Ya ha pasado casi un mes del 25 de enero que marcó el quiebre entre el Ministerio Público y Carabineros de Chile.

Ese día, por un lado. estuvo la decisión de la Fiscalía de la Araucanía de no perseverar en la investigación de la Operación Huracán, acusando "manipulación de la evidencia". Por otro, el fiscal de Alta Complejidad de esa región, Luis Arroyo, presentó una querella a título personal contra los funcionarios de inteligencia de Carabineros, luego de que acusaran supuestas filtraciones por parte de una de sus abogadas asistentes, Mónica Palma, a dirigentes de la Coordinadora Arauco Malleco.

Por si el quiebre no pudiera ser más explícito, tanto Arroyo como uno de los carabineros investigados por el supuesto montaje, el capitán Leonardo Osses, intercambiaron duras acusaciones cruzadas a través de entrevistas separadas con Ciper.

[Lee también en El Desconcierto: "El historial de Leonardo Osses, el temido oficial de inteligencia de Carabineros que está en la mira por la Operación Huracán"]

Osses descartó la manipulación de los celulares incautados a los comuneros por parte de Carabineros y además acusó que la Fiscalía ya había tenido acceso a un borrador del Informe 130, el que gatilló las detenciones de la Operación Huracán, semanas antes de que se les entregara su versión definitiva el 20 de septiembre (las detenciones se produjeron el 23 de ese mes).

El capitán de Carabineros no se quedó solo en esas acusaciones, sino que apuntó directamente al fiscal Arroyo diciendo que incluso hizo correcciones al informe: "Al menos dos semanas antes de la entrega oficial ya tenían conocimiento del borrador y sacaron a blancos (personas que iban a ser detenidas), al gusto de ellos. Yo lo único que quiero es que se esclarezca la verdad. Don Luis Arroyo tuvo acceso a ese borrador porque se le pidió asesoramiento. Él sacó a blancos, porque dijo que si tocábamos a esos blancos se iba a perder el foco de lo que es la violencia rural".

Por si fuera poco, Osses aseguró que Arroyo habría sacado del informe indagatorias de una presunta filtración de información desde su unidad a la Coordinadora Arauco Malleco.

La respuesta del fiscal en entrevista con Ciper fue que jamás tuvo acceso previo a ese informe. Además agregó que eso habría vulnerado la Ley 19.974 que prohibe informes preliminares para estos casos. "Me parece grave que un oficial de inteligencia de Carabineros aparezca señalando algo que de haber sido efectivo constituiría un delito, ya que la ley es bastante severa con los agentes de inteligencia al momento de entregar información. En su artículo 43, inciso primero, esa ley establece un delito con penas de privación de libertad para aquél que entregue información sin seguir los cursos legales establecidos (…) Me llama la atención que él mismo (Leonardo Osses) reconozca participación en un delito de manera pública", dijo el fiscal.

Arroyo comparó a Osses con "un imputado que se está viendo acorralado" y apunta a que los hechos de filtración con los que se le vincula son para "cubrir la inoperancia y la falta de resultados de las investigaciones".

El capitán de Carabineros, por su parte, declaró sentirse "traicionado" por la Fiscalía: "Nosotros nos hemos sacado la cresta trabajando, porque todos los métodos de inteligencia que existían hasta la fecha (refiere a la fecha de la entrega del Informe N°130) habían fallado. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a un profesional que tenía las competencias: el profesor Alex Smith (…) Lo importante para nosotros era obtener información para prevenir el terrorismo y la violencia rural en La Araucanía, pero lamentablemente nuestros fiscales la desaprovecharon. El país desaprovechó esta oportunidad porque ahora todas las personas que cometen ilícitos ya saben que si les llegan correos extraños, puede ser 'Antorcha' (el supuesto software diseñado por Smith)".

Justamente otra investigación de Ciper puso entre las cuerdas a Osses por su rol en su trabajo con Álex Smith, ya que reveló un correo enviado al ingeniero con un archivo en el que aparecían las mismas conversaciones que incriminarían a los comuneros mapuche detenidos en la Operación Huracán, a la misma hora que sus celulares incautados estaban siendo periciados.