A pesar de la indiscutible entereza moral y política de la diputa del Partido Comunista, Carmen Hertz, en el proceso de interpelación al cual fue sujeto el actual ministro de justicia, Hernán Larraín, no deja de resultar impresionante el carácter impávido y la fingida parsimonia con la que, sin ningún atisbo de arrepentimiento, el ministro sobrellevó las preguntas, volviendo sistemáticamente a la misma narrativa que ya se ha vuelto un lugar común en relación al problema de la violencia estatal y las violaciones de los derechos humanos: se trató de un exceso lamentable, dramático si se quiere, pero que debemos superar para avanzar en un futuro de reconciliación y democracia.

El ministro fue capaz, incluso, de manifestar su admiración por la diputada y por la coherencia de su lucha, apelando paralelamente a la existencia de un historia alternativa que relativizaba las acciones del terrorismo de estado. Para Larraín y para muchos de su sector, no se trata de negar los crímenes de la dictadura, sino de suplementar el relato de las víctimas con aquel otro relato que nos explicaría el origen de la violencia dictatorial, es decir, el caos y la crisis de gobernabilidad que atravesaba el país durante el gobierno de la Unidad Popular.

Ese recurso hobbesiano, que la Democracia Cristiana anticipó en toda su perversidad, consiste en justificar la dictadura como mal menor frente al terror y la incertidumbre cotidianas del gobierno popular. En su forma general, sin embargo, este recurso no es específico de Chile sino que representa un argumento recurrente en América Latina: aparece en la tesis de Los dos demonios en Argentina, para justificar una supuesta proporcionalidad entre la violencia guerrillera y la violencia militar en los años 1970; está también en el corazón de la crisis política colombiana y las justificaciones del paramilitarismo y los excesos de las llamados falsos positivos, como reacción frente a la amenaza guerrillera y sus supuestos vínculos con el narcotráfico, en el marco del llamado Plan Colombia; y la volvemos a encontrar en el diseño brutal de las estrategias militares en la llamada Guerra contra el narcotráfico en México, una guerra securitaria que ha costado la vida de miles de personas y la proliferación de fosas comunes y prácticas de desaparición de las que aún no tenemos una imagen acabada.

Para esta argumentación hobbesiana, la guerra es la condición de partida sobre la que el estado ejerce una violencia contenedora y disciplinante, violencia necesaria que restituye la paz y favorece el progreso social. Para desactivar esta retórica justificacionista no basta sin embargo con la denuncia de los crímenes ni con la constatación de los genocidios, pareciera ser necesario vincular dichos crímenes imprescriptibles y de lesa humanidad con la serie de procesos de implementación de un nuevo diseño de sociedad en Chile y en América Latina.

Lo que Michel Foucault, en uno de sus cursos del Collège de France (Nacimiento de la biopolítica, 1978-79), asoció con el surgimiento de la biopolítica como emergencia de una serie de prácticas orientadas a controlar la vida misma, más que a determinar la muerte, podría servirnos acá para apreciar el carácter sistemático de la implementación del neoliberalismo en la región, mediante procesos dictatoriales, guerras civiles y operaciones de contra-insurgencia que no solo intentaban el exterminio de las disidencias, sino el disciplinamiento de las poblaciones para la puesta en escena de un nuevo contrato social.

En este sentido, la parsimonia cínica del ministro de justicia, que pretende desactivar las iniciativas reparatorias del gobierno anterior, sin atender siquiera a las condiciones de privilegio que ostentan los condenados por dichos crímenes, ni la vergüenza de sus altas pensiones, no debe ocultarnos el hecho de que esa violencia no fue un simple “exceso” o un “accidente”, sino una condición de posibilidad del cambio histórico que atravesó Chile y el resto de sociedades latinoamericanas, a partir de los años 1970. La serie de golpes militares que afectaron al Cono Sur y las guerras civiles que estragaron países tales como Perú, Colombia, y gran parte de Centro América, no tienen solo una dimensión destructiva, sino también un carácter productivo: el crimen organizado estatalmente a partir de diversas estrategias de contra-insurgencia, produjo las condiciones para la re-articulación de un patrón de acumulación capitalista flexible y globalizado, que es el que define el nuevo contrato social latinoamericano.

Tendríamos que entender entonces la copertenencia entre las prácticas de desaparición y exterminio y los procesos de privatización, de desregulación de los mercados, de liberalización de las fronteras, junto a la firma de los tratados de libre comercio, las disminución del gasto público y la tecnificación de las políticas fiscales, en el marco disciplinario impuesto por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. La gubernamentalidad neoliberal funciona en este doble registro, mediante la hipótesis de la guerra y la polarización, por un lado, y mediante la continua implementación de políticas destinadas a la liberación y a la desregulación de los mercados y de las transacciones, por otro lado. En eso consistió precisamente la transformación regional de fines del siglo XX, en el abandono del proyecto nacional-desarrollista y en su reemplazo por un proceso de globalización neoliberal que refuerza la imagen de progreso mientras oculta el cadáver de la historia.

En este sentido, si las guerras civiles y las dictaduras de la segunda mitad del siglo XX fueron fundamentales en la implementación del nuevo contrato social neoliberal, las subsiguientes transiciones a la democracia (Argentina, Chile, Paraguay, etc.) y los procesos de pacificación (Colombia, El Salvador, Guatemala, etc.), hechos desde el estado y apelando a la justicia “en la medida de lo posible”, no solo consolidaron dicho nuevo orden, sino que volvieron a hipotecar la justicia a los criterios realistas de la nueva gubernamentalidad. Esa es la dimensión contractual de los Informes de Derechos Humanos que han proliferado en la región desde los años 1990: lo que se acuerda en ellos no es tanto la verdad sobre la violencia estatal y los crímenes contra la humanidad, si no las condiciones de posibilidad para una reconciliación basada más que en el perdón, en el ocultamiento y en el olvido. Poner en orden el pasado como pasado, es la función última de estas retóricas de la reconciliación, evitando así atender a la condición actual del crimen y a su proliferación en plena democracia.

El filólogo francés Ernst Renan (¿Qué es una nación?, 1882) argumentaba que una nación, más que una colectividad natural o artificialmente producida, era un olvido en común, esto es, un olvido político activo destinado a suturar el desgarro producido por las guerras civiles y las luchas intestinas, en nombre de un futuro singular y esperanzador. Lo que Renan no advertía, sin embargo, es que dichos crímenes del pasado no podían ser olvidados (ni sepultados) en la medida en que habían sido perpetrados no solo como excesos sino para favorecer un determinado reparto de la propiedad y de los recursos, reparto que se mantenía vigente como memoria imborrable de aquel crimen. Imponer desde el estado un olvido en común, apelando a las promesas de la globalización y el desarrollo, sin atender a la perpetuación de dicha violencia y crimen en el presente es, por lo tanto, no solo efecto de una concepción restringida de los procesos históricos, sino expresión de una negligencia política mayor, que repite con su torpeza la violencia represiva que intenta ocultar.

En Chile de manera ejemplar, pero también en el resto de América Latina, las estrategias contrainsurgentes que costaron miles de vidas, también hicieron posible la re-concentración de la propiedad y de la riqueza, mediante el desplazamiento migratorio, la desposesión y la represión de enormes sectores de la población que se confrontan, hoy en día, con una precarización general de la vida, sin poder apelar a un estado que corrija los excesos de la acumulación neoliberal.

En eso consiste la copertenencia entre las violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos (el terrorismo de estado) y el actual régimen neoliberal, no solo en la práctica brutal del desaparecimiento y la tortura, si no también en su perpetuación y masificación gracias a los procesos distintivos de su gobierno de la vida. Habría que pensar lo irreparable justo ahí, en el vínculo silenciado entre el torturado, el desaparecido, el exiliado y las formas de vida precarias y desechables en el presente. De la misma manera, habría que concebir al torturador, al asesino y al tirano, sin ocultar su cercano parentesco con el empresario acumulador que se permite infringir la ley en nombre de un enriquecimiento siempre obtenido a expensas de los demás. No es casual entonces que en Chile, la interpelación del ministro de justicia se produzca en los primeros meses de un gobierno que viene a restituir en funciones directivas a varios personajes enlodados con sus fraudulentas actividades económicas (partiendo por el presidente, por Ruiz Tagle y por la vuelta triunfal de Ponce Lerou).

Aparentemente entonces, no estaba tan descaminado Roberto Bolaño cuando, en su novela 2666, le llamó El Chile al basural donde había sido encontrada una de las primeras víctimas de los femicidios que afectaron a Santa Teresa (nombre literario de Ciudad Juárez); de una u otra forma, la distancia que hay entre Chile y Ciudad Juárez es muy corta, a pesar de estar en los extremos opuestos de Hispanoamérica.