Vivimos en un país profundamente desigual. En 2015, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) nos situó en el cuarto lugar -de 35 países- del ranking de pobreza relativa a ingresos. La situación a tres años no ha mostrado señales de cambio y podemos percibirla claramente en la educación, en las brechas de género, en el sistema de salud, en las pensiones y -por supuesto- en el diseño de la ciudad y sus políticas habitacionales.

La morfología de una ciudad, su proyección y planificación habla sobre la visión de sociedad que se quiere reproducir y conservar. Nuestras ciudades son espacios en donde la segregación se materializa en la existencia de barrios para “gente bien” y ghettos en las periferias donde el narcotráfico y la violencia las vuelven verdaderas zonas de sacrificio urbano. No importa tanto si tienen industrias que contaminan su aire y agua, no importa si el acceso a bienes y derechos básicos se ve truncado. Son pobres, son las y los indeseables de una sociedad que los produjo y que los desecha sin asco.

Es por esto que se hace necesaria la noción de espacio público, integración y apertura en el diseño de nuestras ciudades. El espacio público es el espacio cívico del bien común, donde nos encontramos, en donde se genera el diálogo, donde vivimos nuestra ciudadanía. Este espacio cívico va en sentido contrario, al espacio privado y a intereses individuales, y estos días hemos visto cómo los intereses individuales y egoístas de ciertas vecinas y vecinos de nuestra comuna han ido en picada contra la construcción de un edificio de viviendas sociales más un centro comunitario en la Rotonda Atenas. Con argumentos tales como la disminución de la plusvalía, el colapso vial y la preocupación por su seguridad, escudan su incomodidad para compartir espacio con personas que no son “como uno”. Ha sido realmente triste ver en noticieros y matinales argumentos esgrimidos hacia la poca higiene, el supuesto modo de vida y los problemas que podría traer la llegada de familias que han estado ahorrando por años por una vivienda propia. En nombre de la plusvalía los ghettos se multiplican por un Santiago cada vez más expandido y precarizado en sus políticas de vivienda social. ¿Pero es esta iniciativa un hito revolucionario en esta materia?

Ciertamente que este proyecto ha dado mucho de qué hablar en medios de comunicación y escapa a todo lo conocido en materia de vivienda social. Sin embargo, aún la pauta sigue marcada por cuántos recursos posee la administración municipal. El Estado aún continúa con la política del derecho voucher en temas de vivienda y de muchos otros derechos básicos. Ese es el fondo del asunto y a lo que debemos apuntar como fuerzas políticas transformadoras. No puede ser que los recursos de una municipalidad sean una piedra de tope para mejorar la calidad de vida de las personas.