Aunque los brasileños suelen decir que el año empieza pasado el carnaval, este 2018 las cosas podrían calentarse incluso antes de que lleguen las escuelas de samba.

El próximo año será de elecciones presidenciales en Brasil, con un panorama apuntando a un gigantesco favoritismo para el ex presidente Lula da Silva, quien tiene más de 40% de preferencia en todas las encuestas y una popularidad que vuelve a crecer pese a los juicios por corrupción en su contra.

Tal situación hace que el día de esa disputa no sea el de la votación (marcada para octubre) sino que el 24 de enero próximo -- 3 semanas antes de las calientes celebraciones callejeras en Río y Salvador. En esta fecha, el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región, con sede en la ciudad de Porto Alegre, hará el juicio en segunda instancia de una de las causas de Lula -- la misma por la que él fue condenado en julio del año pasado.

Esa etapa será decisiva porque de ser ratificada su condena el ex mandatario quedaría imposibilitado de competir en los comicios -- aunque quedaría la posibilidad de apelación a la última instancia, el Supremo Tribunal Federal, pero habría que ver si la máxima corte de Justicia brasileña daría una decisión antes de la fecha límite para inscripción de candidaturas.

Una vez conocida la fecha del juicio, miles de seguidores de Lula pasaron a organizarse para viajar a Porto Alegre, pensando en apoyarlo del lado de afuera de los tribunales, sin embargo esa idea pasó a ser un problema a partir de esta semana, cuando el alcalde de la ciudad, Nelson Marchezan Júnior, promulgó una nueva ley que establece multa para quienes “interrumpan por cualquier medio la libre circulación de personas o vehículos en las vías públicas”.

La llamada Ley Anti Vandalismo fue aprobada por el Concejo Municipal pocos días después de conocida la fecha del juicio a Lula, por lo que muchos especulan que esa fue la razón por el rápido trámite que tuvo, suponiendo una posible gran concentración de apoyadores del ex presidente en la ciudad para este día -- además, Marchezan Júnior es miembro del Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB), que pese a su nombre es uno de los más grandes de la derecha neoliberal y histórico rival político del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula.

La medida aprobada en Porto Alegre establece multas variando desde los 2 mil reales (400 mil pesos chilenos) hasta los 395 mil reales (73 millones de pesos chilenos) a quienes realicen manifestaciones de cualquier naturaleza en las calles de la ciudad. Sin mencionar las posibles movilizaciones en el día del juicio a Lula, Marchezan defendió la nueva ley diciendo que “hay que desestimular los retrocesos en la conducta de los ciudadanos”, recordando el aumento en la cantidad de ocupaciones de los espacios públicos en 2017.

Claro que la nueva ley estando vigente no se aplicará solamente a esa posible manifestación de 24 de enero sino que a cualquier intento de movilización popular -- y como hablamos de carnaval en las primeras líneas, hay que observar que incluso las fiestas populares que no tengan la autorización de la Municipalidad podrían ser sancionadas.

Concejales de oposición criticaron la medida y amenazaron con ir al Supremo Tribunal  Federal (STF) al acusarla de inconstitucional. “Esto es en realidad una medida para perseguir a los movimientos sociales y atacar la libertad de expresión. No mejora en nada la seguridad en la ciudad”, reclamó la concejala Fernanda Melchionna, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL, la izquierda más crítica al lulismo en Brasil).