Recientemente los medios han informado acerca de la petición, por parte de un grupo de diputados de la UDI al futuro presidente, Sebastián Piñera, de que plebiscite la opción de reestablecer la pena de muerte en Chile. Lo anterior a raíz del crimen de Sophia, que fue violada y asesinada por su padre en Puerto Montt.

En su misiva los diputados afirman que “hay seres humanos que no merecen ser alimentados y encarcelados, porque la maldad y el nulo respeto a la vida no permiten otra opción que la de pagar con su vida los atroces delitos cometidos. La pena de muerte y su reposición es un concepto que debe ser discutido por los chilenos”.

Esta solicitud constituye una propuesta tremendamente oportunista, en atención al clima de conmoción provocado por el reciente crimen de la menor, acompañado de una liviandad para referirse a la facultad del Estado para matar a una persona que resulta, cuando menos, preocupante.

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Dificultad del restablecimiento de la sanción frente a los DDHH

Los diputados afirman que, quienes se niegan a la “reposición -de la pena de muerte- son básicamente abogados y ONG liderados por la izquierda chilena”. A la ligereza de esta afirmación, subyace el desconocimiento de la prohibición, contenida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la pena de muerte en los países que la han abolido.

La vía argumentativa que apela su preservación marginal en la justicia militar supone fundamentar una posición problemática frente a las obligaciones que el Estado chileno ha asumido, a partir de una dimensión normativa que resulta igualmente discutible en cuanto a su legitimidad, como es la existencia de una justicia paralela a la civil.

Reducir la disputa a un mero conflicto entre izquierdas y derechas, significa una simplificación del rechazo al restablecimiento de la sanción, que ignora por completo el conflicto jurídico que la acompaña

Oportunismo o cuándo resulta conveniente escuchar a la ciudadanía

Llama la atención una propuesta que supone otorgar tal relevancia a la opinión mayoritaria de la sociedad, por parte de quienes suelen hacer caso omiso a las demandas ciudadanas relativas a pensiones o educación; y es que esta vez poseen la razonable expectativa de recibir una respuesta positiva, en el marco de una sociedad que sigue conmovida por la atrocidad del crimen cometido.

No hay razones técnicas para reponer la pena de muerte. En cuanto a su capacidad disuasiva, parece fallar rotundamente, mientras que los costos asociados en su implementación, resultarían aún superiores al cumplimiento de una cadena perpetua.

Quizá la solicitud responde a una pulsión vindicativa sublimada en la sanción estatal, que disuelve la responsabilidad de todos nosotros, haciendo tolerable para la mayoría de las conciencias, la decisión de matar. La exigencia de ver a quien se indica como culpable recibiendo “su merecido”, admite extremar el recurso punitivo sin observar límite alguno distinto de aquellos que, como sociedad, nos autoimponemos.

Lo cierto es que la discusión abierta debe darse en el marco de argumentos serios y responsables, evitando que el dolor, aparente razón suficiente e incuestionable cuando se daña tan profundamente el sentir común, opere como el principal fundamento para una determinación tan radical como la que se disputa.