El reciente anuncio del cierre del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales (UDP) y el despido de sus académicos de dicha casa de estudios es un evento que debiera alarmar a la opinión pública en general y al mundo universitario en particular.

Como en la crónica roja, nada hacía presagiar este desenlace: se trata de una unidad académica que, a través del trabajo riguroso y prolífico de sus investigadores, se había posicionado como uno de los referentes nacionales en materia de análisis y discusión de políticas públicas. La incuestionable calidad de su equipo interdisciplinario y paritario en cuanto a su composición de género –equipo que creó y acreditó un magíster en políticas públicas (MPP), publica en revistas especializadas y ha influido en el diseño de políticas públicas– evidencia que el cierre del Instituto no obedece en ningún caso a razones académicas, único tipo de consideraciones que son aceptables al interior de una universidad; máxime si dicha universidad dice tener estándares académicos rigurosos y, por añadidura, vocación pública, como ocurre con la UDP. Que esto haya ocurrido ad portas del proceso de reacreditación de la universidad y a la espera de la reacreditación del MPP hace esta decisión más incomprensible, pues se trata de un acto que debilita académicamente a la macrounidad donde estaba alojado dicho instituto, la Facultad de Economía y Empresa de la UDP. Esto evidencia que a la hora de decidir cerrar el Instituto, las autoridades en ningún caso tenían en mente el desarrollo o consolidación del proyecto académico de la Universidad ni de la respectiva Facultad.

No solamente se trata de una decisión que debilita al proyecto académico de la UDP: se trata, desde el punto de vista laboral, de un despido particularmente agresivo, que desvincula de la institución a un grupo de investigadores sin respetar la normativa reglamentaria que la propia universidad contempla para el despido de profesores adscritos a la carrera académica. Sorprende que las autoridades hayan ignorado dichas normas, creando un gravísimo precedente de desconocimiento de la normativa interna que a partir de ahora amenaza a todos los trabajadores académicos de dicha institución. Fueron también desconocidas en esta decisión las instancias de deliberación y participación que la institución le reconoce a sus propios académicos. Es más, el despido fue realizado invocando el criterio más ofensivo a la dignidad laboral de un trabajador, la necesidad de la empresa del artículo 161 del Código del Trabajo. Es, por supuesto, discutible que la causal de necesidades de la empresa, el cual los tribunales hoy interpretan de manera más bien restringida, sea una causal que efectivamente autorice a las autoridades de la UDP a realizar este despido masivo. Es de esperar que los tribunales tengan la oportunidad de revisar la legalidad de esta actuación patronal.

La causal invocada, sin embargo, evidencia el sentido real de este despido: se trata de un acto de represión de la libertad y el pluralismo académicos, tomado en represalia contra un centro que investiga la economía política chilena desde una perspectiva crítica. No se trata de una interpretación antojadiza, sino de algo reconocido por el propio Decano de Economía y Negocios, quien informó a los investigadores vinculados que se les despedía porque el perfil que ellos tienen no se avenía con su intención como Decano de acercar su Facultad al empresariado. Esto dice, elocuentemente, dos cosas. La primera: que a juicio del Decano, el empresariado no valora el trabajo académico independiente, riguroso y de excelencia sino que exige obsecuencia y adulación. La segunda: que se trata de un despido por razones políticas, pues ataca selectivamente a un grupo de investigadores por el desagrado que actores económicos poderosos sienten con la crítica a las políticas públicas de orientación neoliberal que han surgido desde este Instituto.

En el caso de la Facultad de Economía, sorprende esta displicencia hacia la comprensión interdisciplinaria de la economía y la empresa, en un momento en que la complejidad social y la responsabilidad profesional exigen precisamente ese diálogo interdisciplinario. En el caso de la Universidad, las autoridades han degradado la libertad de los académicos de investigar desde las perspectivas que les indiquen sus respectivos paradigmas disciplinarios, y han socavado el pluralismo académico de que su institución hasta ahora se había justamente enorgullecido. Estas circunstancias arriesgan convertir a la UDP en una institución propietaria donde el controlador pueda restringir la libertad y el pluralismo académicos al interior de la universidad, situación que ya ocurre en numerosos otros establecimientos universitarios hoy en día. En el marco del proceso de reforma a la educación superior, situaciones como estas ponen en duda la justificación de que se entregue financiamiento público a las universidades privadas en las actuales condiciones de precariedad laboral, falta de participación de la comunidad académica en el gobierno y la gestión universitarios, y en general de falta de realización y conciencia de lo que implica la libertad académica. Solidarizamos con las y los académicos injustamente despedidos, y llamamos a las autoridades de la Universidad Diego Portales a rectificar su autoritaria y mercantil medida.

Daniela Accatino, profesora de teoría del derecho, Universidad Austral de Chile

Amaya Alvez, profesora de derecho constitucional, Universidad de Concepción

Javiera Arce, cientista política, Universidad de Valparaíso

Fernando Atria, profesor de teoría del derecho, Universidad de Chile

Jaime Bassa, profesor de derecho constitucional, Universidad de Valparaíso

Karin Berlien, profesora de la facultad de economía, Universidad de Valparaíso

Guy Boisier, profesor de administración, Universidad Austral de Chile

María Ester Feres Nazarala, profesora de derecho del trabajo. Universidad Central

Claudia Heiss, profesora de ciencia política, Universidad de Chile

Raúl Letelier, profesor de derecho administrativo, Universidad de Chile

Pablo Marshall, profesor de derecho constitucional, Universidad Austral de Chile

Daniela Marzi, profesora de derecho del trabajo, Universidad de Valparaíso

Lucia Miranda, investigadora, FLACSO Chile

Fernando Muñoz, profesor de historia del derecho, Universidad Austral de Chile

Ernesto Riffo, profesor de teoría del derecho, Universidad Católica Silva Henríquez

Nicole Selamé, profesora filosofía del derecho, Universidad de Valparaíso

Christian Viera, profesor de teoría política, Universidad de Valparaíso

Javier Wilenmann, profesor de derecho penal, Universidad Adolfo Ibáñez

Yanira Zúñiga, profesora de derecho internacional de los derechos humanos, Universidad Austral de Chile