Este lunes en la mañana se desarrolló la audiencia en que fueron formalizados los 10 funcionarios de Carabineros que están acusados de facilitación de explotación sexual de menores de edad en la zona sur de la Región Metropolitana.

En ella, el 11° Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud del Ministerio Público, determinó un plazo de investigación de 60 días y estableció medidas cautelares sobre los imputados: arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas.

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Tal como salió a la luz la semana pasada, la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado acusan a los policías de la comisaría de La Cisterna de no haber tomado medidas para evitar que se siguiera llevando a cabo a la explotación sexual de tres niñas sometidas a la prostitución, a pesar de que estaban al tanto de la situación debido a sus labores de patrullaje.

"En el contexto de esa investigación se logró establecer que había concurrencia de vehículos que iban con personal policial que no adoptaba el procedimiento que es esperable, que está establecido en la ley y que –nosotros entendemos- debían cumplir", explicó el fiscal Rodrigo Chinchón, quien agregó que cuatro de los causados reconocieron que no tomaron medidas al respecto porque lo consideraban –en palabras de ellos– "un cacho".

"Todos declararon, y varios de ellos aportaron elementos a la investigación, que, fundamentalmente, dan cuenta de que, no obstante saber la situación, el estado y el lugar donde se encontraban las niñas, y que, efectivamente, estaban siendo explotadas por parte de terceros, no adoptaban el procedimiento porque consideraban que era muy largo", relató.

En tanto, desde la defensa de los funcionarios policiales, el defensor penal público Mario, aseguró que "si se les pide a todos los carabineros que se hagan responsables de cada una de las acciones que omiten, vamos a tener que condenar a todos los carabineros por los atropellos, por los homicidios y por los robos en los bancos, porque ellos están a cargo de la seguridad".

Finalmente, la jueza Verónica Vásquez determinó que sí había un deber de actuar de los imputados, ya que tenían conocimiento de los hechos y con su omisión, hicieron posible que se concretara el delito, por lo cual hay antecedentes que presumen su participación.