Críticas y la oposición desde el interior del Consejo de Defensa del Estado (CDE) son solo algunas de las reacciones que se han despertado luego de que se conociera la polémica apuesta de la Fiscalía en una arista del caso SQM: propone la suspensión condicional del procedimiento en la causa por cohecho contra la minera, a cambio del pago de una multa cercana a $2.550 millones (900 de ellos irían para el fisco). 

La arista –conocida como "royalty"– involucra al ex senador y emblemático UDI, Pablo Longueira, quien es investigado por haber recibido presuntos sobornos del ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, en 2010 para favorecer a la empresa en medio de la tramitación de la Ley de Royalty minero.

Y este viernes, el fiscal de Valparaíso y encargado de la investigación, Pablo Gómez, salió al paso para defender la apuesta: la calificó como "lejos la mejor salida a la que podríamos optar", y explicó que en este caso el Estado se verá beneficiado porque recibirá una multa superior a la que establece la ley, en contraste con el escenario incierto que se abriría al iniciar un juicio oral contra la minera no metálica.

"Para proceder tenemos la obligación de acreditar un cohecho (entre Pablo Longueira y Patricio Contesse), respecto del cual aún no tenemos pronunciamiento, no hay sentencia; también demostrar que la empresa carecía de un modelo de prevención, cuando sí lo tenían y cumplía con todos los requisitos que establece. Por tanto, la causa, desde ese punto de vista, entra con debilidades importantes", afirmó Gómez a La Tercera.

En la conversación, explicó que "aun si fuésemos capaces de sortear y acreditar el cohecho y acreditar la ausencia de un modelo de prevención, nos exponemos a un horizonte de penas que es el siguiente: la ley establece como una de las penas la disolución de la empresa, que es inaplicable en este caso, porque solo se aplica cuando el delito base es lavado de activos, aquí sería cohecho".

"También establece como pena la prohibición de celebrar actos y contratos, pero esto lo reserva para aquellas empresas que proveen bienes y servicios al Fisco, por lo que no opera para SQM. Nos queda la pena de pérdida de los beneficios fiscales y la pena de multa. Pedimos una pericia específica para saber cuáles son los beneficios fiscales que la empresa se ahorró al suscribir los contratos de invariabilidad. Y ésta los circunscribe a un monto cercano a los $ 1.500 millones", continuó.

Debido a lo anterior, Gómez señaló que "si vamos a un juicio, iríamos con a lo menos cinco atenuantes y, por tanto, el juez va a tener que aplicar una u otra pena. A través de la suspensión condicional, lo que estamos haciendo es obtener más que ambas: la devolución de todos los beneficios y una multa doblada: $2.600 millones".

Finalmente, Gómez sentenció: "Lo que estamos haciendo es actuar bajo ese marco. Y la ley nos ha dicho: fiscal, si usted tiene antecedentes para ir a un juicio, vaya. Si usted cree que carece de antecedentes y puede encontrar una mejor solución a través de la suspensión condicional, hágalo. Nosotros creemos que la empresa SQM no está pagando y zafando, ellos están pagando mucho más que yendo a un juicio".