No hace mucho Eduardo Engel, quien fuera presidente del Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción, reflexionaba sobre la reelección de algunos parlamentarios involucrados en los casos Penta y SQM.  En esa oportunidad citó un estudio de Ipsos que determinaba que sólo un 46% de los electores de derecha dejarían de votar por un candidato involucrado en corrupción. “A los votantes de derecha, según estas cifras, les importa más la eficiencia que la ética”, sentenciaba Engel.

Apenas dos meses más tarde, el académico experimenta un cambio radical en su posición. Fue precisamente la dureza con que Eduardo Engel enfrentó los conflictos de interés y la falta de probidad, lo que le posicionó como un referente. Razones desconocidas hoy lo empujan a arriesgar su prestigio, defendiendo el acuerdo de la Corfo con SQM, calificandolo como “bueno para Chile” en una columna en La Tercera.  Dejando a un lado su acostumbrada intolerancia a la corrupción, hoy privilegia los supuestos beneficios económicos que traería a Chile el acuerdo de Corfo con la empresa controlada por Ponce Lerou. Pero claro, las optimistas proyecciones sobre el acuerdo no consideran las ingentes utilidades que irán a los bolsillos de SQM y del propio Ponce Lerou, quien continúa en la propiedad de la empresa.

Tampoco considera el escenario completo.

En la víspera, un tribunal aceptó un acuerdo entre el fiscal Pablo Gómez y SQM que implica evitar una sanción penal para la empresa - como su disolución o la prohibición de celebrar contratos con el Estado- a cambio del pago de 2.500 millones de pesos. Una verdadera dádiva para una empresa que sólo el primer trimestre de 2017 obtuvo US$ 103 millones en ganancias netas. SQM está imputada en esta causa como sobornante de Pablo Longueira, en su calidad de ex senador, a quien pagó unos 700 millones de pesos para introducir en la ley del Royalty minero el beneficio de invariabilidad tributaria. El artículo, redactado por Patricio Contesse, gerente de SQM -de acuerdo a los correos electrónicos entre éste y Longueira- quedó finalmente en la ley. Varias boletas y meses después, el Estado, representado por el ministro Pablo Longueira, celebraba contratos de invariabilidad con la minera no metálica.

SQM, al aceptar la salida alternativa al juicio oral, acepta que pagó por una ley funcional a sus intereses y que sigue vigente.

La Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, suscrita y ratificada por Chile, prescribe en su artículo 34 que cada Estado Parte “adoptará medidas para eliminar las consecuencias de los actos de corrupción”, algo que no ha ocurrido hasta ahora. Por el contrario, el Estado a través de sus órganos premia a SQM -  minera merecidamente señalada como el mayor agente corruptor de la política chilena- facilitando su impunidad y celebrando acuerdos económicos que se presentan falazmente como la “única alternativa” que, dicho sea de paso, impide la creación de una empresa estatal del litio, como recomendó la Comisión Nacional del Litio.

Es claro que para Eduardo Engel hoy importa más la “eficiencia que la ética”. Por desgracia, la capitulación del Estado frente a SQM, tiene consecuencias que van más allá de la ética. Si no se detienen estos acuerdos - económicos y penales- se generaría un peligroso precedente para la democracia, al legitimar la corrupción a gran escala. Otros grupos económicos también demandarán para sí la patente de corso que hoy se le otorga a SQM y será tarde para reaccionar.