Con el pretexto de fomentar y regularizar el empleo joven, el pasado jueves 12 de julio fue aprobado con votos de Chile Vamos, la Democracia Cristiana y el Partido por la Democracia, el proyecto del Ejecutivo que busca establecer en Chile un régimen especial de trabajo para jóvenes que estudien en educación superior técnica o profesional y necesiten trabajar.

Son más de un millón los jóvenes entre 18 y 24 años que estudian en educación superior y, de ellos, el 31,6% estudia y trabaja. Al igual que los niveles mundiales de desempleo juvenil, este es mayor a la cesantía general, alcanzando en Chile un 17% (más del doble a la cesantía general que alcanza un 7,2%). La mayor parte de los jóvenes que estudia, necesita trabajar, debido al alto costo de los aranceles universitarios y los bajos ingresos familiares. Sin embargo, un 73% declara no poder hacerlo por encontrarse estudiando. La rigidez de las mallas y horarios de las carreras son otra barrera para que los trabajadores accedan y se mantengan en estudios superiores.

¿En que consiste este proyecto? En general, consiste en un estatuto especial que le permite al empleador flexibilizar al máximo la jornada de trabajo, distribuyendo 30 horas semanales en jornadas alternativas, sin considerar domingos, festivos, ni vacaciones y otorgando a los estudiantes permiso solo para rendir exámenes, sin goce de remuneración y sin esclarecer claramente sanciones al empleador que no autorice al estudiante a rendirlos.

Los argumentos del gobierno son los mismos de siempre: flexibilizar para crear empleo. Sin embargo, precarizar el empleo no crea más y mejor trabajo, crea más miseria. La única consecuencia de este principio neoliberal es aumentar las ganancias a costa de derechos y la dignidad de los trabajadores, en este caso, de los jóvenes estudiantes.

El proyecto original contenía principalmente las siguientes indicaciones:

• Los contratos a plazo pueden ser renovados indefinidamente por el empleador y en ningún caso se convertirán en contratos indefinidos en los supuestos legales del art. 159 N° 4 del Código del Trabajo.
• No requiere el desafuero, es decir, autorización judicial, para despedir a los trabajadores con fuero sindical o maternal, invirtiendo la regla general.
• En el caso de cumplir 29 años o dejar de ser alumno regular, el contrato termina inmediatamente por el solo ministerio de la ley, sin indemnización. Si el mismo empleador lo contrata posteriormente, los años trabajados en virtud del contrato anterior no se suman para el cálculo de la indemnización por años de servicio.
• Los estudiantes podrán pactar con el empleador quedar exceptos del descanso de domingos y festivos. En la práctica, todos los empleadores impondrán este requisito para poder trabajar.

Sin embargo, sufrió algunas modificaciones en su discusión en la Cámara de Diputados, manteniendo su esencia y espíritu, el proyecto de ley se sube al Senado con las siguientes indicaciones:

• El estudiante trabajador tendrá el “derecho a un permiso” sin goce de remuneración con ocasión de rendir sus exámenes académicos. Si consideramos que los estudiantes tienen varios exámenes al mes y que el hecho de dar un examen signifique que no se gozará de sueldo por ese día significará en la práctica el salario del estudiante disminuirá de forma considerable.
• La flexibilidad y alternatividad que propone este proyecto con respecto a la distribución de la jornada de trabajo dentro de la semana es preocupante, en la práctica, no existirá una sola modalidad de jornada de trabajo, sino que varias alternativas que el empleador deberá “acordar” con el trabajador.
• Se mantiene dentro del proyecto de ley la posibilidad de “exceptuar” del derecho al descanso dominical y festivos al trabajador estudiante, previo “acuerdo” con el trabajador.
• Tampoco se garantiza el derecho de vacaciones, ya que en el período del año en que el estudiante no esté estudiando se da la posibilidad de la suspensión del contrato de trabajo, la mantención en las mismas condiciones o el aumento de la jornada de trabajo hasta las 45 horas semanales.
• Se abre la posibilidad de que el empleador pueda estar exceptuados de la obligación de declarar y pagar las cotizaciones de salud.

Es importante señalar que al momento en que los estudiantes buscan trabajo, no pueden negociar en igualdad de condiciones las cláusulas del contrato, ya que el poder de decisión de contratar al trabajador reside siempre en el empleador, por tanto, es el empleador quien impone las condiciones de trabajo, quedando al trabajador la posibilidad de aceptarlas en conjunto o rechazarlas, teniendo en consideración siempre que la llamada libertad contractual esta siempre condicionada por la necesidad de obtener recursos por parte del trabajador. Son ilusorias entonces todas las normas que le permiten “optar” al trabajador, ya que en la práctica McDonald, Starbucks y otras cadenas beneficiadas con este estatuto, simplemente no aceptarán modificaciones por parte del trabajador.

El gobierno, a pesar de no contar formalmente con mayorías parlamentarias, ha logrado aprobar este estatuto con la complicidad de los partidos de la ex Nueva Mayoría. Lamentablemente las organizaciones sociales y políticas no hemos sido capaces de oponernos con fuerza al proyecto, que pasará a ser discutido en el Senado prácticamente sin oposición del movimiento social.

El trabajo y la educación superior deben ser compatibles, pero eso no puede ser a costa de los derechos de los trabajadores. Abrir la educación superior para los sectores populares no pasa solamente por la educación gratuita. Son muchos los jóvenes que deben congelar o alargar sus estudios, ya que sus familias no tienen suficientes ingresos para mantenerlos una vez egresados de la enseñanza media y, al mismo tiempo, los jóvenes mientras son estudiantes no pueden acceder a empleados estables y bien remunerados. Se debe luchar por ampliar y mejorar sustancialmente las becas de alimentación, mantención y vivienda, para que los jóvenes puedan efectivamente dedicarse de lleno a los estudios.

Paradójicamente, las universidades públicas prácticamente no cuentan con cátedras vespertinas que permitirían compatibilizar el trabajo con el estudio y son instituciones privadas, de dudosa calidad académica y con aranceles más altos que el promedio quienes han captado a los estudiantes que requieren trabajar.

El rechazo al estatuto laboral para jóvenes debe ser instalado como una demanda central del movimiento sindical, popular y estudiantil, junto con la democratización de la educación superior, no solo para que tomen decisiones quienes tienen el privilegio de acceder a ella, sino que más ampliamente para que el pueblo pueda llenar las aulas universitarias y hacerlas propias, así se mejora el empleo y la dignidad en Chile.