Interesante ha sido la polémica de las últimas semanas entre dos comunas del cono de alta renta, donde la construcción de viviendas sociales ha puesto en entredicho a los municipios de Vitacura y Las Condes.

Si bien nuestro marco normativo en materia de desarrollo urbano establece claras potestades respecto al uso de suelo, hoy una vez más somos testigos de la discrecionalidad con que estas decisiones, para bien o para mal, dependen de la voluntad política del gobierno local de turno, lo que sin duda es perjudicial para proyectar nuestra ciudad bajo criterios de equidad e inclusión social.

Como bien sabemos, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) hace bastante viene instalando temáticas relevantes en la vida cotidiana de nuestra población, entre los que podemos considerar la integración del tejido urbano, con el objeto de enfrentar la fragmentación y la aguda segregación residencial que experimentan las principales ciudades del país. ¿Pero qué está haciendo el Estado para concretar acciones efectivas y eficaces de gestión del hábitat residencial?

Sin duda el rol del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que pronto hará un cambalache en su enfoque, o al menos eso nos han hecho creer, es y ha sido fundamental. Con la existencia de programas como el D.S. 49, D.S. 01, D.S. 19 y D.S. 116 se ha avanzado sostenidamente en una política que busca cumplir, y recalco cumplir, con entregar mejores condiciones de habitabilidad a una buena porción de población que ve imposibilitado su acceso a viviendas que superen las UF 2.200.

Esto último es clave, porque al no estar garantizado constitucionalmente el derecho a la vivienda, ni mucho menos el derecho a la ciudad accesible, las clases medias y la población más vulnerable se ve obligada a optar por soluciones irregulares (entiéndanse tomas y okupaciones), o sencillamente asumir los costos de su expulsión a sectores periféricos, donde el valor de suelo sólo les permite autoconstruir o postular a una vivienda sin deuda.

Como esta realidad ha marcado la discusión de los últimos 20 años en torno a la política habitacional ¿Cómo es posible que aún haya autoridades que se nieguen al mejoramiento de las condiciones de vida de todas y todos, sin prejuicios ni discriminaciones? Ciertamente, esta temática demanda una discusión de fondo, pues gran parte de la polémica generada esconde un conflicto cultural, que va asociado al clasismo con que actúa el alcalde Torrealba y al oportunismo del alcalde Lavín, ¿Las Condes no tiene suelos disponibles para el emplazamiento de vivienda social?. Ambos, al igual que otros actores de nuestra “bicentenaria historia republicana”, hablan de pobres, clases medias, áreas verdes y de depredación inmobiliaria, sin tomar en cuenta la urgente necesidad que tenemos como sociedad de ver la inclusión como una marca, indicación que tiene como anverso la exclusión que produce nuestro actual modelo de desarrollo y que profundiza las desigualdades entre “iguales”.