El mismo día en que se reunieron los altos mandos de Carabineros y la Fiscalía Nacional, la abogada Marisa Navarrete Novoa asumió oficialmente la defensa de los siete uniformados indagados por falsificación de pruebas, obstrucción a la investigación y manipulación de evidencias en el marco de la Operación Huracán.

Los indagados que serán representados por la abogada son los uniformados Patricio Marín Lazo, Marvin Marín Maluenda, Marcos Sanhueza Córdova, Héctor Olave Venegas, Manuel Riquelme Mardones y Leonardo Osses Sandoval, además de del ingeniero Alex Smith Leay, el creador del software "Antorcha".

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La profesional, que tuvo una participación clave en el destape del fraude al FUT en el marco del caso Penta, solicitó en esta ocasión que el juzgado de Temuco se declare incompetente en la conducción de la causa, puesto que los presuntos delitos investigados se ejecutaron en Santiago.

Con esto se refiere al informe 130, que fue firmado en Santiago por el director nacional de Inteligencia de Carabineros, Gonzalo Blu, y que contiene los cuestionados antecedentes del caso.

Además, Navarrete solicitó una audiencia de cautela de garantías en pos de hacer valer los derechos de sus defendidos, argumentando "que se han mantenido en secreto informes de peritos relevantes para una adecuada defensa, cuya existencia -y aun su contenido- se han conocido parcialmente por la prensa", según recoge El Mercurio.

Según ese mismo medio, solo hubo dos fiscales que pudieron ver cómo funcionaba el software "Antorcha" antes de que estallara el caso. Uno es el fiscal militar de Iquique, Eduardo Rosso, y el otro es el fiscal jefe de Rancagua, Sergio Moya, uno de los persecutores más cercanos al fiscal que lidera esa región y a la vez es pareja de Navarrete, Emiliano Arias.

Ex fiscal del Ministerio Público y defensas de Arias

Marisa Navarrete es abogada de la Universidad Católica, especializada en Derecho Penal. Se desempeñó como Fiscal del Ministerio Público por 9 años, en la especialidad de Delitos Económicos y Medio Ambiente; además ocupó el cargo de Jefa de la Oficina de Litigación Penal de la Dirección Nacional del Servicio de Impuestos Internos.

Son al menos dos sumarios administrativos en los que Navarrete ha defendido a Arias. Uno fue por declaraciones en el caso Corpesca, donde a pesar de que se levantaran los cargos en su contra lo terminaron por sacar de la investigación.

El otro fue por declaraciones en el caso de incendios en la región de O'Higgins, donde ejecutivos de la Compañía General de Electricidad (CGE) pidieron sanciones para Arias por relacionar los incendios a fallas eléctricas. El fiscal nacional Jorge Abbott acogió la solicitud y la defensa de Arias -liderada por Navarrete- presentó un recurso de amparo que esta semana fue rechazado por la Corte Suprema, confirmando las sanciones en su contra.