.

Aunque no es el tema central de esta columna, debemos recordar que lo que conocemos históricamente en Chile como “vivienda social” en realidad no lo es. Sino que se trata de un sistema de acceso a la propiedad privada con subsidios del Estado, que al final del día terminan en las arcas de los mercaderes del suelo y de la construcción, aunque los teólogos del neoliberalismo -como Hernando de Soto, premio Milton Friedman- han tratado por décadas de convencernos que ese traspaso de capital económico “común” hacia los particulares va a sacar a las familias de la “pobreza”, repitiendo el mantra de “transformar un país de proletarios, en uno de propietarios”. Un verdadero sistema de “vivienda social” incluiría viviendas sociales (municipales o estatales) en arriendo, en propiedad colectiva y cooperativa y, en menor medida, ayudas en acceso a la propiedad reinvirtiendo una gran parte de los montos en crear un área de propiedad pública o común, que además serviría como freno a procesos especulativos como la gentrificación.

“A nosotros como comunidad nos afecta en la plusvalía de nuestras viviendas”, así la vocera de los vecinos en contra del proyecto de Rotonda Atenas considerado de “integración” (aunque se trata de un proyecto privado, que incorpora distintos dispositivos de adquisición que ensamblan subsidios habitacionales y créditos hipotecarios), explica sus argumentos para oponerse a este edificio. Es necesario explicar que la plusvalía, la que tanto alegan que perderán los vecinos con la llegada de las “viviendas sociales”, no la generaron ellos. La plusvalía se genera por razones externas a los propietarios, gran parte de las plusvalías se crearon gracias a la inversión pública, es decir, con los recursos de todas y todos. En régimen urbano capitalista, las plusvalías se generan por las características del entorno, la conectividad y el sistema de transporte público, la red vial, los bienes y servicios públicos, las áreas verdes, así como las posibilidades que dan los instrumentos de planificación como el Plan Regulador (también de competencia pública). Esta constatación nos indica que se hace más necesario aún tener instrumentos de recuperación de las plusvalías, para luego repartirlas contra la desigualdad urbana y así acabar con el abuso que significa que por ejemplo los vecinos de Rotonda Atenas recauden cuantiosas plusvalías que ellos no generaron solos, sino que se crearon gracias a la acción de los poderes públicos, así como al proceso colectivo de producción de la ciudad.

Nuestra crítica al modelo subsidiario de vivienda (supuestamente) social del actual régimen subsidiario y de propiedad privada sin regulación de precios inmobiliarios o del mercado de suelo, implica tomar en cuenta que aunque se construyan “viviendas sociales” en suelos caros, como pretende el alcalde Lavín, es una excepción de la que sólo se puede dar el lujo el millonario municipio de Las Condes. Esas viviendas pueden ingresar al mercado luego de sólo 5 años de “protección”, lo que haría que se obtengan plusvalías monumentales, que fueron vehiculadas con fondos públicos (como en el caso de una línea de metro por ejemplo), pero que el día de mañana serán recuperadas por privados, debido a que actualmente no tenemos herramientas para recuperar o regular las plusvalías.

Otra de las razones para la oposición a la llegada de los nuevos vecinos de viviendas sociales en los barrios “acomodados”, como la Rotonda Atenas hoy y Vitacura ayer, o incluso en otras comunas, se trata más bien de la aporofobia (del griego á-poros: sin recursos, indigente, pobre; y fobos: miedo). El ejemplo de la “ropa tendida” o de la seguridad son claros. La filósofa española Adela Cortina propuso el concepto de aporofobia (considerado revolucionario por su capacidad de transformación de la realidad social) para designar el “miedo a los pobres”; miedo o rechazo que es diferente a la xenofobia (odio o rechazo hacia personas de color o etnia distinta). En palabras de Cortina “es el pobre el que molesta, el sin recursos, el desamparado, el que parece que no puede aportar nada positivo al PIB del país al que llega o en el que vive desde antiguo, el que, aparentemente al menos, no traerá más que complicaciones”. Esta aporofobia en ciudades neoliberales y segregadas espacialmente como Santiago, se ve incrementada por los prejuicios que crean la distancia tanto espacial como simbólica que hemos construido como sociedad extremamente desigual. Así, la pregunta que le hacemos a los vecinos de Rotonda Atenas es ¿rechazan a los potenciales nuevos vecinos porque la Rotonda está sobrepoblada o porque son “pobres”?

En resumen, estamos de acuerdo con la construcción de viviendas sociales en Las Condes, pero también en Vitacura, Providencia y Santiago Centro, porque implica redistribuir la centralidad de la ciudad, con la consiguiente democratización en el acceso a servicios y bienes públicos. Sirve además como freno a los procesos especulativos y, de alguna manera, es un primer paso hacia el derecho a la ciudad. Pero no basta con la bullada excepción de Lavín en la Rotonda Atenas, que incluso leyendo entre líneas podríamos interpretar como un simple gesto populista y clientelista, que busca resguardar algunos votos de familias que ya habitan en la comuna. Un verdadero gesto por la integración de parte de Lavín, sería ofrecer sus “viviendas sociales” a familias allegadas de comunas sobrecargadas de vivienda social como La Pintana las que, seguramente, pasan más de 4 horas diarias en el Transantiago para llegar a sus trabajos en el sector oriente de Santiago.

Lo que proponemos se resume en una reforma urbana, una nueva política de vivienda y ciudad, que incluya exigir porcentajes mínimos y máximos de viviendas "sociales" en cada comuna, con criterios de localización y democratización del acceso a los beneficios de la ciudad, entendida ésta como obra colectiva. Por ejemplo, en Francia cada municipio por ley debe tener 25% de viviendas sociales, y recientemente en Barcelona se aprobó que el 30% de las construcciones o rehabilitaciones deben ser destinadas a vivienda protegida. Creemos que Chile país OCDE, debería por lo menos aspirar a ese 25% por comuna, y detener el lobby con el que hace algunos años la CChC consiguió bloquear un tímido 5% de viviendas sociales, ni siquiera por comuna, sino que sólo por desarrollo inmobiliario. Esa reforma urbana (ver algunas propuestas acá: implica ir más allá y transformar el modelo chileno de viviendas sociales para avanzar hacia uno con viviendas en propiedad colectiva, municipal o pública, y así sacarlas del actual mercado desregulado. Misma situación con el suelo, creando bancos de suelos públicos (con alternativas de propiedad de suelo como los Community Land Trust) y, finalmente, instalando una política de recuperación de plusvalías como ya acordó el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU), pero que todavía no ve la realidad ni legislativa ni normativa.