A casi un año de la entrada en vigencia de la Ley 21.030, que despenalizó el aborto en tres causales, la puesta en marcha de la normativa está lejos de terminar. Por estos días, el Gobierno redacta un nuevo reglamento y se dispone a enviarlo a Contraloría.

La ida es que aborde el impedimiento de objeción de conciencia para los centros privados que mantienen convenios con el Estado. Mientras, la Superintendencia de Salud realizó una fiscalización a 114 recintos públicos y privados, de mediana y alta complejidad, con el objetivo de conocer el estado de implementación de la ley.

Los resultados preliminares de la consulta revelaron que un 44% de los establecimientos no cuenta con un protocolo de derivación para pacientes que soliciten la interrupción del embarazo por alguna de las tres causales. El escenario es más complejo en el caso de prestadores privados, donde un 49% no cuenta con un procedimiento de derivación, mientras que en el sector público el 41% no lo posee.

La ausencia de un protocolo claro puede provocar demora en la atención urgente de una paciente que llegue a un recinto donde no hay profesionales disponibles o dispuestos a realizar el aborto por ser objetores de conciencia en alguna de las causales contempladas. Según el último catastro del Ministerio de Salud, de un total de 971 médicos obstetras en todo el país, 306 se han declarado objetores de conciencia (un 31%). En el caso de los anestesiólogos, 39 de 257 profesionales declararon que no realizarán una interrupción del embarazo.