Desde que comenzó a regir la ley de aborto, 37 mujeres han quedado embarazadas producto de violación y han decidido interrumpirlo. Casi la mitad de este número, 15 casos, se trata de casos en que son jóvenes con menos de 18 años las que han recurrido a la tercera causal.

Según informa La Tercera, así lo revelan las cifras del Ministerio de Salud, que contabilizan 193 abortos desde septiembre del año pasado, cuando entró en vigencia la ley. Del resto de los procedimientos, 99 corresponden a la primera causal, de riesgo de vida de la madre, y 57 a la segunda, que aplica cuando existe inviabilidad fetal.

Pero otro dato alarmante es que del grupo de niñas que se embarazaron tras ser violadas, cuatro aún no habían cumplido los 14 años. 

Según datos del Centro de Estudios y Análisis del Delito del Ministerio del Interior, en 2016 hubo 7.274 mujeres víctimas de violación o abuso sexual, de las cuales 58% eran menores de 18 años.

La matrona del área de salud y acompañamiento de la Asociación Chilena de Protección de la Familia (Aprofa), María José Valderas, explica que "sabemos que estos casos de violación en menores de edad estaban ocurriendo hace tiempo, solo que ahora se están visibilizando, y sabemos que el 80% ocurre en contextos cercanos, y ante eso nos podemos encontrar con violaciones que pueden terminar en gestación. Por lo mismo, esta ley garantiza el decidir si continuar o interrumpir el embarazo".

En esto coincide Luis Torres, jefe de la Unidad de Delitos Sexuales del Ministerio Público, quien indica que "en este tipo de delito, en la gran mayoría de los casos, los imputados son conocidos. No es un extraño de la calle el que abusa de los menores, sino cercanos al grupo familiar, que tienen acceso al círculo de confianza".

Por esto, la ley estableció -tras intensas discusiones en el Congreso- un plazo de 14 semanas de gestación como máximo para abortar, es decir, dos semanas más que al resto de las mujeres.

Torres agregó que estos casos, si bien "se dan en todos los estratos sociales, es evidente que las condiciones económicas y sociales desfavorables aumentan la precariedad y la desprotección de los niños y es un flanco abierto para el abuso".

Anita Román, presidenta del Colegio de Matronas, destacó que la normativa permite proteger a las menores: "La ley está acogiendo el sentir de la niña y de su entorno. Antes no se le daban opciones, sino la de seguir adelante con el embarazo o buscar abortos inseguros. Con esto estamos protegiendo a las niñas".

Por su parte, el profesor titular de Obstetricia y Ginecología de la U. de Chile, Ramiro Molina, describe la opción de interrumpir el embarazo como un “derecho humano aceptado y recomendado por todas las organizaciones internacionales para las menores de edad”. Agregó que “un embarazo en una niña que ha sido víctima de una violación es un crimen, y una situación muy difícil de aceptar como normal”.

Cabe recordar que antes de esta norma, el aborto en Chile estaba penado por la ley. Por ello, sostienen los expertos, muchas mujeres y menores embarazadas como consecuencia de una agresión sexual debían continuar la gestación o buscaban alternativas ilegales de interrupción, exponiéndose a riesgos penales y sanitarios.

Finalmente, Estefanía Andahur, psicóloga del área de salud de Corporación Miles, explica que tras la violación, continuar el embarazo es una revictimización: “en el fondo la mujer tiene que cargar con el delito de otro y además está condenada a una maternidad obligatoria. Por ello, desde el momento en que puede decir ‘no quiero tener este hijo’ es sujeto de derecho y, por sobre todo, válido socialmente. Eso social y psíquicamente tiene peso”, indicó.