Escribo este texto un domingo, 8 de abril, la mañana siguiente a que Luis Ignacio Lula da Silva se entregara, voluntariamente, a la Policía Federal en São Paulo (Brasil), para ser conducido en avión a la ciudad de Curitiba, donde el Juez Sergio Moro decretó su orden de arresto. Lula pasó días en la sede del Sindicato de los Metalúrgicos de San Bernardo, ciudad que integra la región conocida como el “ABC Paulista”. El “ABC” es el principal polígono industrial de Brasil y de Sudamérica y constituye –a contracorriente de la desindustrialización neoliberal sufrida en el Cono Sur desde los '70–, un enclave de empleo industrial y también de articulación política obrera.

Allí, entre los suyos, en un escenario montado en la calle, Lula profirió un discurso de casi una hora ayer por la tarde. Dejó claro que no evadiría la cárcel, que entregarse era parte de la lucha democrática que le cabía seguir liderando en Brasil. Arropado por miles de personas, bajó del escenario y fue llevado hombro a hombro devuelta hacia la sede. Las palabras de Lula fueron fuertes: enunciaron la naturaleza del proceso jurídico que le condenó. Hicieron público que Brasil está en una encrucijada. Y que no sabemos si y cómo la democracia va a sobrevivir a esta crisis. Por la noche, desde el mismo sindicato, Lula partió a la policía. La multitud que cercaba el edificio y las calles pedía que no se entregara.

La escena, quizás la más contundente de la historia reciente de Brasil, constituye el desenlace de una compleja cadena jurídica que debiera preocuparnos a todos en Sudamérica. Sabemos, por la historia de nuestra región en las últimas seis décadas, que Brasil viene inaugurando procesos políticos que se repliegan, progresivamente, entre los Estados vecinos. Más allá de cualquier grandilocuencia nacionalista –a la cual difícilmente me circunscribiría– me refiero a que las dimensiones económicas, demográficas y políticas de Brasil lo hacen un país obligado para la activación de cualquier nueva tendencia que tenga aspiraciones hegemonizantes regionales. Lo hemos visto, muy claramente, en 1964, cuando la deposición del gobierno de João Goulart –del sector sindicalista del Partido Laborista Brasileño, el PTB de Getúlio Vargas–, inició la violencia del periodo de dictaduras que tomaría a los países de la región hasta inicios de los '90.

Lula fue condenado en primera instancia por Sergio Moro a nueve años de cárcel por haber, supuestamente, recibido como soborno de una gran empresa constructora brasileña (para que facilitara el acceso privilegiado a grandes licitaciones nacionales mientras era presidente del país), un departamento de tres pisos en una playa en el Guarujá, municipio del estado brasileño de São Paulo. Un detalle que no es, para nada, menor: el departamento tiene un valor aproximado de unos 650 mil dólares estadounidenses.

Si bien para una joven investigadora como yo esta suma pareciera estratosférica, la misma dista mucho de los valores cobrados por los políticos –que varían entre 15 y 65 millones de dólares– en los esquemas de corrupción que, en los últimos dos años, vieron a la luz en Brasil. Es más: no fueron encontradas pruebas de ningún tipo de que Lula o nadie de su familia –o ningún tiesta fierro– hubieran recibido el departamento. Ni él ni nadie de su familia han residido jamás en el inmueble. No hay una escritura, un documento. La única prueba es la confesión del empresario dueño de la empresa de construcción que, por haber denunciado a Lula, recibió el beneficio de reducción (a mínimos risibles) de sus penas por corrupción.

En la sentencia en que condena a Lula, Sergio Moro afirma, como si las bases jurídicas del Estado Democrático fueran de plastilina, que no tiene pruebas cabales de que Lula es culpable, pero que sí tiene convicción de ello. Esto bastó para inculparle a un ciudadano de un delito para el cual no hay pruebas.

La defensa de Lula apeló de la decisión del Juez Moro. El proceso llegó a la segunda instancia, al Tribunal Regional Federal de la cuarta región de Brasil (TRF-4), localizado en Porto Alegre, en tiempo récord: 42 días. Nunca antes en Brasil se había juzgado con tanta celeridad a un político acusado de corrupción. Por ejemplo, Aécio Neves, Fernando Henrique Cardoso y José Serra (todos del Partido de la Social Democracia Brasileña, PSDB), Michel Temer y José Sarney (ambos del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, PMDB) y Fernando Collor de Mello (Partido Laborista Cristiano, PTC en portugués), son solo algunos ejemplos de políticos de la derecha brasileña que tuvieron varios de sus procesos por corrupción archivados. Dada la demora en juzgar sus delitos, los mismos prescribieron. Algunos de estos procesos estuvieron más de 20 años en trámite antes de extinguirse sin la averiguación pertinente. En todos estos casos, abundaban las pruebas materiales que inculpaban a estos personajes, además de confesiones de partes involucradas.

Cuando el TRF-4 revalidó la condena que había dictado el Juez Sergio Moro, lo hizo a sabiendas de la ausencia de pruebas –el texto de la sentencia es imperdible, aunque poco recomendable a personas con baja resistencia a la irracionalidad argumental–. En esta segunda sentencia, incluso reconociendo la ausencia de pruebas documentales, los jueces a cargo del proceso no solamente estimaron necesario subir la pena imputada a Lula de nueve a doce años de cárcel, sino que solicitan su arresto inmediato, antes de que los recursos de sus abogados de defensa fueran tramitados y juzgados, como prevé la constitución nacional.

Los abogados de defensa, a su vez, volvieron a recurrir de la sentencia, ahora apelando a que el Supremo Tribunal Federal (STF), en Brasilia, interviniera en el sinsentido reinante. La defensa arguyó al STF que es inconstitucional el arresto de un reo antes de que todos sus recursos de defensa negativa ante el Estado se agoten, amparándose para ello en el principio constitucional de derecho de presunción de inocencia de los ciudadanos. La respuesta del STF el pasado 4 de abril –en una votación, estrecha, de seis votos contra cinco–, confirma, una vez más, la irracionalidad jurídica del proceso. Seis de los ministros de justicia del STF alegan que el ciudadano puede ir arrestado sin que esto haga de él culpable. La sentencia es grave porque da por sentada la extinción de responsabilidades fundamentales que tiene el Estado Democrático en relación a sus ciudadanos. Ella abre precedente a que cualquier ciudadano brasileño sea encarcelado antes de la finalización de los procesos que averiguan su culpabilidad.

A esta altura de los sucesos políticos en Brasil, preguntar por qué ciertos políticos son juzgados y condenados por corrupción en la ausencia de pruebas que la propia ley considera legítimas, mientras otros jamás llegan a ser juzgados –pese a la existencia contundente de pruebas cabales– es un ejercicio retórico. Pero no por ello menos necesario. Se repite con Lula aquello que le ocurrió a Dilma Rousseff, destituida sin haber sido imputada por ningún delito ni responsabilizada por ninguna irregularidad administrativa. No faltaron diputados y senadores que votaron a favor de su impeachment, pero explicitando en el mismo acto de la votación que no había indicios para culpabilizar a la presidenta.

La prisión de Lula excede en mucho el proceder democrático. Responde a una concertación de las derechas nacionales brasileñas en contra de un proyecto de país que no se subsume a intereses más inmediatos de la élite conservadora. Para entender lo anterior, habría que retroceder en el tiempo.

En aquellas mismas paredes del edificio de los metalúrgicos de San Bernardo, Lula comandó el sindicato políticamente más importante de Brasil desde 1975, tejiendo una incisiva articulación obrera pro-democracia que, ya adentrado los años '80, fue decisiva –“central” es la palabra justa– para la redemocratización del país. Comandó también la articulación del primer partido laborista de Brasil –el Partido de los Trabajadores, PT– que no surgió capitaneado por próceres políticos provenientes de las élites nacionales.

En Brasil, en los últimos cinco siglos, la hegemonía política se encarna en la figura de hombres, blancos y pertenecientes a las élites económicas. Su actuación política y su narrativa histórica han pretendido, reincidentemente, reafirmar la ausencia de derechos (e incluso de ciudadanía) de los negros, indios, pobres y mujeres, en general. Por lo mismo, esta es la narrativa que no concibe otorgarle a un sindicalista, obrero, migrante retirado del nordeste (región más pobre de Brasil) hacia el sudeste industrializado, a un hombre que no pudo cursar la educación formal (Lula se alfabetizó de mayor y no tiene carrera universitaria) y que no tiene el apellido de las grandes familias terratenientes brasileñas, ningún derecho a voz sobre un proyecto de país.

El problema de Lula, por lo tanto, debe leerse en claves mucho más profundas de lo que pretende el discurso sobre la corrupción del PT. El “problema” del PT de Lula, si es que debemos seguir usando esta expresión, se refiere a un proyecto de país que, lejos de pensar una “revolución socialista” (como algunos análisis burlescos y malintencionados han pregonado), ha pensado la inclusión de pobres, negros, indios y mujeres a los derechos mínimos de ciudadanía. Este no es, claro está, un proyecto de país que las élites históricas en Brasil hayan soportado: incluso cuando todo en él parece favorecer exponencialmente a los intereses de estas mismas élites.

Para que los lectores entiendan mi punto argumental, basta con decir que, en los gobiernos del PT entre 2002 y 2014 (periodo que equivale a los dos mandatos presidenciales de Lula y el primer mandato de Dilma Rousseff), Brasil superó el hambre extrema. La población logró la soberanía alimentaria por primera vez en la historia del país. El contingente poblacional sometido al hambre extremo en Brasil, que llegó a superar la barrera de los 15% en fines de la dictadura militar (1964-1989) y en los primeros gobiernos democráticos en los años '90, se redujo a menos del 1%. El 15% de la población brasileña en los '90 correspondía a aproximadamente unos 22,5 millones de personas que, para aquél entonces, estaban condenados a morirse del hambre en Brasil. Superar esto ha sido un gran logro.

Por si lo anterior no fuera suficientemente gráfico, recordemos que nada menos que 40 millones de brasileños –más que toda la población de Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia sumadas– dejaron la pobreza y alcanzaron en los gobiernos del PT aquello que se denominó, en su momento en Brasil, “la nueva clase media emergente”: un sector dinámico, con mucho impulso de consumo, que propulsó la economía nacional generando un gran y nuevo mercado de productos y servicios. Innecesario decir que las élites se beneficiaron claramente del surgimiento escalar de este nuevo y pujante mercado interno.

También fueron las élites y las clases medias asentadas y “más tradicionales” aquellas que se irritaron con la presencia de gente advenida de los sectores más pobres en malls, aeropuertos y universidades. En Brasil, el rechazo de las élites hacia los pobres es, como desde los años '60 han discutido cientistas sociales del porte de Florestan Fernandes y Darcy Ribeiro, una cuestión racial. Es un rechazo a que negros, mestizos e indios accedan a bienes, derechos y consumos varios. El Estado ha sido, históricamente en Brasil, un instrumento de la reproducción del odio de las élites hacia “sus otros”. Este odio es incorporado por las clases medias que, sin componer las élites, sueñan con diferenciarse de los pobres a través de una frontera racial, de clase y de derechos construida con base a perjuicios. Un proceso que opera de manera semejante en Chile y en Argentina, aunque siguiendo a los matices y particularidades históricas de estos países.

La condena de Lula sin pruebas es un capítulo más de una trama armada desde sectores conservadores para destituir a un proyecto de país que no responde a los ideales de las élites, que obstaculiza la reproducción estatal del odio al pobre. Pero la cuestión inquietante es, precisamente, lo cuánto están dispuestas estas mismas élites a sacrificar para poder destituir este proyecto. Los desenlaces recientes en Brasil nos hablan de que su cómputo ha concebido lo impensable: marginar o dar por finalizada las salvaguardias propias de la democracia. Como diversos analistas vienen poniendo en prensa en Brasil, Argentina, y en los diarios de Estados Unidos y Europa, nos hemos devuelto a un punto reincidente en la dinámica política brasileña en su relación de amor y odio hacia el Estado democrático. Como ocurrió en el 1964, la imposibilidad real de la derecha de vencer a través del voto a los partidos de centro izquierda propulsa un (irracional) ataque al consenso social en torno a la democracia (que tanto trabajo nos costó construir en Brasil).

Cierro este artículo con algunas preguntas que las desventuras de la democracia brasileña devuelven a la primera plana en los países sudamericanos. ¿No llegamos, una vez más, a un punto en que las élites en el Cono Sur vuelven a creer que no pueden coexistir con las poblaciones de sus países sin retirar de ellas derechos de representación democrática? ¿No hay una racionalidad posible que nos permita mediar, mínimamente que fuera, entre intereses de acumulación de las élites y unos estándares de dignidad social, económica y política para la población? ¿Estamos dispuestos a sacrificar la democracia por no mediar las brechas entre mundos?