Acabamos de conocer la propuesta del gobierno como respuesta a las movilizaciones feministas que se han generado desde el seno del movimiento estudiantil y llegan a toda la sociedad. La denominada “Agenda Mujer” propone al país 12 medidas que pretenden dar una respuesta desde el Ejecutivo a las demandas del movimiento y es necesario preguntarse acerca de la integralidad de la propuesta y del impacto real que pueda tener para dar cuenta de los desafíos que hoy enfrentamos como país.

Es importante que se levanten propuestas que aborden la necesidad histórica de equiparar las relaciones entre hombres y mujeres en la sociedad, lo cual debe realizarse con respuestas integrales, que enfrenten de manera sustantiva las discriminaciones de género asociadas, entre otras, a las brechas que el sistema económico y cultural produce y que se manifiestan en el ámbito neurálgico de las relaciones sociales y productivas, como es el mundo del trabajo.

Hoy casi el 40% de los hogares está encabezado por una mujer como jefa de hogar, así como éstas representan el 38% de la fuerza productiva, con una brecha salarial que alcanza en promedio un 24%. En este sentido, hay que poner especial atención, en las discriminaciones que se generan en el mundo del trabajo, ya que tienen efecto tanto en el corto como en el largo plazo. Por ello, abordar como prioridad el principio de igualdad salarial entre hombres y mujeres que realizan trabajos de igual valor, como sostiene la OIT, requiere de medidas concretas para avanzar en una real equidad. Con mayor razón, considerando que esto tiene efectos en las jubilaciones de las mujeres, cuya insuficiencia adquiere tintes dramáticos de injusticia social y discriminación o violencia económica de nuestra sociedad.

Por eso, se esperaría que una agenda de mujeres y equidad de género aborde temas estructurales que impactan la realidad laboral y previsional de las mujeres. Y desde la oposición debemos ser capaz de proponer una agenda de mayor alcance que abarque de forma más amplia e integral las causas de fondo asociadas a las discriminaciones de género hoy fuertemente cuestionadas por el movimiento social y la ciudadanía.

En esta construcción se deben considerar al menos tres dimensiones que hoy encuentran un correlato con la demanda social:

• Primero, abordar la desigualdad salarial, promoviendo un marco legal que asegure la no discriminación remuneracional como cambio de fondo en las relaciones laborales;
• segundo, impulsando una corresponsabilidad parental efectiva, ajustando el pos natal parental, ya que con 200 permisos para papás de los 100.000 cursados al año, existe evidencia que el camino voluntario es insuficiente ante la estructura y cultura laboral patriarcal que prima en las empresas, instituciones y los propios trabajadores y trabajadoras, y;
• tercero, mejorar las pensiones, donde deben incorporarse reglas de solidaridad y medidas afirmativas que neutralicen las brechas de acceso y reconocimiento salarial que perjudican a las mujeres. En este sentido, la agenda de pensiones será clave para evaluar la real voluntad política del gobierno.

Como se señaló en los proyectos de reforma al sistema de pensiones, las jubilaciones que entregan las AFP tienen para las mujeres una mediana de tasa de reemplazo del 12% respecto a su último sueldo. Este escándalo social requiere de medidas a corto plazo. Los pensionados, y en particular las mujeres, no pueden esperar. Se requiere garantizar una vejez digna, sobre todo si pensamos que la esperanza de vida es cada vez mayor. La pensión autofinanciada, basada en la exclusiva capacidad de ahorro individual no da para más.

Esto exige incorporar en la agenda, de manera real, medidas acorde al principio de solidaridad que existe en los sistemas de seguridad social del mundo, en un marco que claramente debe traspasar el contexto subsidiario que prima en nuestro sistema de capitalización individual y en los anuncios del gobierno conocidos hasta ahora en la materia.